¡No nos pisamos las mangueras!

Se nos volvió paisaje aquello de que los jueces fallen en causa propia y los parlamentarios legislen a su favor. La misma semana en la que el Congreso de la República hundía el impuesto del 5 por ciento que se proponía en la reforma tributaria para las pensiones de más de 10 millones de pesos, la Corte Constitucional enmochilaba una decisión que le ponía techo a las jubilaciones más altas de Colombia. Así, congresistas, magistrados y sus excolegas y ‘compadrotes’ aplauden hoy con regocijo al ver que las cosas siguen (¡para ellos!) tan bien como van...

Mudos los colombianos y ausente el gobierno nacional a propósito de la desvergüenza institucional que no tiene límites, lo que está claro es que el resto de los mortales tendremos que seguir cotizando miles de semanas para aspirar a una pensión que no llega ni a los cinco salarios mínimos, si bien nos va.

Pero hay más: como el impuesto a las pensiones altas que hundió el Congreso la semana pasada buscaba beneficiar a los ciudadanos en estado de indigencia, recordaremos a nuestros honorables parlamentarios cada vez que en un semáforo un mendigo nos pida limosna. Nuestros ‘padres de la Patria’ pasarán por encima de los pordioseros en sus camionetas blindadas con sus tirantes y barrigas consolidadas, su actitud socarrona de siempre y la ‘satisfacción del deber cumplido’.

¿Exagero? ¡No lo creo! En este país solo unas 900 personas reciben pensiones entre 25 y 50 salarios mínimos, lo que les genera entre 15 y 30 millones de pesos mensuales. Sus mesadas las pagamos sagradamente quienes contribuimos al injusto y desbalanceado sistema pensional colombiano.

Ellos, excongresistas en un 84 por ciento, exmagistrados, exfiscales y exprocuradores, en el porcentaje restante, accedieron a semejantes jubilaciones cobijados por un impúdico artículo de la Ley 4ª de 1992, mientras otros conseguían sospechosas reliquidaciones de sus mesadas en fallos – también impúdicos – que firmaban en la Corte Constitucional o el Consejo de Estado sus amigotes.

Tafur, Valencia o Gaviria, algunos apellidos que no debiéramos olvidar. Este pulso lo ganaron los privilegiados a expensas del erario, una vez más.

Aunque la Corte Constitucional no ha pronunciado palabra final, ¿no es bastante extraño que cuando ya se disponían a votar la ponencia que apoyaba la tesis del techo de 25 salarios mínimos para las pensiones, los magistrados aplazaran su decisión hasta enero y convocaran a una audiencia pública dizque para que todos puedan opinar?

No es la primera vez que el órgano guardián de la Constitución le saca el cuerpo a esta discusión. Hace unos años consideraron insuficientes los argumentos del demandante Dionisio Araújo y se declararon inhibidos. Ahora, cuando las demandas de este abogado y de otro constitucionalista, Germán Calderón, se acumularon con evidencia de sobra, los magistrados dilatan la votación sin justificación de fondo, quién sabe si para sucumbir a las presiones que deben ser muchas y muy fuertes por estos días.

Tengo información de que por lo menos cuatro de los cinco magistrados habilitados para votar en la Corte lo harían para ponerle tope a las jubilaciones del Estado. ¿Por qué se echaron para atrás, no votaron y decidieron aplazar?

¡Será que entre bomberos no se pisan las mangueras! Pasó con la reforma a la Justicia y está ocurriendo también con este tema de las altas pensiones. Los tres poderes públicos se arropan entre sí para conservar sus privilegios. ¿Quién los podrá parar?

Twitter @josemacevedom