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¡No más normas, por favor!

Por cuenta del exceso de regulación, Colombia ya no es una nación sino una inmensa e indescifrable confusión.

José Manuel Acevedo M., José Manuel Acevedo M.
11 de noviembre de 2017

Cuando Gilberto Alzate Avendaño pronunció su memorable frase de que “en Colombia muchos abogados vivían con el alma prendida de un inciso”, nunca se imaginó que años después llegarían a ser tantos los incisos de las leyes, los decretos, los códigos y estatutos, las resoluciones, los CONPES y CONFIS y hasta un acuerdo de paz que, de no ser porque la corte lo impidió, le habría metido paginas y paginas a nuestra ya extensa constitución. 

De todo ello vivimos prendidos, en efecto, no solo los abogados sino todos los colombianos que padecemos y hasta nos acostumbramos a esta maraña legal y legalista en la que vivimos.

En un mundo en el que la simplificación se impone en otras áreas como la tecnología y el diseño gráfico, nuestros legisladores y autoridades administrativas están obsesionados con hacerlo todo más complejo, al punto de llegar al absurdo de mantener vigentes disposiciones que se contradicen entre sí. El verbo ‘derogar’ no existe en el vocabulario jurídico colombiano y mientras se ‘sobrelegisla’ en el Congreso, se ‘híper-regula’ en oficinas administrativas que se ocupan de las actividades sectoriales.

Tanta regulación le enreda la vida a empresarios, inversionistas y comerciantes pero, sobre todo, le complica el panorama a los ciudadanos comunes y corrientes que por cuenta de una desbordada tramitología, frecuentemente se ven obligados a conseguir intermediarios o “expertos en la materia” que terminan de hacer más costosos y transaccionales pero, sobre todo, menos transparentes los procesos y papeleos a los que estamos inexorablemente sometidos.

La volatilidad jurídica ha alcanzado su máxima expresión y con 30 mil leyes vigentes -puedo quedarme corto- somos uno de los países con el derecho formal más rechoncho del mundo.

Según datos recientes del Departamento Nacional de Planeación, producimos al día 2,8 decretos, 11,2 resoluciones y 15,4 normativas en promedio. Así las cosas Colombia ya no es una nación sino una inmensa e indescifrable confusión. 

Todos los sectores de la economía están afectados por este fenómeno pero hay unos como el del gas y la energía que sobreviven milagrosamente a pesar del exceso normativo. En un diálogo que moderé hace unos días con varios de los actores claves dedicados a este negocio, empresarios como Antonio Celia recordaron que solo en el último año la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sacó 262 resoluciones y en los últimos 10 años esa cifra superó las 2,000.

A todo ello agreguémosle las constantes inclusiones de nuevos artículos en las reformas tributarias -que para no romper la tradición tienen lugar cada dos años- y la torpe pero recurrente mentalidad de nuestros políticos de que para cada problema hay que inventarse una nueva norma.

Por eso, en su último congreso, los comerciantes del país agremiados en Fenalco, propusieron a través de su máximo representante Guillermo Botero copiar el modelo de países como Estados Unidos, Canadá o México que desde 2017 establecieron que por cada nueva regulación que se implementa en sus países, el gobierno está obligado a eliminar dos. Una medida similar está funcionando en Inglaterra desde el 2010 y el mundo, en general, transita el sendero de la simplificación normativa. 

Si bien es cierto que, en su momento, el ministerio de la presidencia a cargo de Néstor Humberto Martinez y luego de María Lorena Gutiérrez intentaron conjuntamente con Simón Gaviria desde el DNP unificar una gran cantidad de decretos e hicieron esfuerzos por ocuparse de la sobre-regulación, todo intento de mejorar se ha quedado corto. 

Se trata de un trabajo dispendioso pero urgente y las universidades que pudieran echar una mano desde sus facultades de derecho identificando inteligentemente las normas que sobran, todavía nos deben un servicio social que mucho les agradeceríamos en esa dirección.  

Bien harían los candidatos presidenciales en poner entre sus prioridades este asunto transversal para la vida y el funcionamiento de esta difícil nación. Por lo pronto les pedimos, les suplicamos a todos que no se inventen más leyes, que apliquen las que ya existen y que apunten en sus diccionarios personales una palabra a la hora de gobernar y legislar: simplificación. De verdad: ¡no más normas, por favor!

Twitter @JoseMAcevedo

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