Notarios y TLC

En dos meses Colombia y Perú deberán tener claras sus pretensiones y resueltas innumerables incógnitas de grueso calibre, para entrar a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para ese entonces debemos tener identificadas las oportunidades y debilidades de nuestra oferta exportable, y haber fortalecido la capacidad negociadora del gobierno para encarar la defensa estratégica de los intereses del país. La idea es definir hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que el acuerdo resulte válido y beneficie al mayor número de colombianos. De hecho, con los consensos iniciales que logren pactar las dos economías, el terreno para negociar el TLC podría ser menos movedizo y el paso más firme.

Pero independientemente de lo bien que se negocie, urge sincerar la discusión sobre la capacidad competitiva de nuestro país, pues el ALCA o el TLC nos dejan ad portas de un choque entre nuestro aparato productivo y el de economías, cuyas transacciones, superaron hace mucho tiempo la era del papel.

En otras palabras, debemos decidir ahora si estamos dispuestos a realizar una serie de ajustes en el aparato productivo y cumplir con una cadena de exigencias que permitan a todos los sectores de la economía, afrontar las condiciones de un nuevo escenario altamente competitivo.

La tendencia deberá ser, fundamentalmente, hacia la modernización de sus instituciones, tanto públicas como privadas, especialmente aquellas que tienen un alto nivel de contacto con los ciudadanos. La meta, ni más ni menos, es la de garantizar negocios inmediatos y a menor costo, accesos remoto las oficinas públicas las 24 horas, trámites, productos, servicios e información en línea y en tiempo real. Un sueño que independientemente de sus bondades, está en mora de producirse en Colombia y que urge en un contexto de libre comercio, en el que los empresarios serán las fichas expuestas al jaque en el peligroso juego de abrir los mercados, desmontar los aranceles y las cuotas de importación.

Las preguntas que debemos resolver en este escenario involucran, obligatoriamente, a la función fedataria. La intervención de la figura del notario está ligada a los actos que conllevan la constitución o reforma de sociedades, los que afecten la propiedad de un inmueble, e inclusive los relacionados con el estado civil de los ciudadanos, desde su nacimiento hasta su muerte, para sólo mencionar algunos. La legitimidad de la institución notarial se ha dado en forma insustituible por la construcción de nación desde la perspectiva de la cultura del acuerdo, donde el consejo probo y la seguridad jurídica que el notario latino le imprime a los actos que autoriza, son plena garantía de la sociedad.

En ese contexto, ¿cómo podrá responder en un mundo globalizado, donde necesariamente se dará la colisión entre el sistema fedatario Anglosajón y el Latino-Germánico, al cual pertenece Colombia? ¿Cómo podrá responder a la velocidad de los mercados, la aceleración y multiplicación de las operaciones con agentes comerciales más poderoso? Aquí está el reto del notariado latino en el siglo XXI, de cuyos avances en la Unión Europea, los notarios del Reino de España, Francia e Italia lograron sortear con éxito.

El proyecto de la Superintendencia de Notariado y Registro apunta justamente en esa dirección. El esfuerzo pasa necesariamente por la incorporación de tecnologías de información para habilitar la integración de los procesos notariales y registrales, crear un único registro nacional de la propiedad y avanzar, hacia la firma digital y, por ende, al comercio electrónico. A partir del primero marzo hasta el 30 de junio, todos los notarios de Bogotá incorporarán la firma digital dentro de sus servicios, de tal manera que el tráfico jurídico que requiera registro mercantil se hará a través del comercio electrónico, sin necesidad de que los usuarios tengan que ir a la Cámara de Comercio. En un futuro próximo también lo podrán hacer con el registro inmobiliario.

La iniciativa supone el fin de largos y costosos procedimientos, para ser sustituidos por un trámite expedito, certero, oportuno y competitivo frente a las actividades de los empresarios. En palabras mayores, caminar hacia un Estado digital moderno, transparente, que cueste menos y garantice el acceso igualitario y universal a los servicios.

El proyecto cumplirá su cometido si logramos eliminar las trabas al flujo normal de los negocios, las barreras interiores y las fronteras que dividen los pueblos. Dicho de otra manera, lograr que un ciudadano radicado en Nueva York, Los Angeles, Tierra de Fuego o Barranquilla, pueda realizar sus operaciones, dentro de las exigencias del ámbito de integración, sin mayores dificultades. Ello hará posible promover una nueva cultura para profundizar la responsabilidad social de las empresas, atraer inversión, responder a una nueva demanda de calidad e inmediatez y ponernos los guantes para competir.

A finales de 2005 -cuando finiquiten las negociaciones con Estados Unidos y el TLC entre en vigencia-, empezaremos a enfrentar nuestro aparato productivo en un nuevo entorno internacional. Para entonces no habrá excusas y la tarea deberá estar hecha si queremos recibir las bondades del acceso sin aranceles al mercado más grande y dinámico del mundo. Para entonces los notarios familiarizados con el comercio electrónico y la firma digital podrán darle la seguridad jurídica a sus actos sin necesidad de que los actores tengan que desplazarse. La meta será, ni más ni menos, acercarse al mundo real de las transacciones, antes que la imposición de un sistema ajeno a la tradición latina, más fuerte y tecnificado, termine por derruir sus bases. El debate apenas inicia. Aunque el tiempo apremia, aún podemos ajustar las riendas.

* Superintendente de Notariado y Registro.