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Opinión

  • | 2013/10/05 00:00

    “Los Papistas del proceso”

    Al escuchar las declaraciones de las FARC y del gobierno, se puede entender claramente que las dos partes están jugando a la política.

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Desde que comenzó el proceso de paz en La Habana, entre los negociadores del gobierno y de las FARC, a la fecha 11 meses, sin que los Colombianos sepamos con claridad que se ha acordado, muchos interrogantes han surgido y cuestionamientos justificados también. La más reciente polémica luego de que fueran conocidas las múltiples visitas de particulares y funcionarios al mismo sitio, donde están llevándose a cabo las discusiones, sin la autorización del gobierno, generó indignación por la sociedad colombiana.

¿Acaso  no se requiere permiso para llegar allí y hablar con los cabecillas de ese grupo ilegal? Ahora resulta que si hay colombianos con  los permisos, las garantías y la confianza suficiente para hablarle al oído a los negociadores. De ser así, entonces ¿Dónde quedó la prohibición y la censura del presidente Juan Manuel Santos, para que particulares y funcionarios diferentes a los protagonistas de esas conversaciones, puedan intervenir?

¿Dónde quedo la confidencialidad? ¿Es una confidencialidad censitaria a favor de las FARC?
Por qué unos pueden opinar, sugerir y proponer, sin ser parte del equipo negociador, y máxime cuando se sabe a vivas voces de su feroz interés en estos altos asuntos de Estado. Con esa actitud quedaría demostrado que existe una mesa paralela de diálogos a la oficial. ¿Quién lleva el control?, nadie como parece, excepto la procuraduría general de la nación, que se atrevió durante los últimas semanas a destapar a los posibles “Papistas”, como el señor, Álvaro Leyva Durán. ¿En qué posición  está dicho personaje, de qué lado está? Realmente, nadie sabe para quién trabaja. ¿Si no está autorizado por el gobierno, qué finalidad tiene su presencia en Cuba y Por qué las FARC, salen a su defensa?

Es que ni siquiera el presidente del Congreso, pudo manifestar su inconformismo, porque de una vez los “señores”, prácticamente lo mandaron a callar. Nadie puede decir nada, porque quien, por lo menos, lo intente resulta catalogado como enemigo de la paz. Vale aclarar, desde luego, que el Congreso es la institución más desaprobada por los colombianos, para no hablar del presidente del mismo, sin embargo ello no es óbice para que un grupo terrorista lo trate de “mandar a callar”, lo realmente importante es que las criticas nacen desde la institucionalidad, respetando la constitución y los derechos de los colombianos.

Dichos acontecimientos, hacen pensar, que los señores de las FARC, aprovechan cada hecho o declaración relacionada con el proceso, para dilatar o distraer a la opinión pública. Mientras, todo ello acontece, la voluntad política para concertar cada vez es más lejana. O al menos así no lo muestran.
Las FARC tienen el derecho a chantajear al Estado, en el sentido de contar o “romper” con el acuerdo de confidencialidad de lo que se negocia, muchos creemos que ya todo está negociado, que “la paz” que se ha empecinado en hacer este gobierno sin principios o reglas mínimas, ya está acordada. Es decir ya todo se negoció.

¿Para dónde nos llevan?

Al escuchar las declaraciones de las FARC y del gobierno, se puede entender claramente que las dos partes están jugando a la política dejando entre ver claramente, que ya mucho se ha acordado, con la máxima del 8.000: “todo a las espaldas de los colombianos”. Estoy plenamente seguro que en esta ocasión esta frase si es verdad. ¿Cómo es posible que 10.000 o 20.000 bandidos influyan en la vida de 46 millones de colombianos? ¿Quién dice o dijo que el pueblo colombiano se siente representado con la “agenda” de las FARC? ¿Las FARC tienen agenda?

Muchos atinan a comentar que el único camino para refrendar los diálogos de la Habana o como dicen los negociadores de las FARC: “para “blindar” el proceso, es mediante una asamblea nacional constituyente”, pareciere que allá es a donde nos lleva este “proceso” de paz, los derechos fundamentales, los derechos a la propiedad, la estructura del Estado y la vida de 46 millones de colombianos estarán en “juego” de ser cierta esa teoría de la constituyente para lograr la paz. Un costo muy alto si las FARC no entregan sus armas y se concentran, eso sería como jugar a la democracia, juego en el cual seremos llevados a un régimen castro-chavista en un abrir y cerrar de ojos.

Por lo pronto esperamos que el procurador general y las instituciones que administran justicia e investigan, hagan lo propio en acelerar las investigaciones de particulares y funcionarios que han visitado a las Farc en la Habana; recordemos que Luis Alfredo Ramos Botero entre otros, están hoy con medidas privativas de la libertad por escuchar a los actores de la violencia, aún con autorización del gobierno.  

*Abogado, docente Universitario, Gobierno Seguridad y Desarrollo, exmiembro Directorio Nacional Conservador.

Twitter: @GuilloRodrig
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