Operación ja ja

El proyecto de ley de grantias a la oposición presentado por el gobierno es la mejor pieza de humor político de los últimos tiempos. Los creativos del Ministerio del Interior piden que las garantías no sean para la oposición sino para el Presidente. Fiel a su costumbre de legislar con nombre propio, el gobierno propone todas las medidas posibles para proteger a uno de los candidatos: Álvaro Uribe. Total, el pobre no maneja sino la nómina oficial y el presupuesto nacional. Su mano imparcial firma los nombramientos de ministros, embajadores, jefes de departamento y directores de institutos. Interviene desinteresadamente en la elección -entre otros- de Fiscal, Procurador, magistrados, codirectores del Banco de la República y comisionados de Televisión. Además maneja los contratos estatales, vigila los bancos, inspecciona la actividad bursátil y es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Actividades muy valoradas por la empresa privada, que financia campañas y en buena medida depende del gobierno. Cualquier presidente de Colombia, no sólo Uribe, es la mayor fuente de poder y riqueza del país. Por eso mismo es casi imposible que fracase la reelección. Tendría éxito incluso un mandatario menos popular que el actual, quien según las encuestas oficiales -pagadas también con plata de los contribuyentes- goza de una holgada ventaja sobre sus contendores. Semejantes antecedentes hacían pensar que la ley de garantías debía ser un factor equilibrante para demostrar que existía alguna remota posibilidad para otro candidato. Pero el gobierno presentó una cómica patente de corso que pone funcionarios y recursos del Estado al servicio de la más entrañable de sus causas: La reelección. La redacción del proyecto es ilustrativa. Más que impedir, habilita. Donde dice "prohíbe" está diciendo "permite", pero en el período anterior a la pretendida restricción. Por ejemplo, hasta dos meses antes de las elecciones, el Presidente podrá "utilizar bienes del Estado en actividades de su campaña presidencial" o "usar la foto de su campaña en la publicidad del gobierno". El proyecto de Sabas sólo prohíbe tales conductas ocho semanas antes de elecciones. Mientras que los otros candidatos sólo dispondrán de cuatro meses para hacer campaña, el Presidente la puede seguir haciendo y sólo está obligado a formalizarla seis meses antes de la votación. Los funcionarios públicos -hasta cuatro meses antes de la primera vuelta- tendrán permiso para difundir propaganda a favor de su partido y en contra de sus detractores. También les está permitido, desde ahora y hasta enero del año entrante, realizar actividades partidistas en edificios oficiales y en horas de trabajo. Durante el mismo período los empleados públicos están autorizados para "ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto". Semejante acto de clientelismo solo quedará vedado los cuatro meses previos a los comicios. Así mismo, durante esta feliz época los funcionarios podrán influir en la decisión sobre militancia política o voto de sus subalternos. Los altos funcionarios, ministros, directores, gobernadores y alcaldes están autorizados, incluso hasta el día de la votación, a presentar propuestas técnicas para la campaña presidencial y difundir los logros del gobierno, siempre y cuando no sea en actividades propias de la campaña. En la misma línea están las propuestas sobre financiación, acceso a los medios, nombramientos y contratación. El candidato presidente no será responsable de la violación de topes de financiación, ni de los dineros ilegales que lo patrocinen. El proyecto crea un cómodo pararrayos llamado gerente de campaña. Lo curioso no es que el gobierno quiera que legislen a su favor. Eso lo aprendimos en el trámite de la reelección. Lo verdaderamente llamativo es que Uribe, que podría ganar sin ayudas, prefiera jugar con los dados cargados.