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Opinión

  • | 2015/12/03 10:22

    Nudo gordiano

    Las tensiones mayores no son entre justicia y paz; lo son entre esta y las instituciones de la República.

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La estrategia dominante para lidiar con los movimientos guerrilleros consistió, hasta 1998, en tenderles la mano para que, a cambio de abandonar las armas, se reintegraran a la vida civil y pudieran hacer política. Hasta ese momento los instrumentos habituales habían sido las amnistías o indultos generales, complementadas con políticas sociales de modestos alcances, léanse subsidios para la compra de vivienda o la adquisición de activos productivos, taxis fundamentalmente.

El Presidente Andrés Pastrana adoptó una política distinta. Aceptó desmilitarizar una vasta zona del territorio para desarrollar conversaciones de paz sin duración limitada y basada en una agenda temática que, por su vaguedad, permitía que todos los elementos del modelo político y social fueran cuestionables. El experimento, a pesar de la buena fe del Gobierno, fracasó, entre otras razones porque las Farc no tenían interés alguno en negociar con el Estado. Creyendo que era posible derrotarlo, usaron la zona de despeje para fortalecerse.

Estos antecedentes explican el movimiento pendular que se dio en las elecciones presidenciales del 2002. Lo que entonces se definió fue dar por superada la fase de negociación para ocuparse de vencer a esos “narcoterroristas”.  Construyendo su campaña en torno a este mensaje, el éxito de Uribe en primera vuelta fue abrumador.  

A pesar de golpes militares severos, de la reducción del número de guerrilleros y del repudio de los subversivos por buena parte de la comunidad internacional, luego de ocho años la tarea de aniquilar a los alzados en armas no pudo culminarse. Nunca estuvimos, como se nos dijo, en “el principio del fin”; y, menos aún, en el “fin del fin”.  

Esta era la situación al momento de llegar Santos al Gobierno en el 2010. En ejercicio incuestionable de los poderes propios de la magistratura que ejerce, el Presidente adoptó una política de paz diametralmente diferente, no sólo a la de su antecesor, sino a la política que habían adoptado, de Turbay en adelante, los presidentes de Colombia.

Dos aspectos fundamentales del nuevo trato quiero destacar: la devolución a las Farc de su estatus político (paso previo e indispensable para poder sentarse con ella en la mesa de negociaciones); y la adopción de un discurso que, en parte, convalida el de los subversivos.

Gobierno y guerrilla ahora coinciden en decir que padecemos una guerra de más de cincuenta años cuyas causas son la injusticia social, la pobreza rural y la debilidad del Estado. El narcotráfico y el acceso a otros recursos ilegales, que durante mucho tiempo fueron entendidos como el factor preponderante que explica la subsistencia  en Colombia de un fenómeno guerrillero ya desaparecido en toda América Latina, se presenta hoy como de importancia menor.

Este cambio en el discurso explica, entre otras cosas, que integrantes de nuestro equipo negociador digan que Colombia tiene que aprovechar la coyuntura que nos ofrece el proceso de paz para avanzar en una agenda social largamente postergada. No creo que esa tesis sea correcta. Si de algo podemos estar satisfechos, es de haber desarrollado desde años atrás reformas que gradualmente se han traducido en que tengamos menos pobreza; y que, aunque de modo marginal, la equidad en la distribución del ingreso y la riqueza hayan mejorado. Desde luego, es preciso persistir en esa dirección por nuestra propia convicción, sin que sea necesario que nadie, y menos los grupos armados, nos empujen a ser justos y solidarios por medios violentos.

Aun cuando nada concreto se sabe del estado de las negociaciones en La Habana, cabe suponer que los avances son notables. Ello explica que el Gobierno apriete el acelerador en procura de que el Congreso apruebe unas reglas para que pueda convocarse a los ciudadanos a un “plebiscito de paz”; y normas de excepción para poner en marcha los eventuales acuerdos.

Respecto del plebiscito cabe repetir que un umbral del 13% del censo electoral, que sin explicación alguna se propone, luce muy bajo, en términos de participación ciudadana, si se le compara con el 45% de votación efectiva que es tradicional en las elecciones presidenciales. Y señalar que, conjuntamente, con la ausencia de mecanismos adecuados de protección de las minorías, su eventual aprobación en las urnas por una mayoría precaria podría conducirnos a una profunda y grave escisión de la sociedad colombiana.

A su vez los procedimientos legislativos excepcionales para la puesta en marcha de los posibles compromisos, ciertamente alteran la fisonomía del Congreso, cuestión, por supuesto, nada trivial. Las restricciones que se pretende imponer a la Corte Constitucional mandan un mensaje grave: si el acuerdo de paz pugna con los valores y principios que contempla la Constitución, aquel debe prevalecer.

El Gobierno, creo yo, entiende estas glosas pero no le queda fácil aceptarlas por el fundado temor de que los ciudadanos nieguen el acuerdo; que el Congreso, si decide bajo las reglas usuales, no le marche a algunas de las medidas que se le propongan; o que la Corte, actuando bajo las reglas que hoy definen sus competencias, no las homologue. Para las Farc, que, según el Acuerdo General, tendría que comenzar el cumplimiento de sus compromisos de desmovilización y dejación de armas antes que se vote el plebiscito y se adopten las medidas de implementación, cualquiera de esos tropiezos sería catastrófico.

La pregunta, entonces, es esta: ¿cuál es el costo institucional que debemos aceptar en aras de un acuerdo con la guerrilla?
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