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Opinión

  • | 2014/02/08 00:00

    Operación tapar, tapar y tapar

    En el caso revelado por Semana.com la cosa es tan grave y tan delicado lo que se oculta, que el presidente Juan Manuel Santos, a pesar de reconocer inicialmente la existencia de actividades de inteligencia al margen de la ley, luego dijo lo contrario.

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En el caso revelado por Semana.com la cosa es tan grave y tan delicado lo que se oculta, que el presidente Juan Manuel Santos, a pesar de reconocer inicialmente la existencia de actividades de inteligencia al margen de la ley, luego dijo lo contrario. Primero ordenó investigar “hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia” y al otro día cambió radicalmente: era una “fachada legal que no tiene nada de irregular” y “hacía parte de una operación lícita”.

Ahora, todos los esfuerzos del Gobierno se dedican a tapar, tapar y tapar. La estrategia es mostrar legal lo ilegal, confundir, enredar y mostrarse atolondrado con el fin de crear un imaginario que permita separar al presidente, al ministro y a los comandantes de cualquier responsabilidad sobre la operación. 

¿Que la utilización de “fachadas” y de operaciones encubiertas es legal? Depende. Son legales si cumplen la ley de inteligencia y si respetan los derechos humanos, lo que no ocurre en este caso. ¿Si las interceptaciones de comunicaciones de la Operación Andrómeda fueran legales, ¿por qué no hacerlas desde una unidad militar donde no correrían tan alto riesgo?

Si las interceptaciones fueran lícitas, ¿por qué no contaban con autorización judicial y con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación?

Si esas actividades de inteligencia eran ajustadas a las normas, ¿por qué la Fiscalía considera acudir a ayuda en el exterior para “desencriptar” la información guardada celosamente en los computadores incautados? Acaso, si fueran legales, ¿por qué el ministro de la Defensa y los comandantes no ordenan a los involucrados en la operación dar los códigos que permitan extraer la información? ¿Qué ocultan?

¿Si es una “operación lícita”, ¿por qué el ministro Pinzón no contesta la pregunta de Luis Carlos Vélez en Caracol Noticias sobre si conocía específicamente esa operación? ¿Por qué se escurre y evade responder? ¿Lo obvio no era que si la desconocía, lo dijera? ¿O simplemente que indicara que ordenó la operación pero en el marco de la ley? ¿A qué le tiene miedo?

Ahora quieren convencer al país de que el problema fue el allanamie
nto. Santos afirmó que el fiscal Eduardo Montealegre le manifestó que “si él hubiese sabido que era una fachada de inteligencia, no habría hecho el allanamiento”, en otras palabras, que el fiscal estaría dispuesto a prevaricar y aceptar interceptaciones ilegales en el marco de una operación de inteligencia. ¡Falso! 

El mismo funcionario aclaró que el allanamiento se ordenó “previa una verificación de inteligencia por parte del CTI” que identificó “circunstancias extrañas”. Es una forma excesivamente diplomática que admite haber cumplido los requisitos que señala el Código de Procedimiento Penal. Esas órdenes requieren “motivos razonablemente fundados” relacionados con que en el interior del inmueble “se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción…” No es una simple llamada de un ciudadano, como se aseguró. Los “motivos” se deben respaldar en un informe de policía judicial, un testigo informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física “que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado”.

Es forzoso concluir que la Fiscalía sabía, antes del registro y el allanamiento, que en el lugar estaban realizando actividades de interceptación y es por eso que incautaron los computadores. Nada ilegal tiene que un local cuente con esos aparatos y nada justifica su incautación si no es porque los asocian al delito.

Consciente de eso, la casa de Nariño trata de desviar el foco de la noticia. Se concentró en que las víctimas son los negociadores del Gobierno, al tiempo que esconde que las chuzadas afectan a diversos sectores políticos. También habló de “fuerzas oscuras” y procuró sacar ventaja electoral y trasladar su responsabilidad a sus competidores en la campaña, acusando a supuestas “ruedas sueltas”. Posteriormente, voces oficiales las descartaron y dejaron claro que se trataba de una operación oficial del Ejército. El problema es que interceptar datos, así sean del diablo, insisto, exige orden judicial. La operación se diseñó desde el principio con la decisión de omitir ese requisito, es decir, con la voluntad de violar la ley. 

¿Qué está en el fondo de ese mar de contradicciones? ¿Qué rehúye Santos? ¿Por qué asumir el riesgo de ejecutar una operación ilegal? A medida que la investigación avance comenzarán a aparecer las pruebas del contenido de las chuzadas. La sorpresa será que los interceptados por el Estado son los integrantes de la delegación de las FARC en La Habana, sus cabecillas en Colombia y miembros de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, al más alto nivel. El presidente y el ministro lo saben.

Las FARC lo conocen o lo sospechan. Andrés París, ante la posibilidad de que estuvieran los organismos colombianos desplegando actividades de inteligencia en Cuba, aseveró: “Sería un contrasentido al espíritu del trabajo que realizamos” y que “sería violatorio de las relaciones interestatales que obligan al gobierno colombiano a ser respetuoso de instituciones y Estados que se han prestado para que los colombianos nos sentemos tranquilamente a buscar la paz”. Vienen tormentas.

Las actividades de inteligencia y contrainteligencia son definitivas en el propósito de neutralizar las amenazas a la seguridad nacional. Son indispensables en la lucha contra el crimen y en el objetivo de desarticular los grupos armados ilegales. Han sido decisivas en los golpes a las FARC, al ELN y a las bandas criminales del narcotráfico. Eso no está en discusión, tampoco el compromiso de los hombres y mujeres que adelantan inteligencia electrónica. ¡El país les debe mucho!

En Twitter @RafaGuarin
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