No todo se arregla con garrote

No se puede negar que Gilma Jiménez es una Senadora inquieta. Mientras que a algunos de sus colegas se les critica lo poco que trabajan, a ella hay que reconocerle su empeño por sacar adelante las ideas que se le ocurren para defender a los niños colombianos, o al menos a los “niños buenos”. Tampoco puede desconocerse que los propósitos que persigue con sus proyectos de ley son generalmente buenos. Sin embargo, falla la senadora en los medios que propone para alcanzar esos fines y en las razones que presenta para justificar la elección de dichos medios.

Un ejemplo de esto está en su nuevo proyecto de ley para un “Código de paternidad y maternidad responsables”, que según sus declaraciones en los medios de comunicación, sería radicado esta semana en el Congreso. Aunque todavía no se ha publicado el texto del proyecto, las presentaciones que ha hecho del mismo ya han provocado una cantidad considerable de críticas –especialmente trinos -, que se despachan en contra de su última idea.

Organizando un poco lo dicho hasta ahora por la senadora Jiménez, puede entenderse que el objetivo del Proyecto de Ley sería reducir la violencia contra los menores que muchas veces es causada por sus mismos padres irresponsables. Para ello propone básicamente tres medidas: 1. La creación de un política de salud sexual y reproductiva que incluya planificación temporal y permanente; 2. La eliminación de incentivos perversos como subsidios estatales por cada hijo adicional que se tenga; y 3. La imposición de una sanción penal –cárcel-, una social –publicación de fotos de los padres o madres irresponsables- y pérdida del empleo para el que “no reconozca o no responda” por sus hijos.

Habrá que conocer el texto del proyecto para saber cuál es su verdadero alcance, pero desde ya pueden hacerse algunos comentarios al mismo, estando segura de que no voy a ser la única que le dé palo.

En primer lugar, frente a la idea de crear una política de salud sexual y reproductiva de planificación temporal y permanente habría que decir que resulta inconstitucional porque limita la autonomía de las personas para decidir si quieren traer hijos al mundo o no, y que incluso podría configurar un crimen de lesa humanidad –como esterilización forzada-. Así mismo, que su idea de que “los más pobres (…) deben ser conscientes de que no pueden traer al mundo niños por los que no pueden responder” podría suponer una forma de penalización de la pobreza.

Aquí uno se pregunta, ¿de dónde saca la senadora que se puede prevenir el maltrato infantil limitando los derechos de los padres? Seguramente lo explicará con la presentación del proyecto ante el Congreso, pero del análisis de las estadísticas que publicó en su página web como fundamento de su Código de paternidad y maternidad no puede concluirse que exista una relación lógica ni directa entre prohibirles a los más pobres tener hijos, y que disminuya la violencia contra los niños.

De la segunda propuesta, aunque es posible que ciertos subsidios estatales incentiven a las mujeres a tener más hijos para conseguir más subvención, no debe olvidarse que las mujeres que acuden a este tipo de estrategias son las más pobres, y que por más subsidios que reciban por esta vía no van a dejar de serlo. ¿No sería mejor entonces que la política de salud sexual y reproductiva fuera educativa y les explicara a estas mujeres por qué es mejor para ellas no tener más hijos?

Finalmente, es cierto que la irresponsabilidad parental es un problema extendido que debería preocupar a la sociedad. Prueba de ello es que en los últimos años el delito de inasistencia alimentaria se ha ubicado entre los primeros cuatro más denunciados –según la Fiscalía-. Es verdad entonces que conviene ahondar en la discusión acerca de cuáles podrían ser las alternativas de solución al problema de la irresponsabilidad parental.

Sin embargo, no es muy apropiado hacer de la inasistencia un delito grave (como lo es por ejemplo el homicidio), pues además de desproporcionado, ello olvida que muchas de las causas de este problema son culturales. Tampoco es acertado decir que la sanción sería para el que “no responda por sus hijos”, esa afirmación podría terminar reviviendo el delito de inasistencia moral que eliminamos hace más de 40 años de nuestro ordenamiento por la vaguedad del mismo. Por último habría que cuestionar la eficacia de quitarle el empleo al padre o madre irresponsable, porque si el objetivo es proteger los derechos de los niños, esta medida no parecería poder lograrlo.

Si los medios que propone la senadora Jiménez para proteger los derechos de los niños y niñas parecen tan evidentemente problemáticos, ¿en qué tipo de estudios pudo ella haberse fundamentado para proponerlos?

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia-