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Opinión

  • | 2007/05/19 00:00

    No pasa nada

    Ya se reconoce de modo oficial lo que ha sido ‘vox populi’: que ha habido una estrecha colaboración política, económica y armada con el narcoparamilitarismo.

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Están presos catorce senadores y representantes, varios gobernadores y numerosos concejales y alcaldes (no caben aquí todos los nombres) acusados de concierto para delinquir en asociación con las mafias narcoparamilitares. Y a los que faltan -treinta o cuarenta, o "de pronto más", como dice el Vicepresidente- el presidente Álvaro Uribe les pide que voten a favor de sus proyectos legislativos "mientras todavía no están en la cárcel".

El ministro de Defensa Juan Manuel Santos descabeza de un plumazo a 12 generales (no me caben sus nombres), sin decir ni cuáles ni cuántos de ellos son culpables aunque negando a la vez que lo sean todos, por la filtración a la prensa de grabaciones ilegales hechas por la Policía sobre conversaciones telefónicas de narcotraficantes, de periodistas, de dirigentes de la oposición y de altos funcionarios del gobierno (no caben los nombres). No los descabeza por la grabación ilegal: al fin y al cabo el propio Presidente acaba de jactarse de tener sobre sus opositores otras semejantes, "pruebas de inteligencia militar y policiva"; sino por la filtración: pues tales infidencias permiten, como lo dice el Presidente, que "la oposición exhiba unos documentos oficiales a los cuales no tiene alcance".

A la vez, el mismo Santos es acusado ante la Fiscalía por el confeso jefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso de haber concertado con él y con su difunto jefe Carlos Castaño (y con las Farc y el ELN a través de los contactos del ex ministro Álvaro Leyva y del esmeraldero Víctor Carranza) una conspiración contra el gobierno del presidente Samper. Acusación idéntica, por cierto, a la que le hizo Santos al ex ministro de Defensa Rafael Pardo sobre su conspiración con las Farc contra Uribe. Y Mancuso también acusa al otro Santos del gobierno, el vicepresidente Francisco, de haberles sugerido hace unos años a él y a Castaño que "replicaran" en Bogotá el modelo de autodefensa de Córdoba; y añade que, cuando le propusieron que comandara ese 'Bloque Capital', Santos "se negó diciendo que él no sabía de esas vainas". ¿Será Santos entonces, para usar la definición del presidente Uribe "un paramilitar mediocre"?

Acusa también Mancuso a numerosas empresas ganaderas, agrícolas, pesqueras e industriales, tanto nacionales como extranjeras (y da los nombres, tan numerosos que no caben en esta columna), de haber colaborado con el narcotráfico en la financiación del paramilitarismo: y todas ellas salen de inmediato a negar las acusaciones.

No a refutarlas: a negarlas. Y unos acusados acusan a su vez a otros, a la vez que señalan que nos es posible creer en acusaciones que provienen de delincuentes. Pero, y a la espera de que la justicia saque algo en limpio, ¿cuáles son los delincuentes? Así, por ejemplo, el ex director del DAS Jorge Noguera y el actual director del mismo organismo Andrés Peñate se acusan mutuamente, y a los dos los defiende el mismo presidente Álvaro Uribe que los nombró a los dos. ¿A quién creerle?

Porque ya no son los hechos los que están en disputa. Ya se reconoce de modo oficial lo que desde hace muchos años ha sido vox populi: que tanto desde la política tradicional como desde los sectores económicos legales y desde las fuerzas institucionales del Estado ha habido una estrecha colaboración política, económica y armada con el narcoparamilitarismo. Lo que se discute, y en vista de las dimensiones del fenómeno su tratamiento no debe dejarse únicamente sobre los hombros de la justicia, que no puede dar abasto, son las responsabilidades específicas: jurídicas claro: pero en primer lugar políticas. Es a causa de esas dimensiones que cobra especial importancia la intervención del Presidente de la República. No sus intervenciones cotidianas y numerosas sobre infinidad de puntos de detalle burocrático o politiquero; sus doce o quince discursos semanales en actos académicos, consejos comunitarios, ceremonias militares y presentaciones diplomáticas. Sino su intervención política para fijar una posición de Estado. La expuso solemnemente en un discurso para el cual se adueñó de los canales de la televisión en hora pico, interrumpiendo noticieros y partidos de fútbol, telenovelas y debates del Congreso.

Y no dijo nada.

O bueno, sí: dijo que si los municipios de la Patria patatín, y que si los maestros de la Patria patatán, y que si el equipo Cúcuta Deportivo merecía las felicitaciones de la Patria. Lo cual, en las actuales circunstancias, equivale a no decir nada. O sea, a decir que, por grave que sea lo que está pasando, aquí no pasa nada.
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