Ojo con el gas de Maduro: un riesgo para Colombia

Colombia enfrenta un déficit de gas natural del 17 %, equivalente a entre 160 y 170 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). Hoy, el país ya depende de un alto porcentaje de importaciones, resultado de las erradas decisiones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quienes han promovido una política energética ideologizada que ha frenado la exploración y producción nacional.

En 2025, las compras externas promedian 165,8 mpcd de acuerdo con Campetrol. Estas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, a precios que se ubican entre US$ 15 y US$ 18 por millón de BTU, mientras que el precio internacional habitual ronda entre US$ 6 y US$ 7. La demanda local no deja de crecer. La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) proyecta que para 2034 el consumo alcanzará los 1.300 mpcd, un 30 % más que en 2022. Sin embargo, las reservas siguen disminuyendo: pasaron de ocho años a 7,2 entre 2021 y 2022, y para este 2025 solo contamos con reservas probadas para los próximos 5,8 años.

El sector insiste en priorizar la producción nacional, pero esto requiere que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) agilice los trámites, y que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ajuste las reglas de comercialización y las tarifas de transporte, especialmente en el gasoducto Barranquilla-interior. A esto se suma la solución más eficaz: avanzar hacia la explotación no convencional, que podría garantizar reservas probadas hasta por 25 años.

Las tarifas son otro motivo de alarma. Ecopetrol ha advertido que importar gas puede triplicar el costo al usuario, una factura de $ 30.000 podría pasar a costar entre $ 120.000 y $ 150.000, debido a los costos adicionales de licuefacción, transporte, regasificación y la volatilidad internacional. Esto ya se refleja en la energía generada con gas importado, cuyo precio ha alcanzado los US$ 18–19 por millón de BTU, que finalmente termina siendo pagado por los usuarios.

A noviembre de 2025, la situación se ha deteriorado aún más. La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía reporta que la producción fiscalizada cayó a 1.218 millones de pies cúbicos diarios en agosto, lo que representa una disminución del 15,1 % frente al mismo mes de 2024.

La calificadora Fitch Ratings advirtió que este déficit estructural y el incremento de las importaciones encarecerán aún más la energía. Sus proyecciones indican que en 2025 la producción nacional cubrirá solo el 88 % del consumo, y en 2026 apenas el 70 %. A esto se suma un aumento global en los precios del gas, que en lo corrido del año ya ha subido hasta un 36 % en algunos segmentos, según expertos.

Frente a esta crisis energética, Gustavo Petro Urrego insiste en una peligrosa salida, importar gas desde Venezuela, lo que no solo representa un alto riesgo energético y operativo, sino también un grave riesgo geopolítico.

En marzo de 2025, el Ministerio de Comercio respondió a una solicitud señalando que reactivar la compra de hidrocarburos venezolanos podría comprometer 111 productos colombianos, equivalentes a US$ 14.336 millones en exportaciones hacia Estados Unidos. Esto afectaría directamente a más de 3.200 empresas y 600.000 empleos que dependen del mercado estadounidense. ¿La razón? Estados Unidos penaliza, bajo su régimen de sanciones, a los países y empresas que negocien con PDVSA, la estatal venezolana.

La junta directiva de Ecopetrol ha advertido que una operación de este tipo podría incluso llevar al deslistamiento de Ecopetrol de la Bolsa de Nueva York, lo que sería un golpe financiero y reputacional sin precedentes para la empresa más grande del país.

La expresidente de la junta, Mónica de Greiff, fue clara y contundente en septiembre de 2025: “Nunca va a llegar gas de Venezuela”, pues hacerlo expondría a Ecopetrol a sanciones por parte de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.). La compañía tiene operaciones, créditos y bonos vinculados al mercado estadounidense, y un acuerdo con PDVSA o con Monómeros podría bloquear su financiamiento, restringir sus operaciones bancarias y encarecer su deuda.

A esto se suma el deterioro financiero de PDVSA, que aún arrastra una deuda cercana a los US$ 3.800 millones y carece de capacidad operativa para cumplir con sus compromisos. Esto la convierte en una empresa de alto riesgo fiscal y operativo.

Por si fuera poco, especialistas advierten que el gas venezolano no cumple con la calidad requerida para el sistema colombiano, lo que obligaría a instalar sistemas de acondicionamiento adicionales, incrementando aún más los costos. Esto demuestra que, lejos de ser una solución, sería un negocio costoso, riesgoso y contaminante.

Todo indica que a Petro lo único que parece interesarle es el negocio con su aliado ideológico, y no la soberanía energética del país ni el bienestar de los ciudadanos. En los últimos días, Nicolás Maduro ha anunciado que Venezuela “está lista” para exportar gas a Colombia.

Ojo con el gas de Maduro. Es más que una mala decisión energética, es una amenaza a nuestra soberanía, nuestra economía y nuestras relaciones estratégicas con Estados Unidos.