Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/09/16 00:00

No hay muerte buena

El gobierno de Juan Manuel Santos tiene el capital político para modernizar el país e incluir en este propósito a los alzados armados.

No hay muerte buena

Con el permiso del Ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, hoy el país debate los hechos de violencia que arrecian de sur a norte de Colombia. En pequeñas, medianas y grandes ciudades la muerte campea, bien sea porque ladrones apuñalan a taxistas en Bogotá, o en las comunas de Medellín hay batallas cuadra a cuadra, o en Bocas de Satinga los niños deben ir a sus escuelas escoltados por la Policía, y reaparecen las –de viejo cuño- purgas entre narcotraficantes, que dejan a jóvenes descuartizados con moto sierra. Mientras tanto en Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Nariño la guerrilla arremete contra Policía y Ejercito, con emboscadas, cilindros bombas y molotov, en no pocas ocasiones violando flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Asistimos –de nuevo- como desde hace 60 años a verdaderas orgías de sangre, que sólo dejan dolor en las familias de las víctimas. Las heridas se acrecientan, seguimos en el remolino de las violencias: las de narcos, las de la guerrilla, las del Estado que asume la defensa de este orden, las de las bandas pequeñas, medianas, grandes, extra grandes, etc. Todos con armas en la mano retan el poder, acumulan recursos, controlan territorios, rentas y poblaciones. Hoy –de nuevo- en buena parte del territorio nacional impera la zozobra: no hay Estado o, si lo hay, es uno más entre múltiples actores.

El gobierno de Juan Manuel Santos puede liderar la culminación del conflicto con las guerrillas y enfrentar la multicriminalidad mafiosa y narcotraficante, si asume a fondo la promesa de revertir el despojo de tierras, logra un consenso nacional sobre el tipo de desarrollo que se puede lograr en el campo, y da garantías para desarrollar la competencia política. Este gobierno tiene el capital político para modernizar el país e incluir en este propósito a los alzados armados.

Esta tarea requeriría -por supuesto- sensatez de las FARC y el ELN para buscar y llegar a un acuerdo político. Esto implica en conditio sine qua non abandonar el secuestro y las violaciones al derecho internacional humanitario. Es por lo anterior que una amplia opinión ciudadana los repudia, pero igual podría volver a hacerse sensible a la idea de los acuerdos y las concertaciones, como lo fue en los años 90, cuando apoyó la paz con el M-19 y con otros seis grupos, y lo ratificó con el inmenso apoyo que obtuvo el presidente Pastrana en su malogrado proceso del Caguán.

Colombia está madura para la paz –de nuevo-, por lo que no podemos seguir sumidos en este remolino de violencias. Y esto comienza por desechar la idea de que es correcto o está bien visto desear la muerte de nuestro enemigo, como si hubiera muertes deseables y por tanto dignas del aplauso general.

No hay muerte buena, si ha sido por causa violenta. Si hacemos conciencia de tan sencilla lógica, quizá estemos dando –de nuevo- un paso gigante hacia la anhelada paz.

*Coordinador del programa de Política Pública de Paz.

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