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Opinión

  • | 2014/10/06 00:00

    No más secretos en el sector defensa

    El sector defensa se acostumbró a considerar que todo en su poder es reservado. Estas entidades deben darse cuenta de que el universo no va a estallar si destapan algunos de esos secretos.

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Hace unas semanas estuve en un departamento de la frontera que tiene fuerte presencia de las FARC y del ELN. Durante esos días, hicimos una visita al coronel de la Policía que está a cargo de esa región. En un momento de la reunión, le preguntamos al uniformado por las cifras de homicidios del departamento. El funcionario le pidió a un subordinado que trajera los datos en una hoja y muy amablemente nos leyó algunos de los números.

Después, cuando terminó de decirnos las cifras, la periodista que nos acompañaba le preguntó si podía entregarnos esa hoja que tenía más datos de los que él nos dio. El coronel rió como si le hubiéramos preguntado algo incómodo y nos dijo que no podía entregarnos ese pedazo de papel, “ja, ja, no, no, no. Eso sí no”. Continuamos hablando de otros asuntos. Mientras tanto, yo recordaba varias partes de la Ley de acceso a la información y una que otra sentencia de la Corte Constitucional que dice que los datos que estábamos pidiendo debían ser entregados sin problema. No quise casar la pelea. Muchas veces, estos funcionarios mantienen en secreto información que es pública porque tienen una orden de un superior o temen recibir algún tipo de sanción.

Unas pocas horas después de esa reunión, estábamos almorzando y vimos en las noticias que el Gobierno y las FARC habían anunciado hacer públicos los acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba. La situación me pareció un poco contradictoria. Mientras esos documentos con un contenido que supuestamente es delicado son dados a conocer al público, un funcionario de la Policía nos niega una hoja con cifras que deberían estar en la página web de dicha entidad o del Ministerio de Defensa.

Pocos días después, la revista SEMANA publicó un artículo donde se hablaba una vez más de que información reservada de las Fuerzas Militares había sido filtrada. Pero no sólo eso, ya se sabe desde hace un buen tiempo que existe un mercado negro de información reservada que puede llegar a afectar en algunos casos la seguridad nacional.

¿Por qué pasa este tipo de cosas? En mi opinión, la razón es la siguiente: El sector defensa se ha empeñado durante años en mantener en secreto cualquier hoja bajo su poder. Todo lo que se imprime o que es guardado en los computadores termina atascado dentro de un gran closet desordenado. El exceso de secretos hace que estos mismos sean más difíciles de cuidar y que su precio se abarate. Mientras tanto, la vida nos prueba que hay documentos relacionados con la famosa “seguridad nacional”, como los acuerdos de paz, que causan más beneficios si son conocidos por el público. Mientras tanto, recuerdo que hace unos meses  supe que los altos mandos de las Fuerzas Armadas estaban negando el acceso a información detallada sobre las cifras de los operativos realizados por sus efectivos. En otros tiempos esta información era entregada, pero ahora decidieron no hacerlo. Hoy en día, cuando no se conocen esos datos, podemos saber que estamos ganando la guerra gracias a los comerciales, pero no a documentos públicos.

Al mismo tiempo que pasan estas cosas yo me pregunto: ¿Será que en las entidades del sector defensa conocen la Ley 1712 de 2014, de acceso a la información pública?, ¿será que la piensan cumplir?, ¿por qué niegan información tan simple como cifras de delitos en departamentos con presencia del conflicto?

Lo que pasa es que ahora han encontrado un escudo muy rimbombante: se llama la Ley 1621 de 2012, de inteligencia y contrainteligencia. Esta ley, que parece una plana de la palabra reservado, está siendo usada como excusa para negar información porque “puede estar relacionada con actividades de inteligencia y contrainteligencia” y nada más. Mientras tanto, sigo pensando que muchos de los escándalos de corrupción que salen con cierta periodicidad en los medios de comunicación no habrían ocurrido si no fuera tan fácil mantener las cosas en secreto.

Por otro lado, la Ley de acceso a la información obliga a dichas entidades a que, entre otras cosas, aporten pruebas y razones que demuestren que los documentos que están negando de verdad son peligrosos para la seguridad de la Nación. Cuando esta última norma estaba siendo tramitada en el Congreso, los lobbystas del Ministerio de Defensa metieron un gol que hacía que todos sus documentos estuvieran excluidos de los diferentes principios y garantías del derecho de acceso a la información pública. Afortunadamente, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C 274 de 2013, se dio cuenta de la trampa, la declaró inconstitucional y dijo que medidas como esa “constituyen una negación del derecho, e impiden el control ciudadano sobre las actuaciones de los servidores públicos y de las agencias estatales”.

Más allá de los diferentes principios que demuestran qué documentos pueden ser secretos y cuáles no, la Ley 1712 de 2014 impone obligaciones de organización de la información, de elaboración de índices de los documentos que se tienen, entre otras cosas. El sector defensa debe ver estas obligaciones como una ventaja para su labor que puede servir para aportar a que dejen de ocurrir escándalos como los Andrómedas y los Tolemaidas. Por otro lado, estas entidades tienen que darse cuenta de que no todo lo que está bajo su poder debe ser secreto y de que el universo no estallará en el momento en que la gente lo conozca.
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