No a las reservas campesinas

Una cosa es estar a favor del proceso de paz, de que la guerrilla haga política y nos traguemos el sapo de la práctica impunidad en un proceso benévolo de justicia transicional. Una cosa es tener una postura progresista, en favor de la equidad. Desde esta columna he defendido la lógica de lo que puede considerarse el primer gobierno de izquierda en Bogotá y quizá en Colombia, aunque muchas veces haya que morderse la lengua. Sobre todo, cuando al alcalde se le ocurre que todo son subsidios y arremete contra los empresarios como si fueran sus enemigos.

Pero otra cosa, y que no debe ser aceptada, es la propuesta de las Farc para que el país se parcele en zonas de reserva campesina como territorios intransferibles, inalienables e inembargables, con autonomía política, administrativa, con mecanismos de justicia comunitaria, en una imitación de los resguardos indígenas o los territorios de los afrodescendientes.

La propuesta de las Farc es tan insensata como anacrónica. Las zonas de reserva campesina fueron en efecto dispuestas por la Ley 160 de 1994, pero no con el fin de proteger a las comunidades campesinas, como algunos arguyen, sino como producto de un gobierno ilegitimado y debilitado como el de Samper. Un gobierno arrinconado que cedía en lo que fuera y que lo hizo a partir de marchas de dudosa legitimidad como las cocaleras en el año 96.

Los sistemas de propiedad colectiva de la tierra o similares son tan ineficientes que uno de los emblemas de la Revolución Mexicana, como fue el ejido y el artículo 27 de la Constitución, terminó por ser reformado en 1991. Aunque algunos ejidos al comienzo compitieron con eficacia, después de cierto tiempo fueron de mera subsistencia o infrasubsistencia, entre otras porque para su sustento requieren de monopolios de comercialización por parte del Estado y subsidios que ya no son posibles. Hablar de territorios autónomos resulta peor aún y trae a la memoria la desastrosa experiencia de las Comunidades de Población en Resistencia, CPR, de Guatemala o la idea de los “municipios autónomos” que promoviera el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en México, pero inviables y que intelectuales de izquierda como el sociólogo Roger Bartra tanto criticaran.

El despropósito de las Farc es tal que hablan de crear 59 zonas de reserva campesina con un total de 9,5 millones de hectáreas, el doble del área cultivada en Colombia. Es como pretender adoptar una reforma agraria estructural por la puerta de atrás, como si la guerrilla hubiera sometido al Estado para impulsar un comunismo primitivo.

El establecimiento de límites eficaces al latifundio o el reordenamiento de la propiedad agraria resultan loables, pero no para restaurar sistemas arcaicos que ya están en extinción, sino para potenciar las capacidades productivas de la población y aprovechar los recursos naturales. Pero me temo que las Farc andan dando palos de ciego con sus propuestas.

Esa presunción de conocedores de los temas agrarios parece no ser tan cierta. Tampoco les bastó con que el gobierno les echara la mano con la realización en diciembre pasado del foro sobre política de desarrollo agrario integral en la Universidad Nacional y les proveyeran los insumos. Han esgrimido diez propuestas que la verdad son cuatro o cinco si las Farc tuvieran capacidad de síntesis o no fueran tan proclives a la redundancia.

El gobierno y el país deben hacer todo el esfuerzo posible para gestar un campo productivo y justo con el campesinado, incluyendo una redistribución de la propiedad rural, y ponerle límites al latifundio, en especial el improductivo o inculto. Pero lo que no podemos aceptar los colombianos es que frente a un tema tan trascendental como el agrario la guerrilla lance propuestas como pescando con atarraya a ver qué cae. Y menos podemos aceptar que nos parcelen el país en zonas de reserva campesina. Ni siquiera han expuesto un solo argumento que realmente lo justifique.

Twitter @johnmario