Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/10/02 16:00

La triste historia de la Comisión de Acusación

Fue una vieja institución que jamás cumplió los propósitos de nuestros primeros constitucionalistas.

Óscar Alarcón Núñez Foto: Archivo SEMANA

La Comisión de Acusación de la Cámara terminó su vida sin pena ni gloria. A pesar de que la llamaban de Acusaciones, quizá con la esperanza de que asumiera muchas, legalmente su nombre es singular desde hace doscientos años cuando nació con nuestra vida republicana. Fue una vieja institución que jamás cumplió los propósitos de nuestros primeros constitucionalistas.

Desde los inicios, en 1823, el Senado de la República debatió el primer proceso de que se tenga noticia, previo estudio de un organismo que luego se llamaría Comisión de Acusación. El acusado era el vicepresidente Antonio Nariño.

El 29 de octubre de 1821, el Congreso Constituyente procedió a la elección de senadores con el fin de integrar el primer congreso ordinario de Colombia, entre los cuales se escogió a Nariño. Pero sus enemigos le demandaron la elección, por las siguientes razones:

1. Por fraude al tesoro de diezmos.

2. Por conducta criminal al entregarse voluntariamente al enemigo español, en Pasto, en 1814.

3. Por no llenar el requisito constitucional en cuanto al tiempo de residencia en el país, después de su regreso de Cádiz.

El caso pasó al Senado y  una Comisión, que podría ser de Acusación,  el 15 de mayo de 1823 escuchó la encendida defensa del Precursor luego de la cual lo absolvió al declarar “válida y subsistente la elección de senador hecha en el general Nariño e infundadas las tachas opuestas a ella y que no deben obstarle en ningún tiempo a su buen nombre y fama”.

Contra caucanos

El 22 de septiembre de 1854, la Cámara de Representantes, previo estudio de una Comisión de Acusación, resolvió acusar ante el Senado al general caucano José María Obando por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones oficiales como presidente de la República y como reo de los delitos de traición y rebelión. Había sido víctima de un golpe de estado del general José María Melo.

El Senado, en la sesión del 4 de abril de 1855, declaró por unanimidad responsable al general Obando por los delitos que le imputó la Cámara y lo condenó a la pena de destitución de su cargo presidencial al mismo tiempo que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que fuera juzgado como infractor de varios artículos del Código Penal. Sin embargo esta corporación, en diciembre de 1855, lo absolvió de cargos.

La Cámara también acusó ante el Senado a otro presidente caucano, al general Tomás Cipriano de Mosquera, quien había sido también víctima de un golpe de estado, el 23 de mayo de 1867. Se le acusó por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones presidenciales, por usurpación de autoridad y por traición y rebelión”.

Mosquera se defendió recordando su trayectoria política y militar y fueron tan de peso sus argumentos que la Fiscalía, a cargo del panameño Justo Arosemena, le tocó cambiar la acusación por otros cargos: “Haber celebrado el acusado un pacto secreto con el ministro de Relaciones del Perú sobre ayuda recíproca; por prevaricato al eximir de prestar fianza de manejo al director general de Correos y por violación de la libre circulación de la correspondencia”. Fue condenado por el Senado a dos años de prisión (conmutable por destierro) y a la pérdida del empleo y de los derechos civiles y políticos.

Suárez y Panamá

En 1921 el gobierno del presidente Marco Fidel Suárez buscaba que el Congreso aprobara el tratado Urrutia-Thompson por medio del cual los Estados Unidos consagraban una satisfacción moral al pueblo de Colombia por la separación de Panamá y le daban una indemnización de 25 millones de dólares. Para tratar de impedir que esa propuesta se aprobara el representante Laureano Gómez, del mismo partido del primer mandatario, sorprendió a la Cámara en octubre de 1921 con la siguiente acusación: “Aquí tengo una copia fotográfica de la carta en que el señor presidente vende a un banco extranjero sus sueldos y sus gastos de representación”. (Entonces no había fotocopiadoras)

Más sorpresa hubo después cuando el propio presidente Suárez se presentó al Congreso en una sesión vespertina de noviembre del mismo año,  acompañado por todos sus ministros, en traje de rigurosa etiqueta, con la bandera tricolor sobre el pecho. Luego de pedir permiso para ser escuchado, con voz leve y sereno, reconoció la veracidad de los cargos y dijo que había obrado así con la más absoluta buena fe, convencido de no incurrir en defección alguna porque los préstamos obtenidos estaban respaldados con sus propios bienes y no implicaban recompensa por servicios prestados en detrimento de su deber y en contra de la patria.

