Como ropa de trabajo

Otro habría sido el acuerdo de paz que yo hubiera creído adecuado para mi país (pido excusas por hablar en primera persona). No habría admitido la existencia de una guerra de “más de 52 años”, tesis que ninguno de los gobiernos anteriores había aceptado y que es extraña al consenso entre la mayoría de los historiadores, ni les habría concedido a las Farc la enorme ventaja de abrir las negociaciones en Oslo, con lo cual se convirtieron, ante la faz del mundo, en luchadoras sociales contra un sistema oprobioso. Estos dos movimientos iniciales le hicieron perder al Gobierno el monopolio de la legitimidad. Por eso, como es evidente, acabamos negociando casi entre iguales.

Esa hipotética negociación habría estado confinada a una amnistía generosa, a unas reglas que les permitieran a los antiguos guerrilleros integrarse a la sociedad civil, y a unas condiciones amplias para que pudieran hacer política dotados de privilegios temporales. Por supuesto, no habría negociado, como se hizo, el modelo de desarrollo rural; tampoco nada habría acordado con la guerrilla en cuanto al estatuto de la oposición, un antiguo mandato constitucional que, para vergüenza del Congreso, jamás ha sido cumplido.

No sucedió así. Tenemos ya un acuerdo que, en su segunda versión, corrige muchas, aunque no todas, glosas que se formularon por los sectores de oposición. La justicia transicional es, en principio, adecuada; habrá que ver si somos capaces de hacerla funcionar. Las reglas para participación en política son razonables; si les hemos concedido a los farianos la condición de rebeldes con causa, hay que abrirles los espacios para que traten de convencer a los ciudadanos de que tienen razón.

No creo que el acuerdo rural sirva para rescatar de la pobreza a la gente del campo; permanecen, aunque en alguna medida atenuados, los elementos de un cogobierno comunitario que mucho preocupan. Pero no es ese texto la única fuente de inspiración de las políticas que adoptaremos en los años por venir. Y lo que es de singular importancia: todo indica que tenemos una guerrilla comprometida con el tránsito a la vida civil bajo unas reglas, cuyo cumplimiento supervisará la comunidad internacional, que han sido bien recibidas por todos los sectores, incluidos los líderes del No.

Suponiendo que el nuevo acuerdo es definitivo (y lamentando que no hubiera sido posible un acuerdo político nacional), no nos podemos quedar paralizados lamentando lo que pudo haber sido y no fue. Ahora los problemas son otros: la refrendación e implementación de los acuerdos. Que exista algún grado de seguridad sobre cómo ellos van a realizarse, determina que las Farc acepten iniciar el proceso de concentración, desarme y desmovilización.

Su exitosa ejecución, a su vez, hace posible que la sociedad capitalice los beneficios de un acuerdo tan oneroso como el que se ha suscrito; y que se pueda superar una situación de interinidad insostenible: los guerrilleros, sin apoyo financiero del Estado, se mantienen en las zonas de pre concentración con unas reservas de liquidez que no deben ser infinitas. No es complicado imaginar las consecuencias de su agotamiento....

Pero antes de discurrir sobre la refrendación, es ineludible tomar posición sobre la tesis según la cual el nuevo acuerdo, en realidad, no existe; que lo que se nos ha presentado como novedoso es la “misma perra con distinta guasca”. Si así fuere, la conclusión necesaria consistiría en que la decisión del pueblo ha sido burlada y que no se podría firmar y refrendar ese documento. En esta, como en tantas otras materias del debate político, no caben las categorías antinómicas de verdad y falsedad. La respuesta depende del “cristal con que se mire”. Y desde el mío – ya lo dije- lo nuevo es de mejor calidad.

Después de muchas vueltas Gobierno y Farc han acordado que la refrendación se hará en el Congreso, lo cual suscita algún grado de perplejidad pues, examinadas sus funciones, la única que tiene algún grado de semejanza con lo pactado con la guerrilla, consiste en decidir sobre los tratados que el “Gobierno celebre con otros Estados o entidades de derecho internacional”. Ni bajo tortura aceptaré que las guerrillas pertenecen a estas categorías.

Al escribir esta columna no lo sé con certeza, pero entiendo que el mecanismo refrendatario consistirá en que ambas cámaras realizarían debates políticos separados sobre el acuerdo que de manera formal el Gobierno les presentaría. A renglón seguido votarían y, si las mayorías lo hicieren a favor, el acuerdo quedaría refrendado. Esta es una solución limpia desde el punto de vista constitucional, aunque es preciso señalar que ese acto tendría consecuencias exclusivamente políticas. Apenas serviría para abrir la fase de implementación; es decir la de expedición, una a una, de los actos legislativos y leyes que sean necesarios para desarrollar los acuerdos de la Habana.

Según la Carta del 91, en el ejercicio de tales funciones el Congreso gozaría de grados amplios de libertad, posibilidad que aterra a las “altas partes contratantes”. Por eso buscan amarrar tanto a las cámaras como a la propia Corte Constitucional. Los instrumentos son el “Farc Track”, la incorporación del acuerdo al “bloque constitucional” (o, para no enredarnos en la terminología, en la Constitución misma); y la restricción de las facultades de la Corte Constitucional para que, tratándose de los proyectos normativos de jerarquía suprema que se expidan, se limite a ejercer un control apenas formal.

Al presentar con justificado alborozo el nuevo acuerdo, el presidente nos dijo que se había aceptado excluir la incorporación automática del texto caribeño en la Constitución. Lamentablemente, y quizás por la premura comunicativa, se le pasó por alto el siguiente texto:

“Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.

La implicación del texto es clara: el acuerdo de paz debe hacer parte del sistema jurídico, e indefectiblemente, por la coherencia interna que le es inmanente, su nivel de inserción es el constitucional. Esto es exactamente lo mismo que decir que el acuerdo es parte del “bloque constitucional”. La prosperidad de esta iniciativa causaría un daño enorme a las instituciones de la República. Si el acuerdo de La Habana entra automáticamente a la Constitución, ¿Por qué no, el día de mañana, el programa de un candidato populista que gane las elecciones presidenciales?