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Opinión

  • | 2008/04/26 00:00

    Ojo con la Corte

    Los magistrados deberían aferrarse a la máxima de que se debe investigar para capturar y no se captura para investigar

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No hay crisis institucional. No hasta ahora. La crisis es política y la causa es la relación de algunos parlamentarios con grupos armados ilegales. La mayoría está siendo examinada por posibles vínculos con los paras. Pronto vendrán la farcopolítica y la elenopolítica.

De manera que no hay que responsabilizar a la Corte Suprema por la situación que atravesamos. Al contrario, hay que reconocerle su esfuerzo por ir al fondo. Sus actuaciones muestran que la rama judicial es mucho más fuerte de lo percibido y que, como con ocasión del 8.000, en Colombia es posible afrontar estos desafíos de manera institucional. Ello siempre será una buena noticia.

Por eso es inexplicable el error del gobierno al permitir que se entendiera como suya la idea de crear una instancia judicial alternativa para el juzgamiento de los congresistas. Dio la impresión de que reaccionaba contra las últimas decisiones de la Corte y que buscaba recortar sus funciones.

La iniciativa de origen parlamentario es, por decir lo menos, equívoca e indudablemente inoportuna. A la Corte hay que apoyarla en su tarea y no darle la sensación de que se intenta socavar sus funciones. Eso genera una reacción de cuerpo que no hace bien a la justicia.

Es esa posición defensiva la que explica que las decisiones del alto Tribunal en estos casos hayan sido tomadas por unanimidad. Esa fue la manera de proceder cuando los magistrados estuvieron en la mira por cuenta de la extradición, sepultada de forma vergonzosa en la Constituyente del 91. Pero ahora la práctica del voto común da una sensación negativa: la de la prevalencia de una posición política y de espíritu de cuerpo por encima del examen profundo de la cuestión jurídica. Se dirá que las decisiones unánimes corresponden a la contundencia de las pruebas. Pero, si así fuera, ¿por qué tanta demora en emitir las respectivas condenas? Mejor sería ver las diferencias al argumentar y valorar los hechos.

Pero hasta ahora no hemos podido ver la solidez de las pruebas contra los parlamentarios y la contundencia del razonamiento jurídico. Y no porque no haya culpables, sino porque las sentencias no se han producido, con la excepción de la del sucreño Eric Morris. Los otros cinco condenados renunciaron a su fuero y se acogieron a sentencia anticipada en la jurisdicción ordinaria. En otras palabras, de los 63 "involucrados" hay seis culpables y, hasta ahora, 57 inocentes. Porque no sobra recordar que lo son y seguirán siéndolo hasta que las sentencias se produzcan.

Sin embargo, la sensación en la opinión pública es que todo el Congreso es de bandidos y que los parlamentarios a los que la Corte ha abierto indagación preliminar o investiga son todos culpables. Poco importa que hacer la indagación es un deber cuando se recibe información de un hecho que pudiera ser delictivo y que la investigación tenga el fin preciso de probarlo. Esos parlamentarios, aunque resulten inocentes, andarán siempre con una mancha perpetua en su reputación.

Por eso la Corte debiera ser muy cuidadosa al ordenar una captura. El amplio despliegue mediático que las acompaña causa un daño reputacional aun mayor, daño que los magistrados debieran evitarles a los congresistas hasta que sea absolutamente indispensable. Quitar la libertad debe ser siempre una medida extrema y más aun cuando el afectado es parlamentario. Los magistrados deberían aferrarse a la máxima de que se debe investigar para capturar y no se captura para investigar. Es lo mínimo que merece la dignidad parlamentaria, aunque haya congresistas que no tengan reparo en mancillarla.

Y es indispensable que la Corte evalúe con sumo cuidado la base probatoria de sus decisiones. No sólo porque lo que está en juego es el Congreso, base de la democracia, sino porque los magistrados cuentan con un poder que ya no se ve en otras instancias: el de investigar y juzgar ellos mismos.

Salta a la vista que, además, en esta barahúnda muchos pretenden eliminar enemigos políticos, adelantar venganzas personales y obtener oscuros intereses. ¿Alguien duda de que lo que quieren los paras es una constituyente que expida una ley de punto final y que para eso necesitan salpicar a todos? ¿O que hay quienes quieren causarle daño al Presidente a cualquier costo? Los testimonios están llenos de verdades, medias verdades y absolutas mentiras. Y no deben ser la base exclusiva de una condena.

Puntilla: la solicitud de asilo de Mario Uribe fue una solemne tontería. Dio la sensación de culpabilidad y de querer evitar la justicia y castigó al Presidente. Pero no seamos hipócritas: por mucho menos Costa Rica sí asiló a Leyva Durán.
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