El reordenamiento territorial en su vasta complejidad

Cada ciudad-región en Colombia está generando distintas respuestas adaptativas ante las incertidumbres del cambio climático y los efectos locales del proceso de pacificación. Se abren ventanas para que en las ciudades, donde se concentra el electorado juvenil, empiece a asumir responsabilidades ante la complejidad del momento histórico. El papel de universidades, asociaciones y agremiaciones de carácter cívico es clave para promover en análisis del ordenamiento, en su vasta complejidad.

Ideal que la construcción de opinión sea fundamentada y colegida, especialmente en este período pre-electoral, con altas incertidumbres. Las circunstancias exigen que el debate sea respetuoso y abierto para que cada persona pueda tomar posiciones sobre el modelo de desarrollo territorial más apropiado para poner en ruta la nueva etapa civilizatoria del país.

Las cartas están echadas para poner en marcha, en las distintas regiones, Andina, Amazonia, Orinoquia, Pacifico y Caribe, estrategias culturales diferenciadas para la Reforma Rural Integral propuesta. Esta deberá reducir sustancialmente y en el plazo de una generación, las desigualdades sociales de la vida en el campo y las periferias pobres de la ciudad. El apoyo de la cooperación internacional acordado entre el Gobierno Nacional y la Unión Europea, los gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido, deberían agilizar, mediante resultados concretos, la implementación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las ex FARC EP, en temas como la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria en el Caquetá, el Guaviare, Putumayo y Vichada en la Amazonia y en el Chocó, ecosistemas de importancia mundial en la regulación del clima. Allí se presentan oportunidades de reordenamiento territorial, respetando los territorios colectivos y resguardos indígenas, de oportunidades de trabajo de restauración y conservación, para campesinos y excombatientes, con experiencias de vida en la variada geografía tropical.

Estas oportunidades de cooperación internacional para fortalecer la implementación del Acuerdo y las metas globales de reducción de emisiones de CO2, deberán estar acompañadas de una robusta estrategia educativa pues muchas personas en proceso de desmovilización y desarme final, son iletrados y con escasa formación primaria. El reto para la paz es multidimensional, costoso y no admite corrupción. Los hechos más recientes obligan a asumir una vigilancia ciudadana constante y alerta.

Los Planes de Ordenamiento Territorial, como el de Bogotá DC, tendrán ahora que comprometer la vocación de sus áreas rurales en concertación con las comunidades campesinas, teniendo en cuenta la función productiva y proveedora de servicios ambientales para la ciudad. Hasta la fecha, muchos de los municipios proveedores de agua y regulación climática, han sido ignorados y maltratados. Hay ejemplos de deudas ambientales, como es el caso de Fómeque, que provee de agua a millones de personas al norte de Bogotá, pero no tiene agua potable en su cabecera municipal. El pasivo sigue vigente. Igual con las poblaciones del Sumpaz, donde la telefonía está limitada a los cascos poblados y el resto del área rural está incomunicada y sin vías de acceso veredales. A otra escala, la riqueza hídrica y la producción de lluvia proveniente del Chocó y la Amazonia, donde circulan “los ríos del cielo” que proveen el agua a la zona andina, y la falta de servicios básicos de salud y educación bilingüe para poblaciones afros y pueblos indígenas. El clima de Bogotá y de todas las ciudades andinas depende de la biodiversidad y el mantenimiento de los bosques en estas regiones.

Es en esta magnitud de interacciones que se evidencian desequilibrios y carencias sociales, entre la abundancia de riquezas naturales en las regiones que suministran servicios y la pobreza (y corrupción) en inversiones en ellas. Así se mueve la complejidad del reordenamiento territorial de poblados y ciudades, en medio de esta transición histórica.

En este contexto, todos los sectores de la economía deben entrar en “modo adaptativo” hacia la sostenibilidad de la paz territorial: empezando por una agricultura enfocada en soberanía alimentaria, ganadería que no amenace la tala de bosques, minería responsable aceptada por las comunidades, energías renovables, educación ambiental e innovación tecnológica, comunicaciones e investigación aplicada, un paquete de conocimientos que fortalezca las capacidades locales respetando saberes y culturas ancestrales.

La reforma rural integral deberá redundar en procesos de urbanización diferentes, frenando la tendencia invasora de pavimentar tierras agrícolas fértiles y zonas de humedales necesarias para regular crecientes e inundaciones en la región. Se espera entonces un cambio de “chip” tanto en el sector empresarial como entre las tropas del Ejército, Fuerzas de Policía y Armada Nacional, para conocer el potencial del país de los tres mares: El Caribe- Pacifico y la Amazonia, los pilares del ciclo del agua nacional.

Estamos ante una tarea monumental que requerirá cambios en hábitos de consumo masivo, en el uso del tiempo y del espacio. En la transición hacia otra fase civilizatoria donde el campo es el antejardín de cada ciudad, se evidenciará la resiliencia de la ciudadanía comprometida con el cambio: o probamos capacidad de respuesta para enfrentar cambios o nos abocamos a umbrales críticos e irreversibles.

Los caminos para construir resiliencia los trazan debates de la sociedad civil: el que propone la Sociedad de Mejoras y Ornato, en el marco de su Centenario, en alianza con KLN (Klimaforum Latinoamérica Network), son un ejemplo para abordar la complejidad del ordenamiento del Distrito Capital, en contraposición a las miradas simples que son a menudo aplicadas para abordar las políticas públicas a nivel territorial.

En este debate se reitera el rol de la estructura ecológica principal como eje para la reducción de la vulnerabilidad y riesgos en la ciudad-región y la contribución de Bogotá D.C. a las metas globales de cambio climático.

Esta es una invitación para abordar el análisis con varios referentes: a nivel internacional, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde se resalta el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), la Agenda Lima-París que impulsa la Plataforma de los Actores No Estatales del cambio climático (NAZCA) donde se destaca la contribución de las ciudades a la acción climática global, y el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 y ratificado por el Congreso de Colombia en junio del 2017. En su Tercera versión, La Comunicación Nacional elaborada por el IDEAM contiene documentos relevantes como el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el Análisis de vulnerabilidad y riesgo por Cambio Climático para los municipios de Colombia, donde este último señala a Bogotá como la segunda capital con mayor riesgo por el cambio climático. Esta discusión debe ser contextualizada a la coyuntura nacional de la puesta en marcha del Acuerdo de Paz y en el nivel territorial, con las políticas y propuestas que se adelantan para el POT del Distrito Capital.

Este debate es una oportunidad para reconocer las diversas iniciativas y avances que se han movilizado en la ciudad-región en materia de cambio climático y las propuestas de académicos que sustentan el enfoque de la complejidad del ordenamiento territorial. Una de las preguntas para analizar::¿Cuál es el territorio objeto de análisis para el cambio climático desde Bogotá Distrito Capital, en el marco de la complejidad, y cuáles son sus implicaciones en el ordenamiento de este territorio?

Ojala que otras asociaciones y grupos cívicos de Bogotá DC y la región continúen con este debate, con el fin de influir en el rumbo urbanístico de la ciudad y del sistema rural-urbano nacional.