Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/08/23 09:00

La paz en 90 días

Con el uso de la figura del estado de conmoción interior, se podría resolver la mayor amenaza para una paz sostenible: la incertidumbre del tiempo.

La paz en 90 días

A los pocos meses de posesionarse en 2010, el presidente Juan Manuel Santos llamó a su despacho a Sergio Jaramillo, en ese momento consejero de seguridad nacional. Le pidió a Jaramillo y su equipo estudiar la legislación internacional y las experiencias de otros países en la aplicación de justicia transicional. Se buscaba establecer los límites con los cuales se podrían llevar a cabo unas eventuales negociaciones con la guerrilla y evitar las improvisaciones de diálogos anteriores. Allí nació el marco jurídico para la paz.  Fue presentado por el gobierno, aprobado abrumadoramente por el Congreso y declarado exequible por la Corte Constitucional. Surtió todo el proceso del ordenamiento político y jurídico colombiano. Fue, en fin, la venia que la sociedad colombiana, representada por los tres poderes políticos, le otorgó al Presidente para sentarse con las Farc
 
Es un detalle que la oposición, encabezada por el uribismo, y hasta los que defienden a capa y espada el proceso, prefieren minimizar e incluso ignorar: Santos está facultado constitucionalmente para ofrecerle a la guerrilla un tratamiento más benigno que el dispuesto por el código penal. Su legitimidad es innegable, siempre y cuando no se aparte de ese cuadro institucional. Por eso me sorprende escuchar a promotores y simpatizantes de las conversaciones de La Habana replicar el argumento de las Farc de que el marco jurídico de la paz no es válido porque no fue negociado con ellas. Es un argumento falaz que flaco favor le hace a la meta de ponerle fin al conflicto lo antes posible.
 
Se quiere negar los dos atributos esenciales del marco: es suficientemente amplio y flexible en su aplicación para satisfacer tanto los deseos de quienes quieren que la guerrilla pague por sus crímenes como los que sueñan con ver a los comandantes en la política. Y, no menos relevante, ya es parte integral de la Constitución.
 
Lo más aterrador es que en el gobierno haya voces dispuestas a abandonar lo que se trabajó por años y empezar de cero, llamase congresito o asamblea constituyente. Es como si nadie comprendiera que la mayor amenaza para un acuerdo de paz exitoso es el tiempo. Tiempo para que concluyen las negociaciones, tiempo para que se cumpla con lo convenido. Una prolongada demora en las dos fases puede ser catastrófica.
 
Existe una solución, poco ortodoxa pero menos extraña que la creación de una comisión especial legislativa. Sería la siguiente: El día después de la firma de la paz con las Farc el Presidente declararía el Estado de Conmoción Interior por 90 días. Amparado en esta figura constitucional, el mandatario promulgaría los decretos ley que implementarían los acuerdos de la mesa. Estos incluirían la convocatoria a un referendo para ratificar lo negociado en La Habana y en particular los elementos que reformarían la Constitución (por ejemplo, la creación de un distrito especial en zonas de presencia histórica de la guerrilla). Como ha ocurrido en pasadas declaratorias, el Congreso luego votaría para volver leyes permanentes los decretos, incluyendo el del referendo.
 
Esta alternativa es sustentada en varios artículos de la Constitución: el 22 – “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; el 189, que dice que el Presidente es responsable de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, y el 213, que fija las condiciones para la declaratoria de la conmoción interior y los poderes extraordinarios que se le otorgan al gobierno.
 
Poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, no es cualquier cosa. Por temas menores se ha utilizado esta última figura. Y no es difícil defender su uso: se podría argumentar que la no implementación rápida del acuerdo de paz y su refrendación por el pueblo atentaría “de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”.
 
Reconozco que es una opción arriesgada, pero su mayor atributo es que resuelve la incógnita fundamental del tiempo. Nos evitaríamos años de incertidumbre, que es el peor escenario para Colombia.
 
En Twitter: @Fonzi65

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