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Opinión

  • | 2017/03/30 10:54

    Juez y parte

    Ya nadie niega que el fiscal general se encuentra en la espinosa situación de investigar la corrupción de Odebrecht a pesar de haber estado presente él mismo en esos hechos.

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Si un estudiante de leyes en su primer día de clases pidiera un ejemplo de cómo es eso de ser juez y parte, el maestro seguramente le expondría, de entrada, el caso del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Le diría que a estas alturas ya nadie puede dejar de reconocer que el fiscal general se encuentra en la situación espinosa de investigar la corrupción en Colombia de la multinacional brasileña Odebrecht a pesar de haber estado presente él mismo en esos hechos.

El senador Jorge Robledo y los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán han destapado pruebas que lo ponen ante la necesidad de declararse impedido o, para mayor transparencia, dejar el cargo, con el objeto de resguardar la dignidad y la independencia que necesita la administración de justicia. Martínez ha sido uno de los abogados más exitosos y reconocidos de Colombia en la práctica privada del derecho y eso, paradójicamente, lo convierte en el de mayor cantidad de conflicto de intereses como funcionario de la administración pública.

Daniel Coronell demostró hace pocos días, en su columna de SEMANA, que Roberto Prieto –exgerente de la campaña que en el 2014 le dio el triunfo reelectoral a Juan Manuel Santos– visitó varias veces al hoy fiscal general siendo entonces ministro de la Presidencia o superministro. Martínez, indica Coronell, ahora está en la penosa posición de tener que investigar lo que ocurrió en esa reunión. Durante la campaña, dicho sea de paso, Prieto recibió de Odebrecht un millón de dólares.

María Jimena Duzán, también en su columna de SEMANA, reveló que Néstor Humberto Martínez buscó dinero para financiar la campaña de Santos en el 2014.

Y el senador Robledo acaba de presentar una carta indudable en la que Néstor Humberto Martínez (ex superministro y exrecaudador de fondos para la campaña de Santos) oficialmente se acreditó como abogado de la Ruta del Sol, una de las adjudicaciones seriamente afectadas por corrupción que él deberá investigar y esclarecer como fiscal general de la Nación.

Algunas de las actuaciones de Martínez en los hechos que hoy investiga con la investidura de autoridad estatal –como el de la carta susodicha– las hizo actuando en representación del antiguo y principal cliente de su afamada oficina privada: Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico y el banquero más grande de Colombia.

El empresario brasilero Marcelo Odebrecht fue apresado en Brasil en diciembre del 2015 y un mes más tarde detonaron los negociados que cometió en ese país y en Estados Unidos. Se supo que su compañía poseía toda una división, compuesta por profesionales altamente calificados, dedicada a pagar sobornos alrededor del mundo para obtener contratos de construcción. La justicia estadounidense reveló que había gastado US$800 millones en coimas, en 12 países, incluido Colombia, donde repartió al menos US$11 millones para obtener tres adjudicaciones, a todas las cuales está ligado Sarmiento Angulo, el gran cliente del fiscal que ahora debe poseer la independencia necesaria y la entera voluntad de investigar estas maturrangas.

Noticias Uno reveló recientemente que en la oficina 301 del centro empresarial Capital Park, próximo al parque bogotano de la 93, solían reunirse el viceministro de Obras Gabriel García Morales (confeso receptor de un soborno de US$6,5 millones) y Luiz Bueno Jr., presidente de Odebrecht en Colombia. Este último declaró a la Fiscalía que para pagar aquella coima tuvo autorización de José Elías Melo, presidente de Corficolombiana-Episol, su socia en la concesión Ruta del Sol, que les adjudicó el sobornado García. Tanto Corficolombiana como la oficina de las reuniones son propiedad de Sarmiento Angulo, cuyas relaciones comerciales y de amistad con el fiscal Martínez resultan incuestionables.

Ruta del Sol es un contrato para construir la autopista San Roque-Puerto Salgar. Cada kilómetro construido costó $5.000 millones. Odebrecht y Episol (esta última de Sarmiento Angulo) únicamente han construido el 50 % a pesar de que ya debían haberla terminado.

Ruta del Sol II es una adición u “otrosí” al contrato anterior, a pesar de que nada tiene que ver con él. Fue concedida, sin licitación, para hacer una carretera que irá de Ocaña a Gamarra. Los contratistas son Concesionaria Ruta del Sol SAS y Odebrecht (62 %), Episol (33 %) y Grupo Solarte (5 %). Cada kilómetro aquí cuesta más de tres veces que el anterior: $17.000 millones, aunque –de acuerdo con la Contraloría General de la República– los materiales que se utilizarán son de inferior calidad. El documento número 3817 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que aprobó este despropósito (con la firma del entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general) se produjo siete meses después de haber sido concedido el “otrosí”, cuando ha debido ser al revés.

Las obras de dragado del río Magdalena fueron concedidas a Odebrecht (84 %) y Valorcon (16 %), unidos en lo que se conoce como consorcio Navelena. En este caso Sarmiento Angulo no es socio, sino que su firma Corficolombiana ejerce el papel de banca de inversión. Tanto Navelena como Corficolombiana llegaron al negocio asesorados por la oficina de Néstor Humberto Martínez, a quien refirieron en el trámite para conseguir un crédito del estatal Banco Agrario por valor de $120.000 millones, con el objeto de financiar la proyección y la preconstrucción de la obra. El préstamo con fondos públicos hoy está en mora y el senador Robledo sostiene que ese dinero se perdió porque el préstamo carece de garantías reales.

El fiscal Martínez abrió una investigación en el caso de Navelena (que asesoró como abogado particular) y la cerró 11 días hábiles después con la noticia de que era imposible que allí existiera corrupción. No obstante, las evidencias exhibidas en público lo obligaron a reabrirla.

“El fiscal va hacia que el país le pida la renuncia”, vaticinó Robledo en su última rueda de prensa. Lo mejor para Colombia sería que renunciara antes. Además de todo lo anterior, Martínez ha viajado a hacer acuerdos con el fiscal general de Ecuador y con las autoridades de Brasil para el intercambio de pruebas de las corruptelas de Odebrecht en los tres países, y es, también, el vocero de la Fiscalía Colombiana para ese caso. Con todo y eso, alega que no tiene nada que ver con él como para declararse impedido o renunciar.

El conflicto de intereses de Martínez les está comenzando a restar credibilidad a todas sus actuaciones como gran acusador del Estado. Y, al final, son los colombianos quienes pagarán los platos rotos. Como ocurrió, por ejemplo, con el descalabro de Interbolsa: el superintendente de Sociedades que debió vigilar para impedir ese desastre financiero, Luis Guillermo Vélez, era íntimo amigo de los dos grandes cerebros del fraude (Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz), con quienes, a la vista de todos, andaba de parranda y de viaje. Los coletazos de este caso tampoco han terminado. Me referiré a ellos en próximas columnas.

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