Non santo

Que un piquete de Policías les arrebate a los campesinos sus bultos de arroz para enterrarlos en un basurero es indignante y por eso casi 300.000 personas han visto en youtube el documental 9.70 realizado por Victoria Solano, que denuncia estos hechos. (Vea aquí el documental).

El operativo policial tuvo lugar en mayo del 2011 en Campoalegre, Huila, y, según Solano, es la consecuencia directa de una resolución del ICA (la 970) que les prohíbe a los campesinos una práctica tradicional: usar parte de su cosecha como semilla. Esta, dice el documental, es una imposición del TLC que obliga a respetar los derechos de autor de las multinacionales que fabrican las semillas. 

El video es demasiado conspirativo e incurre en varias imprecisiones y datos acomodados. Por ejemplo, el ICA ha demostrado que el control de las semillas es anterior al TLC, que las semillas de arroz son casi todas nacionales y que la siembra de variedades criollas no está prohibida. Y que aquel arroz fue destruido porque estaba empacado en bolsas de agroquímicos que lo hacían inservible para el consumo humano.  

Pero Solano tiene razón en muchas de sus denuncias. Es cierto que el TLC va a quebrar a los campesinos y también que el Estado colombiano los ha dejado a merced de las multinacionales como Monsanto. 

El mercado de semillas “mejoradas” obliga al agricultor a comprar plaguicidas y fertilizantes a precios exorbitantes, mientras el ICA dice que no puede intervenir estos precios porque eso iría contra el libre mercado. El mismo cuento que nos echaron con los medicamentos.

Hace un par de años los algodoneros de Córdoba perdieron 70.000 millones de pesos en una cosecha que se malogró por las semillas de Monsanto.  Por supuesto que el ICA, tan severo con los campesinos de Huila, no fue capaz de mandarle la Policía a la multinacional, ni destruir sus cuestionadas semillas. Por el contrario, estas se siguieron vendiendo como si nada. La culpa fue del invierno, dijo Monsanto, y el Gobierno le creyó. 

A propósito de semillas “mejoradas”, la del maíz, que pertenece en el 75 % a multinacionales, tampoco pelechó en Montes de María el año pasado. Y adivinen quién tuvo la culpa esta vez: ¡el verano! Si no es por el maíz criollo, que da una mazorca pequeña poco comercial, la gente estaría pasando física hambre.  

Nuestra Amazonía ha sido envenenada por el glifosato de Monsanto desde hace más de una década, por cuenta del Plan Colombia. Y si no se han podido frenar las fumigaciones de los cultivos ilícitos, a pesar de ser costosas, dañinas e ineficientes, es en buena medida por la enorme influencia que tiene Monsanto en el gobierno gringo. 

Prueba de ello son los cables de Wikileaks divulgados en 2010 por Julian Assange, en los que consta que funcionarios del Departamento de Estado han hecho cabildeo en 113 países a favor de las grandes empresas de biotecnología. En otras palabras, a favor de Monsanto, que tiene el 80 % de la biotecnología del planeta. En Colombia este cabildeo ha funcionado bastante bien. 

El año pasado Le Nouvel Observateur publicó en su portada un informe científico que prueba que el maíz NK630 de Monsanto les produjo tumores y daños renales y hepáticos a ratas de laboratorio. En Francia se abrió una gran controversia política y jurídica que todavía no termina.  Este maíz está prohibido en 23 países y apenas en 12 se vende para consumo humano. Colombia es uno de ellos, por supuesto. De nuevo, el ICA le da el beneficio de la duda a la multinacional y se apoya en conceptos científicos que critican la metodología de aquel informe. 

Estoy lejos de pensar que las semillas modificadas genéticamente sean el demonio. Pero creo que en el país no hay suficiente información sobre las implicaciones que estas tienen para la biodiversidad, el medio ambiente y la salud de las personas, y que el Gobierno no está regulando a las multinacionales. Y que estamos lejos de que esto sea motivo de debate público. 

Si el tema se ha puesto sobre la mesa en estos días es por el paro agrario. Que, por cierto, va para largo, con toda razón.