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Opinión

  • | 1982/10/04 00:00

    OPCIONES PARA UNA ESTRATEGIA

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El nuevo gobierno he hecho un loable esfuerzo por presentar ante la opinión pública, en muy breve término, los lineamientos generales de su política económica y social. El mensaje económico del Presidente, la semana pasada, cubre una gran amplitud de temas y presenta medidas destinadas a resolver problemas del momento, como el del Banco Nacional, problemas urgentes como el de la reactivación de la economía y problemas del desarrollo económico a largo plazo del país; pero, desafortunadamente, no separa con nitidez aquellos elementos de la política que el gobierno juzga esenciales para la reactivación de la economía, a corto plazo, y aquellos que constituirán la base de su plan de desarrollo. Los comentarios siguientes se refieren principalmente a la posible contribución de los lineamientos de política enunciados por el Presidente a la solución del problema urgente de superar el estancamiento y declinación de la producción nacional.
Para comenzar, debe recordarse que la estrategia implícita de la administración anterior para reactivar la economía consitió en incrementar en forma importante el gasto público y generar un cuantioso déficit fiscal. Por mal concebida, o por mal ejecutada, esa política ha fracasado sin lugar a dudas. El nuevo gobierno presenta una estrategia enteramente diferente apoyada principalmente en el aumento de la construcción y, en segundo término, en estímulos a la producción de alimentos y a las exportaciones agropecuarias y en el establecimiento de un proteccionismo selectivo a la industria.
En la asignacion del papel del león a la construcción se advierte la mano del profesor Currie. En esta ocasión, la aplicación de la receta que ha ofrecido el doctor Currie al país en muy diversas ocasiones y circunstancias, puede contribuir efectivamente al logro de los objetivos de corto plazo de reactivación económica. Es de esperar, sin embargo, que el plan de desarrollo del gobierno Betancur no constituya una reedición de la Operación Colombia 1961 y del Plan de las Cuatro Estrategias de 1971.
El Presidente ha subrayado la importancia crucial de reducir el déficit fiscal. La incuestionable prioridad de esta política puede ejemplarizarse recordando que fue precisamente la existencia simultánea de una estrategia que privilegiaba la construcción y un déficit fiscal creciente y cuantioso, lo que llevó a la economía nacional bajo la administración Pastrana a tasas de inflación del orden del 25%, de las cuales no ha sido posible retornar. Con este fin, el gobierno propone tanto una gran austeridad en el gasto público como incrementar los recaudos tributarios. Con respecto a este último punto, en algunas partes de su intervención el Presidente habló de la necesidad de efectuar revisiones de fondo a la reforma tributaria de 1974 y, en, otras, de toques selectivos a la misma.
Me permito sugerir que lo que se requiere en las actuales circunstancias es, además de modernizar y moralizar la administración tributaria, expedir un efectivo estatuto contra la evasión que cierre los canales y estímulos más obvios a la evasión que existen en la ley sustantiva y procedimental vigente, y otorgue mayores facultades a dicha administración. Complementariamente puede ser conveniente volver a bajar las tarifas del impuesto de renta, dado que el resurgimiento de las altas tasas de inflación a partir de 1976 infortunadamente hizo nugatorias las reducciones que se implantaron con la reforma tributaria de 1974.
Ahora bien, surgen grandes dudas sobre la conveniencia de asignar una alta prioridad al estímulo de las exportaciones agrícolas y sobre la eficacia potencial del paquete económico anunciado por el Presidente en lo que hace a la reactivación de la industria nacional, el sector productivo que se encuentra en una situación más crítica. En efecto, la alocución presidencial sugiere que el aumento en la demanda por bienes de la industria nacional procederá del aumento en la actividad constructora, a través de la demanda por insumos nacionales (siempre y cuando no se importen masivamente casas prefabricadas, como lo anunció la directora del ICT) y del aumento en los gastos de los nuevos trabajadores en la actividad de la construcción e industrias conexas. En primer término debería prestarse gran atención a posibles cuellos de botella en en la industria de materiales de la construcción, para evitar los problemas que ya se presentaron cuando ensayó esta misma estrategia. Más importante aún, la demanda por bienes industriales de consumo aumentaría solamente si disminuyen los precios relativos de los alimentos, como lo ha venido sosteniendo "Coyuntura Económica". En este sentido el estímulo anunciado a la producción de alimentos resultaría fundamental, pero ciertamente contradictorio con el énfasis en las exportaciones agropecuarias. En efecto, como lo demostró Roberto Junguito en un trabajo publicado por Fedesarrollo, un aumento importante en las exportaciones agropecuarias casi inevitablemente conduce a restricciones en la oferta interna de alimentos, así los productos que se exporten no sean los mismos, tal como sucedió precisamente entre 1970 y 1974.
De otra parte, aún si aumenta por esta vía la demanda por bienes de consumo industrial, no hay garantía de que esa demanda se dirija a los bienes producidos en el país, en virtud de la competencia de las importaciones legales y, sobre todo, de las ilegales. El efecto nocivo en el corto plazo del atraso cambiario y el auge del contrabando, amparado por las zonas francas, el Plan Vallejo y la corrupción del sistema de aduanas, no se puede evitar mediante la estrategia de protección arancelaria selectiva que se propone, si bien esta estrategia parece bien diseñada como un elemento adicional para el largo plazo.
De hecho, el gobierno enfrenta dos opciones en cuanto al manejo de los problemas que se están presentando en el sector externo y su repercusión en el estancamiento industrial: una consiste en el incremento del ritmo de devaluación; la otra en mantener éste, o disminuirlo, y aumentar simultáneamente los subsidios a las exportaciones y a los aranceles. La primera opción presenta innumerables ventajas sobre la segunda: su estímulo se generalizaria a todas las exportaciones y, ante todo, tendría mayor efecto sobre las importaciones por cuanto encarecería el contrabando; no estimularía las exportaciones ficticias ni invitaría a la aplicación de derechos compensatorios por parte de otros países y finalmente, no agravaría el déficit fiscal.
Desafortunadamente, parece que el gobierno está optando por la segunda alternativa. Esta es indudablemente una mala opción: aumentarán las ventajas al contrabando; floreceran las exportaciones de casas de Ancón para príncipes árabes y de alpiste para canarios persas y se complicará el manejo del déficit fiscal en por lo menos 5.000 millones de pesos.
Dado que, infortunadamente, el gobierno aumentó ya el CAT, especialmente para las exportaciones agrícolas, en forma precipitada debido a la flexibilidad de la ley actual, me permito proponer que se absorba el mayor costo del CAT con recursos de PROEXPO, a través de algún mecanismo imaginativo, y que los demás recursos de esta entidad, que en los últimos años ha mantenido excedentes y financiado grandes inversiones de dudosa conveniencia económica y social, se concentren en las exportaciones industriales. Ello permitiría reconsiderar la opción de incrementar el ritmo de devaluación y de evitar los impactos negativos descritos sobre el déficit fiscal, el conflicto con los aumentos requeridos en la producción de alimentos, el estimulo al contrabando y la probable continuación del estancamiento industrial que traería consigo la estrategia gubernamental anunciada.
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