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Opinión

  • | 2005/02/28 00:00

    ONG: ¿Objetividad No Garantizada?

    Una cosa es hablar de política de derechos humanos y otra, muy distinta, es hacer política con los derechos humanos, afirma el abogado y politólogo Rafael Merchán

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Nadie, absolutamente nadie, puede negar la importancia que tienen las ONG de derechos humanos para controlar, aquí o en cualquier lugar, el comportamiento de los gobiernos y de los grupos en conflicto. Su voz de denuncia es esencial para que uno de los más grandes avances de la humanidad no quede en simple letra muerta. En eso, creo, estamos todos de acuerdo.

El problema es que esta misión parte de un supuesto elemental: que las organizaciones que buscan ser las veedoras de la situación de derechos humanos no tengan otro objetivo que presentar, tal cual es, sin distorsiones ni perjuicios, la realidad. Y, para ser franco, ese supuesto, por simple que parezca, no se cumple a cabalidad en Colombia en la gran mayoría de los casos. Entre más uno se mete en el tema, más descubre inconsistencias e incluso manipulaciones. Por eso, bien vale la pena en esta materia plantearse la pregunta que, tal vez, el filósofo Juvenal formuló hace varios siglos: ¿y quién vigila al vigilante?

Malabares conceptuales

Uno de los problemas más recurrentes y complejos, relacionado con la forma como se presentan los diagnósticos, tiene que ver con el hecho de que algunos conceptos son utilizados de forma tan ligera que los resultados terminan siendo enormemente distorsionados.

En ese sentido, es importante traer a colación un documento de finales de 2003 elaborado por la Embajada de Estados Unidos que pone el dedo en la llaga sobre este punto.

Uno de los casos más evidentes de inconsistencias conceptuales son las detenciones arbitrarias, según el enfoque que a estas les da el Cinep. Como se sabe, durante mucho tiempo tanto a escala nacional como internacional se ha repetido que estas han aumentado hasta en un 400 por ciento durante la era Uribe.

Sin embargo, el pequeño detalle que la opinión pública no sabe es que en criterio del Cinep, una detención arbitraria no es lo que el derecho dice que es. Mejor dicho: para ellos en esta categoría caben incluso detenciones con orden de captura y cumpliendo todos los requisitos legales. Más aún, sin que le parezca un hecho grave, el propio director de Cinep reconoció que en sus informes se utiliza "un criterio político" para contabilizar los casos.

Además, tal y como denuncia la Embajada, "a través de dobles conteos, las que eran 137 detenciones arbitrarias se convirtieron en 398". Por supuesto, el resultado de este malabarismo argumentativo y estadístico es que se inflen enormemente las cifras en que el Estado es responsable.

Como si lo anterior fuera poco, la forma como clasifica el Cinep las infracciones del Estado (y los paramilitares, pues para ellos es lo mismo) y de la guerrilla lleva a que se minimicen estadísticamente las acciones de esta última. La razón es la siguiente: esta ONG considera que los actos del Estado deben ser entendidos tanto como violaciones al DIH como a los derechos humanos propiamente dichos. A su vez, las infracciones de la guerrilla sólo se consideran violaciones al DIH. Por eso, un mismo hecho es contado dos veces cuando su fuente es violencia de origen estatal. No se necesita ser un genio en matemáticas para entender los efectos estadísticos de esta confusa clasificación.

Además, recuerda el documento de la Embajada, el Cinep no registra el secuestro como una violación a los derechos humanos o al DIH sino bajo la categoría de "violencia político-social". Así, los tres mil y pico de secuestros que sufre el país por arte de magia no son contabilizados como infracciones atribuibles a la guerrilla.

De paso, el anterior enfoque parte de un supuesto ya superado por el derecho internacional y es que el Estado es el único responsable de la defensa de los derechos humanos. Lo más grave de todo esto es que el banco de datos del Cinep es el más completo y consultado del país y nutre a su vez los informes de otras organizaciones nacionales y extranjeras.

Otra perla de ligereza conceptual: la Comisión Colombiana de Juristas registra como violación a los derechos humanos la muerte en combate de miembros de los grupos al margen de la ley. Por eso, las escandalosas cifras de homicidios que presenta la Comisión esconden que casi la mitad obedecen a personas dadas de baja en enfrentamientos. El resultado obvio es que, sobre el papel, no aparece como cierta la apreciación del gobierno en el sentido de que los homicidios presentan una significativa disminución.

El poder de la palabra

Otro aspecto que merece ser analizado con detenimiento tiene que ver con el lenguaje usado para referirse a los distintos actores del conflicto y al Estado. En este punto, el Cinep parece también llevarse la medalla de oro en falta de rigor.

