Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1999/11/29 00:00

NO MAS

NO MAS

En vista de que salen a la calle a protestar contra el secuestro millones de colombianos,
¿no sería hora de que también el Estado colombiano dejara de secuestrar?Según Asfades (la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos) en los últimos 22 años han desaparecido, tras ser detenidas por
las autoridades, nada menos que 4.000 personas (197 de ellas en lo que va corridode este año). Las
denuncias de Asfades, siempre calificadas de falsas en el primer momento por las autoridades, acaban
_también siempre_ siendo reconocidas como ciertas. Así ha sido desde el primer caso oficialmente
registrado en el país, el de Omaira Montoya en 1977. Pues sólo entonces se empezó a practicar aquí ese
monstruoso crimen, que ya las dictaduras militares del Cono Sur habían llevado a un alto grado de
refinamiento y cuyos orígenes se remontan a los primeros años 60 en Guatemala. (¿Bajo los auspicios de
los asesores militares norteamericanos?, preguntará el lector. Sí, lo adivinó el lector: bajo los auspicios de
los consejeros militares norteamericanos).
Monstruoso crimen, pero que no está tipificado como delito en la legislación colombiana. Nuestros gobiernos
han suscrito, eso sí, tratados internacionales que lo condenan como "delito contra la Humanidad", y lo
definen claramente: "El arresto, detención o secuestro de una persona en contra de su voluntad por
agentes del gobierno de cualquier servicio o nivel, o por obra de grupos organizados o de particulares
que actúen en nombre del gobierno con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento,
quienes se niegan a revelar la suerte de esas personas y el lugar en donde se encuentran o a reconocer que
están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley". Pero, suscritos los tratados (la
imagen), esos mismos gobiernos no han tenido el menor interés en plasmar sus obligaciones en la legislación
interna. Cinco veces se han presentado en el Congreso iniciativas en ese sentido desde 1988. Pero no ha
pasado ninguna, en estos 12 años en que tantos millares de leyes (y hasta una Constitución entera) han
tenido tiempo de ser aprobadas. Sólo en una ocasión, en 1994, llegó a ser votada una por los parlamentarios.
Pero la vetó el gobierno de César Gaviria. Y hace unos días, cuando fue presentada una más (la sexta), no
acudieron al hemiciclo ni los funcionarios citados (el Defensor del Pueblo y el Vicefiscal), ni tampoco los
congresistas que en teoría se ocupan del tema. No fue nadie. No parecen estar muy interesados.
Menciono a Gaviria, que poco después habría de sufrir la agonía de un secuestro en la persona de su hermano.
También otros muchos políticos han pasado por ese trance, desde alcaldes de pueblos remotos hasta ex
presidentes de la República: Betancur, Turbay, Pastrana. El actual presidente, Andrés Pastrana, fue
secuestrado él mismo. Y recuerdo bien sus justificadas protestas ante los monstruosos crímenes de que
fueron víctimas. Tal vez su pasividad ante el crimen igualmente monstruoso del secuestro oficial, seguido de
asesinato _pues eso es una "detención con desaparición forzada"_ se deba a que ni ellos ni sus parientes
cercanos han sido detenidos y desaparecidos.
Porque ese tratamiento está reservado para otra clase de gente: para los subversivos o los sospechosos
de serlo, sean guerrilleros armados o empleados desarmados de la cafetería del incendiado Palacio de
Justicia. Y por eso existe la impresión, muy generalizada pero aberrante, y más aberrante aún por el hecho
de estar generalizada, de que se trata de casos distintos. Así como los secuestrados son 'buenos', y no
merecían ser secuestrados por la guerrilla o por la delincuencia común, en cambio los detenidos
desaparecidos son 'malos', y merecen su suerte. "Algo habrán hecho", como decían las 'gentes de bien' en
la Argentina de las dictaduras militares, puesto que los han detenido _y desaparecido_ los 'buenos'.
Y tal vez eso ayude a explicar por qué de los 4.000 casos denunciados en estos 22 años sólo en tres
ocasiones la justicia haya condenado a los responsables. No por detención-desaparición, puesto que el
delito no existe como tal, sino por simple secuestro.
El hecho de que el delito vaya a ser tipificado por fin (la iniciativa debe debatirse nuevamente en estos días
en la Cámara) no significa que vaya a dejar de cometerse, claro está. Y ni siquiera que cuando se cometa vaya
a ser castigado: estamos en Colombia, donde prácticamente ningún delito se castiga. Pero es un paso
positivo. Haría falta otro más: que la gente saliera a la calle a protestar contra la desaparición forzada con la
misma energía con que protesta contra el secuestro.

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