Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2006/11/04 00:00

Oigan, miren, vean

Colombia no sabe mucho de lo que está pasando en buenaventura. Y no se entera, entre otras cosas, por el brutal amedrentamiento

Oigan, miren, vean

Las amenazas contra monseñor Héctor Espalza, obispo de Buenaventura, muestran el grado de poder que tiene la mafia en la zona. Al religioso lo querían sacar de allá porque se atrevió a hablar de la relación entre algunos miembros de la Policía y los narcotraficantes. Monseñor Espalza debió tocar algún nervio sensible de la estructura criminal que ha hecho sentir su poder en el puerto, en todo el departamento del
Valle del Cauca, en varias regiones vecinas y en el país entero.

Hace cuatro años fue asesinado en Cali otro prelado, el arzobispo Isaías Duarte Cancino. A monseñor Duarte lo mataron un sábado cuando salía de una iglesia en Aguablanca, días después de denunciar que la mafia seguía financiando campañas políticas y conservaba intacto su poder en la zona. El crimen no se ha aclarado y como ha sido costumbre en Colombia, no se va a aclarar.

Mucha gente sospechaba a quiénes se refería monseñor Duarte cuando hablaba de política y mafia. Sin embargo, casi nadie se atrevió a mencionarlos en voz alta. Uno de los nombres que sonaron con insistencia en esa época fue el del ex congresista Carlos Herney Abadía, jefe político del norte del Valle, condenado durante el proceso 8.000 y líder en la sombra del Movimiento Popular Unido (MPU).

Al señor Abadía su ‘muerte política’ terminó fortaleciéndolo. Además de haber sido el impulsor inicial de la carrera de la ahora presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, tiene a su hijo Juan Carlos Abadía listo para aspirar a la Alcaldía de Cali.
 
Para no inhabilitarse como aspirante a la Alcaldía, Juan Carlos Abadía, el heredero de esta recia estirpe, renunció hace unos días a la presidencia del concejo municipal. Una presidencia que había obtenido después de un proceso controvertido, en el que otros concejales mencionaron el reparto de millones en efectivo para asegurarle la mayoría. En su momento, y ante estos señalamientos, el joven Abadía respondió con una fórmula bien conocida en Colombia: “Si ofrecieron plata, a mí no me dijeron”.
 
Esa elección no ha sido el único motivo de celebración que los Abadía han tenido últimamente. Su hombre de confianza, Juan Carlos Martínez Sinisterra, fue reelegido senador dentro de las listas de Convergencia Democrática, el partido de Luis Alberto Gil.
El senador Martínez, escasamente conocido en el país pero identificado como uno de los más recalcitrantes uribistas del Congreso, logró 62.000 votos. El 67 por ciento de sus electores está en el Valle. Tuvo altas votaciones en Guacarí y Cartago, donde sólo fue superado por Dilian Francisca. Al mismo tiempo, Martínez se consolidó como el claro triunfador en Buenaventura. Ningún candidato tuvo más votos que él.

Al gran elector de Buenaventura no le gusta que le pregunten por sus relaciones con los Abadía. Ni por la financiación de sus campañas. Tampoco se conocen sus pronunciamientos sobre el nuevo auge del narcotráfico en el puerto. Le gusta, en cambio, abogar por sus cuotas burocráticas locales, departamentales y nacionales.
Colombia no sabe mucho de lo que está pasando en Buenaventura. Y no se entera, entre otras cosas, por el brutal proceso de amendrentamiento de la prensa local. Hace un tiempo asesinaron al periodista William Soto Cheng. Otros han tenido que dejar la ciudad bajo amenazas, siguiendo el destino de decenas de miles de desplazados que han salido del puerto y de sus zonas aledañas.

Si el gobierno realmente está interesado en acabar con la corrupción y el crimen en Buenaventura, debería saber que el tema no empieza ni termina en un secretario municipal.

Si el Presidente quiere conocer el alcance de la penetración de la mafia en el Pacífico, debería escarbar un poco en la lista de sus propios aliados.

Si decidiera hacerlo, seguramente se encontraría con varias verdades, tan ciertas como políticamente inconvenientes.

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