En efecto, cualquier sueco o suizo que lea lo que queda consignado en muchos de sus documentos creerá que en Colombia padecemos un régimen que no tendría nada que envidiarles a las sanguinarias dictaduras que padeció el continente. Cualquier cibernauta inquieto puede corroborar lo anterior. Por ejemplo, tengo en mis manos el boletín 10 de agosto de 2003 cuyo título habla por sí sólo: 'Un Estado autoritario y paramilitar que se ha propuesto encarcelar a quien no comparta sus políticas'. De igual forma, en 'Reelección: el embrujo continúa', de agosto de 2004, se señala que "el blanco fundamental de la represión estatal lo siguen constituyendo las organizaciones, los movimientos, los grupos, las comunidades y las personas inconformes con el modelo vigente de sociedad, de Estado o de gobierno". De todo lo cual se desprendería que el futuro que les espera a los miembros del Polo, a los columnistas de opinión que critican a Uribe, a los sindicatos que protestan, a los profesores que en sus clases hacen reparos al gobierno o al ciudadano del común que no sea amigo de las políticas actuales es un oscuro calabozo.

Por su parte, el libro El embrujo autoritario también ilustra el poco cuidado que se tiene para presentar los hechos. Sin ir muy lejos, el capítulo 15 sobre la libertad de expresión en Colombia se titula 'Entre la censura y el fuego'. Pero si uno lo lee se encuentra con una curiosa situación: no se registra ni siquiera un solo caso de censura. Además, como el que es caballero repite, en 'Reelección: el embrujo continúa' se vuelve a arremeter contra el gobierno por la supuesta censura que éste impone a los medios de comunicación. Aunque, como era previsible, nunca se prueba el "alarmante silenciamiento" de la prensa que tanto preocupa a la autora del texto.

En estos juegos sutiles (y a veces no tan sutiles) del lenguaje no es extraño el uso de eufemismos para referirse a la guerrilla. Por ejemplo, Amnistía Internacional habla de forma muy sofisticada de "oposición política armada". Expresión que para el lector que no conozca nuestra realidad daría a entender que en este país la única forma de ejercer la oposición es a través de las armas y que el sistema no da cabida a los disensos.

Por supuesto, ni Amnistía ni Human Rights Watch hacen al lector de sus informes la aclaración en el sentido de que por sus acciones, tanto las Farc como el ELN -al igual que las AUC- han sido catalogados como "terroristas" tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

El doble rasero

Propongo al (paciente) lector un ejercicio: tomar los informes de Amnistía y Human Rights Watch y comparar qué tanto espacio ocupan en ellos las alusiones a los actos cometidos por la guerrilla. O perdón. Por la "oposición política armada". Sin mucho esfuerzo, quien haga el análisis se dará cuenta de que en el informe publicado en 2004 por HRW las atrocidades de la guerrilla, como masacres, secuestros, ataques indiscriminados y homicidios selectivos, son descritas en ¡tres renglones! Cosa que no cambia en el reporte conocido hace apenas unas semanas. En éste, siguiendo con la regla de tres, se despachan en el mismo número de renglones los actos de la subversión antes descritos. En contraste, casi la tercera parte del informe se dedica a fustigar la ayuda internacional que Colombia recibe para luchar contra los actores armados.

Pero no crea el lector que esta visión sólo está presente en la información que brinda HRW. En efecto, los balances de Amnistía tienen el mismo tono y enfoque. Se habla apenas marginalmente de la subversión y se ahonda en las críticas, reproches y condenas al gobierno y los paramilitares. ¿Quiere saber cómo condenó AI en las casi cinco páginas del reporte de 2004 el horrible atentado del Nogal? Con un lacónico "al menos 35 personas murieron y más de 160 resultaron heridas al hacer explosión una bomba en el club El Nogal de Bogotá." Es decir (las maravillas de Word) se le dedicó a este tema ¡el 0,5 por ciento del documento! ¿Quiere también saber cómo se registró un año antes la masacre de Bojayá, una de las peores que ha sufrido el país en su historia? Pues fue así: "El 2 de mayo, durante un enfrentamiento armado entre las Farc y los paramilitares en Bojayá, departamento de Chocó, las Farc dispararon un mortero casero -un cilindro de gas- contra una iglesia y mataron a unos 119 civiles que se habían refugiado allí". Claro que a renglón seguido ya el culpable principal de esta atrocidad no son las Farc: "Según una investigación emprendida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tanto las fuerzas guerrilleras y paramilitares como el Estado tenían parte de responsabilidad, este último al no haber impedido la llegada de los paramilitares a la zona". O sea que, aun asumiendo que hubiera negligencia del Estado, éste tiene, a juzgar por el párrafo trascrito, prácticamente la misma culpabilidad que los terroristas que de forma aleve cegaron la vida de los humildes habitantes del pueblo.

