¿No hay plata?

Toda la plata de las tres reformas tributarias que ha hecho el presidente Uribe, y vamos ya para la cuarta, se ha ido en financiar su política de Seguridad Democrática. Pero no da abasto. No alcanza ni siquiera sumándole otras fuentes de recaudo, como los ahorros (¿de verdad?) en sueldos oficiales gracias a la liquidación de docenas de entidades públicas, que han eliminado a 30 mil funcionarios. O como los ingresos por privatizaciones de empresas del Estado: bancos, electrificadoras, refinerías, clínicas del Seguro, Telecom, Adpostal, ahora incluso la estratégica Ecopetrol, en una maniobra que el Presidente llama "capitalizar" la empresa y que no es otra cosa que su venta por piezas: para empezar, un 20 por ciento. O como las contribuciones de los Estados Unidos al Plan Colombia, que suman ya 3.700 millones de dólares, y se completan con 6.900 millones más que ponemos los colombianos para un total de 10.650 millones.

Esa costosa política de seguridad, además de ser costosa, genera pérdidas. Nos dicen, por ejemplo, que por el Plan Colombia han sido incautadas 716 toneladas de cocaína. ¿Y destruidas? Vaya uno a saber: a lo mejor se refundieron, como el medio millón de películas piratas decomisadas que se perdieron en el búnker de los magos de la Fiscalía. Toneladas, nos dicen, por valor de 17.294 millones de dólares, que hay que sumar a lo que costó incautarlas, pues si es verdad que fueron destruidas se trata de un dinero que, aunque ilegal, no ingresó al país; como hay que sumar también al costo de recuperar los cientos de miles de hectáreas devastadas por la tala y la fumigación, cuenta que nunca hace el gobierno.

Esa política de seguridad genera pérdidas también por la vía de la indemnización reclamada, y ocasionalmente obtenida, por las víctimas inocentes de los falsos resultados llamados "positivos" que fabrican las autoridades para cobrar (además) recompensas. Así, la Nación (todos nosotros) acaba de ser condenada a pagar unos 600 millones de pesos a los inocentes injustamente encarcelados por el asesinato de Galán. No es nada, claro está, 600 millones. Pero llegarán también las indemnizaciones por los "positivos" disfrazados de guerrilleros muertos en combate. Y asimismo, aunque tampoco será mucho, como ya lo han advertido el Comisionado de Paz y el presidente de la Comisión de la Verdad, las indemnizaciones a los desplazados y despojados y la muchísimo más costosa reinserción con ingresos para una "vida digna" de sus despojadores y desplazadores.

O sea: un montón de plata.

Con lo cual no queda nada para financiar lo único que sí garantizaría seguridad en el país, y además fortalecería la democracia, en vez de simplemente usurpar el adjetivo "democrática" como lo hace la política del gobierno de Uribe. El empleo, y en particular el empleo en el campo, que es donde nace y se cría la violencia colombiana, y donde la única fuente de empleo que hoy existe, al margen de los cultivos de drogas ilegales y perseguidas, es la violencia armada. La violencia narcoguerrillera, la violencia narcoparamilitar y la violencia de la Fuerza Pública, cuyos efectivos han crecido en un 50 por ciento en los últimos cinco años. Sobre este tema de la financiación del campo, el Ministro de Agricultura acaba de anunciar que los 500.000 millones de pesos anuales prometidos por el gobierno en su programa de AgroIngreso Seguro para los agricultores arruinados por el Tratado de Libre Comercio no existen. Se reducirán, si acaso, a sólo 190.000 millones. Porque no hay plata.

Así que seguirá creciendo el éxodo campesino hacia las ciudades, en las que tampoco hay empleo. Salvo, también, el que da la violencia o la ilegalidad. Las autoridades prohíben y persiguen el rebusque: la venta ambulante, por ejemplo, que da de comer a medio millón de personas, o ahora también el mototaxismo, del cual viven otras 200 mil. Porque no hay plata.

Y sin embargo podría haberla. Se podría, por ejemplo, perseguir la evasión de impuestos, que según el economista Álvaro Montenegro "ronda el 30 por ciento del recaudo". Se podría empezar por atajar la descomunal operación de evasión que está a punto de perpetrarse por cuenta de la venta de Bavaria por el Grupo Santo Domingo a la multinacional cervecera SABMiller y que hace unas semanas denunció ante la Dian el abogado Francisco Vergara. Una evasión lograda mediante un complejo juego de prestidigitación financiera hecho de permutas, transferencias, pretendidas fusiones y falsas escisiones, que de por sí sola equivale a tres o cuatro reformas tributarias, según calculan los expertos.

Pero mucho me temo que el gobierno prefiere inventar nuevos impuestos para los asalariados que intentar cobrar lo que debe el poderoso Grupo.