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Opinión

  • | 2014/01/04 00:00

    El Plebiscito de Ordóñez

    Petro no sólo conocía las reglas del juego por haber sido constituyente y congresista por cerca de dos décadas, también las sabía al momento de ejercer alcalde.

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Luego de conocerse la decisión del máximo “juez” en asuntos disciplinarios tratándose del caso de Gustavo Petro, fallo que lo destituyó del cargo e inhabilitó por un periodo prudente para desempeñar funciones públicas, decisión que desde luego no cayó nada bien en los “camaradas” del señor Petro, cientos de “tinterilladas” salieron a flote para buscar argumentos en pro de la defensa de Petro.

A todas luces su actuación como máxima autoridad administrativa de Bogotá es indefendible, incluso desde los sectores más cercanos del mismo exalcalde.

Hace escasas horas se dio a conocer a la opinión pública la decisión de la organización electoral de citar para el próximo dos de marzo a los Bogotanos para que se pronuncien sobre la revocatoria popular de Petro.

La revocatoria del mandato que hoy se le plantea a los bogotanos, está contemplada en la Ley 134 de 1994 y en la Ley 741 del 2002, como desarrollo a los postulados constitucionales consagrados en la carta en los artículos 40, 103, y 259, ello en virtud de la fuerza normativa que la Constitución Política le entrega a los ejes rectores para la elección de alcaldes y gobernadores, es decir el deber ser de estas autoridades elegidas es la plena observancia al voto programático, que no es otra cosa que una vez estos sean elegidos deben dar cabal cumplimiento al programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 

Es decir estos candidatos, ponen a consideración del elector un programa de gobierno al que debe dársele la debida publicidad, para que sea tenido a consideración de la ciudadanía, existe amplia reglamentación referente a la figura jurídico – política del voto programático, tal así que la Ley 131 de 1994 decretó en principio crear unos lineamientos básicos del voto programático, por ejemplo la necesidad y “obligatoriedad” para los alcaldes elegidos de dar estricto cumplimiento a ese programa de gobierno. Obviamente Petro en medio de todo el caos que género en la capital, en medio de su arrogancia y estupidez, en medio de sus atropellos a la ley, al orden jurídico, también olvido dar observancia a su programa de gobierno.

Al inicio de la administración del señor Petro, el nivel de improvisación y falta de planeación estratégica saltó a escasos meses de su mandato, situación que avocó a varios ciudadanos e incluso exsimpatizantes de él mismo, a sumarse al proceso que promovió la revocatoria de la administración que fue espontánea por efecto de las pésimas políticas del burgomaestre, y su necedad para administrar Bogotá con equilibrio, respeto y sobre todo humildad. La administración Petro se dedicó a usar la Alcaldía de Bogotá como trampolín a una posible candidatura presidencial, dejando al garete asuntos de la agenda que hoy son fantasmas para los bogotanos. 

Tal vez por esos “delirios” de ser hombre todo poderoso, opinador permanente incluso de asuntos que no eran de resorte de la administración de Bogotá, dejó el cuidado objetivo de asuntos administrativos a terceros, sabiendo bien las consecuencias que eso traería para Bogotá, para los ciudadanos e incluso para el mismo como funcionario. Poco importo a él y su “equipo”, que pretendían estar incluso por encima de la ley y que tal vez por ser desmovilizados del “M”, el poder disciplinario de la Procuraduría no llegaría a su feudo. Petro sabía bien del poder que la Constitución y la ley le otorgó al máximo organismo de control disciplinario, el mismo que él aprobó como constituyente del 91 y el mismo que refrendó cuando votó por Alejandro Ordóñez para ser procurador general.

Petro no sólo conocía las reglas del juego antes de ser alcalde por el simple hecho de haber sido constituyente y congresista por cerca de dos décadas, también las conocía al momento de ejercer como burgomaestre. Hoy se cita a los bogotanos para que participen en un mecanismo de popular para revocar a quien ya fue destituido, por los manejos irregulares que le dio al “cambio” del modelo de las basuras en la ciudad. Su defensa ha sido que el procurador “privilegia” a contratistas contradictores de él, situación falaz y absurda. Ojalá el presidente de la República conociera que la administración Petro sirve de escampadero a opositores del régimen con tentáculos enormes, “tan grandes que ni el mismo Petro los ha visto”.

Por ahora, le pedimos al procurador que mantenga la sanción al señor Petro, en virtud de los recursos que el inhabilitado ha promovido en contra de la decisión que de forma legal y constitucional se le impuso. De lo contrario, el 2 de marzo sería el plebiscito para respaldar a Ordóñez, aunque no se pueda revocar a quien ya fue destituido. 

En Twitter: @GuilloRodrig
*Abogado, Docente Universitario, Director Ejecutivo Gobierno Seguridad y Desarrollo.
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