Almudena Mazarrasa, primera alta comisionada de la ONU para los derechos humanos -y quien fue dura crítica del gobierno de turno- declaró en 1999 a El Espectador: "Estoy cansada de algunas ONG (..) Siempre querían que condenara las acciones de las Fuerzas Armadas y el Gobierno como si el Estado fuera el único violador de los derechos humanos". Lo peor de todo es que, seis años después, todo parece indicar que nada ha cambiado.

Relaciones peligrosas

Si seguimos nuestro recorrido, nos encontraremos con otra circunstancia igualmente reiterativa: se da como un hecho que todas y cada una de las acciones atroces que cometen los paramilitares son hechas con la complicidad del Estado. O dicho en otras palabras: que son exactamente lo mismo.

En ese sentido es ilustrativo que el Comité Permanente para los Derechos Humanos, refiriéndose a las masacres ocurridas en 2003, señale tajantemente que "el 73 por ciento corresponden a la acción del Estado, bien a través de la acción de la Fuerza Pública, en un por ciento de los casos, o al accionar de los grupos paramilitares en un 70 por ciento". ¡Por favor! Todo el mundo sabe que, para mal del país, ha habido relaciones por ciento entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares. Así lo reconoce el propio Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia. Pero de eso, a decir que son lo mismo, hay un enorme abismo.

Bajo la óptica tan estrecha y simplista en que se suele ver el problema, no extraña que informe tras informe de organizaciones como Human Rights Watch sostengan que el Estado -y particularmente la Fiscalía- no combate con energía a los paramilitares. Como bien lo recuerda el libro Derechos Humanos en Colombia: mentiras y verdades, aparecido en diciembre de 2004, sistemáticamente se omiten cifras tan dicientes como que entre agosto de 2001 y julio de 2004 se incrementaron en un 118 por ciento las resoluciones de acusación contra paras y que las sentencias anticipadas pasaron de 40 (entre 1998 y 2001) a 90. Igualmente, en ninguna parte se dice que en los últimos años el número de miembros de las autodefensas dados de baja en combates se ha incrementado en más de un 80 por ciento.

¿Medio lleno o medio vacío?

La otra manzana de la discordia tiene que ver con el hecho de que siempre se omiten los avances que se logran en distintos campos. La reducción de homicidios, secuestros, masacres, tomas de poblaciones, entre otros logros, suelen no merecer mayores comentarios. Se prefiere ver el vaso medio vacío que medio lleno.

Incluso, en su afán por no dar créditos al Estado colombiano, se cae en afirmaciones que rayan con lo ridículo. Por ejemplo, HRW en enero de 2004 afirmó que "en el año 2003 el gobierno reclamó como un éxito el decrecimiento de las peores categorías de la violencia política. Esa disminución es real; pero una revisión más cercana revela que se debió a muchos factores. Como la consolidación del control en varias regiones por parte de los paramilitares".

Queda uno especialmente perplejo con la última frase. Porque si como HRW sostiene -y lo cual es cierto- los paramilitares han sido una fuente constante de atrocidades y barbarie que se han traducido en masacres, secuestros, asesinatos selectivos, etc., ¿cómo va a ser cierto que el mejor ambiente de derechos humanos se deba precisamente a su mayor presencia?

Igualmente, en El embrujo autoritario se sostenía que la disminución en las muertes violentas de sindicalistas es cierta. Pero (siempre hay un pero), esta situación se debía no a los esfuerzos del Estado sino, simplemente, a un "cambio en las estrategias de guerra". ¿Será que alguien me puede explicar en qué consiste ese cambio?

La lista de inexactitudes o ligerezas es mucho mayor. Pero lo dicho hasta ahora es suficiente para entender la dimensión del problema y el enorme abismo que separa las ONG del gobierno. O más grave aún, de la realidad. En un tema tan sensible como los derechos humanos, a lo mínimo que tenemos derecho los colombianos es a la objetividad. Una cosa es hablar de política de derechos humanos y otra, muy distinta, es hacer política con los derechos humanos. Y eso es, para mal del país (y de la credibilidad de muchas organizaciones), lo que ha venido ocurriendo en estos años. Más rigor y menos lugares comunes. Más evidencias y menos perjuicios. Más objetividad y menos sesgos. Más apego a los hechos y menos ideología. Eso es lo mínimo que debemos exigir. ¿Será mucho pedir?
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