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Opinión

  • | 2014/10/09 00:00

    Oír al Fiscal

    No olvidemos que la audacia de una apertura al diálogo con las bacrimes radica en que hasta ahora, salvo monseñor Vidal, nadie se había atrevido a sugerir una negociación directa con ellas.

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El contraste es colosal. Mientras el procurador Alejandro Ordóñez se desgañita buscándole obstáculos al proceso de paz, el fiscal general, Eduardo Montealegre, hace lo propio pero para facilitarlo. Sus sugerencias no sólo brindan opciones a los negociadores, sino que ayudan a calmar su ansiedad al ofrecérles con una intrépida visión jurídica una luz de  esperanza a ellos y al país. Todo se puede, parece ser su proclama. Pero iremos por partes. Primero, veamos el problema con sus características y su sombrío espectro, motivo de su propuesta de ahora en la búsqueda de una estrategia integral para enfrentar todas las manifestaciones del crimen organizado, y luego, la lección que se asoma para todos aquellos que persisten en el guerrerismo o son presas de la indiferencia o el escepticismo.        

Ya lo hemos dicho reiteradamente y el país lo sabe: las bacrimes no son otra cosa que la metamorfosis sufrida por las convivir devenidas en paramilitarismo y actualmente, beligerantes y sanguinarias, en cuerpo propio y etiquetado con esta aterradora sigla de las bandas criminales.

El proceso de desmovilización de las AUC, Santa Fe Ralito, la Ley de Justicia y Paz, la extradición de los más poderosos jefes paramilitares, etc., con todos sus errores, ya es cosa del pasado. La mayor obsesión de los colombianos en el presente, concomitante con el proceso de paz de la Habana, es buscar la manera de neutralizar estas nuevas facciones delincuenciales.   

Detengámonos, entonces, en la enfermedad, y luego en la razón por la cual su reciente iniciativa para ponerle fin a este padecimiento nos ha parecido especialmente perspicaz y práctica.

Las últimas investigaciones sobre la conformación de las bacrimes dan cuenta de la sorprendente capacidad operativa de que disponen, de su cubrimiento geográfico preocupante y del número creciente de sus miembros. Aparentemente, reúnen en sus filas y en armas a cerca de 3.500 hombres, sin contar los más de 1.000 de sus miembros encarcelados. Extorsionando, asesinado indiscriminadamente, operando el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, y desplazando campesinos de sus tierras, se pasean como Pedro por su casa por 130 municipios, en algunos con control de territorio, y 15 departamentos. ¡No es cosa de poca monta! Aunque al comienzo las conformaban los grupos denominados los "Paisas”, los "Urabeños”, el “Erpac”, los "Rastrojos” y las "Águilas Negras”, son “Urabeños” y “Rastrojos” los que hoy detentan el monopolio de su accionar.

Frente a este panorama, cualquier persona sensata pensaría que perseverar como se hizo con las FARC durante más de 50 años en una guerra sin cuartel y a término indefinido sería de alguna manera repetir la historia. En muchas ocasiones la misma historia nos muestra que estas guerras contra los ilegales tienden a hacerlas crecer y consolidarse y violentarse aún más o, al menos, a aclimatarse en el seno de los países como una prolongada enfermedad cancerosa. Y nadie quiere esperar a que tras ríos de sangre y descomposición social, sea el cáncer el que después de muchos años termine por liquidarlas. De ahí que veamos con interés la propuesta que acaba de hacer el doctor Montealegre desde su alta investidura, al sugerir una reforma al Código de Procedimiento Penal para que, a cambio de ciertos beneficios judiciales, se le abra el camino a una negociación de sometimiento de estas hordas delictivas.

Pues bien, resumamos la iniciativa jurídica de Montealegre que, de ser acogida por un buen número de parlamentarios, podría adquirir su propia dinámica a la par con el proceso de la Habana -no integrada a éste, naturalmente-, o luego de firmarse la paz con las guerrillas.

El fiscal ha sido franco y contundente al anticipar que “no son penas alternativas, se trata de una típica política de sometimiento sobre un presupuesto indispensable y es que tienen que pagar pena privativa de la libertad pero podrán existir beneficios en el caso de que existan preacuerdos y que den colaboración eficaz para el desmantelamiento de esas organizaciones criminales”,

Inicialmente, se nombraría un “fiscal de enlace” que entraría a bucear en las turbias aguas del universo de las bacrimes, examinando los escenarios que pudieran servir para una aproximación que condujera a su sometimiento a la justicia. No hay que olvidar que la audacia de esta apertura al diálogo con los delincuentes radica en que con anterioridad, salvo monseñor Julio César Vidal, antiguo obispo de Montería en el 2011, nadie en este país quería o pensaba en buscar un trato directo con ellas.

Como la eventual negociación deberá partir del hecho de que estas bandas no son ni serán reconocidas como actores del conflicto armado, la concreción de un mecanismo de sometimiento no acarrearía beneficios políticos ni componentes de justicia transicional o penas alternativas, pero sí, dice el fiscal, se podría encontrar alguna “alternatividad jurídica” derivada de una negociación antes de su entrega y no después de las capturas individuales como ocurre ahora.  

Lo que pretende la idea es establecer unos términos y elaborar unas fórmulas que regulen el proceso de sometimiento en medio de unas reglas de juego claras.  

Como López Michelsen en tantos asuntos de preocupación nacional, el fiscal Eduardo Montealegre, en la búsqueda de la paz y la facilitación jurídica para alcanzarla, es un hábil dialéctico empeñado en poner al país a pensar en los diversos métodos de solución a la guerra, la más palpitante y estremecedora de nuestras tragedias.

¡Hay que oírlo!

guribe3@gmail.com
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