Si bien el presidente Suárez perdió porque le tocó dejar la Presidencia logró que en su reemplazo se eligiera como designado a Jorge Holguín con la misión especial de conseguir la aprobación del tratado Urrutia-Thonson. No se nombró una Comisión de Acusación encargada de investigarlo pero tampoco se le resolvió situación jurídica y política sino hasta agosto de 1926 cuando la Cámara lo absolvió de cargos luego de un resonante debate en donde lo defendieron los representantes liberales Carlos Arango Vélez y Carlos Tirado Macías.

Lugar equivocado

Aristóbulo Archila era un médico y modesto político boyacense que ejercía su profesión en Sogamoso. El presidente Suárez, con el deseo de designar ministro de Hacienda a un representante de ese departamento, convocó a los jefes conservadores de esa región. Asistieron todos, menos uno, y todos se autoproclamaron para el cargo. (¡Boyacenses tenían que ser!). El mandatario, para cortar por lo sano y no molestar a ninguno de los asistentes, resolvió escoger al ausente, quien de esa manera se ganó el cargo por no asistir. Era Archila quien por esa circunstancia resultó nombrado ministro de Hacienda sin tener la más mínima idea de lo que era un presupuesto ni el Producto Interno Bruto. Quedó en el lugar equivocado. Y no solo fue ministro de Hacienda de Suárez sino de los siguientes mandatarios, Jorge  Holguín y Pedro Nel Ospina.

Quién sabe si por inimputable o por viveza se comprobó que había llevado fondos del tesoro público a sus cuentas particulares. Luego de una investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara, el Senado lo puso preso y fue juzgado. Actuó como defensor José Antonio Montalvo quien logró su absolución luego de que Archila anunció que tenía graves cargos contra sus colegas del Ministerio y de otros importantes prohombres de la patria.

Ante tamaña amenaza y encubridora absolución, Laureano Gómez, declaró: “La justicia en Colombia ha recibido inmoral agravio y su historia de rectitud se ha partido en dos: antes de la absolución de Archila y después de esa absolución”. Cualquier parecido con algo reciente, es mera coincidencia.

Cierre del Congreso

Tras los hechos del 9 de abril de 1948 el presidente Mariano Ospina Pérez constituyó un gabinete que denominó de “Unión Nacional” con participación de liberales y nombró como ministro de Gobierno a Darío Echandía, pero esa “luna de miel” no demoró mucho. El 21 de mayo de 1949 los recién llegados de ese partido se retiraron y retornó la tenaza conservadora, a pesar de la cual en las llamadas elecciones de “mitaca” el liberalismo logró 70 curules en la Cámara frente a 62 del conservatismo. Ante esa mayoría, pero también previendo hechos de orden público que pudieran suscitarse, el liberalismo patrocinó un proyecto de ley que anticipaba las elecciones presidenciales para el 27 de noviembre de 1949, a pesar de que el electo debía posesionarse nueve meses después, el 7 de agosto del año siguiente.

Los conservadores, que no eran tontos y no eran tantos, lograron que el presidente Ospina nombrara gobernadores amigos (en esos tiempos no eran electos) en los principales departamentos. El liberalismo, ingenuamente, escogió como candidato presidencial a Darío Echandía  y más ingenuo aún, intentó abrirle un juicio político a Ospina en la Comisión de Acusación. El presidente cerró el Congreso y los liberales ante la parcialidad que manifestaba el gobierno se abstuvieron de participar en las elecciones por falta de garantías. Echandía renunció a la candidatura presidencial y el mismo día que los conservadores votaban por Laureano Gómez, candidato sin contendor, los liberales concurrían a los funerales de Vicente Echandía, hermano del ex candidato. Lo asesinaron en el centro de Bogotá, confundiéndolo con el maestro, con quien tenía un gran parecido.

Luego en esta ocasión, tampoco funcionó la Comisión de Acusación, al quedar cerrada, sin inventario.

Rojas y Samper

Con base en un decreto de la Junta Militar que se hizo cargo del poder ejecutivo el 10 de mayo de 1957, tras la caída del general Gustavo Rojas Pinilla, se creó la Comisión Nacional de Instrucción Criminal, la cual recibió un sinnúmero de denuncias contra el gobierno de la dictadura, de los cuales instruyó 55 sumarios y de ellos seleccionó los que fueron a la Comisión de Acusación de la Cámara. Fue así como le abrió juicio a Rojas y le formuló acusación ante el Senado por los siguientes hechos:

a)    Abuso de autoridad por ordenar en una llamada telefónica la devolución de un lote de reses importadas, que estaba retenido en la Aduana bajo la presunción de contrabando.

b)    Concusión por exigir a la Caja Agraria, por el hilo telefónico, el otorgamiento de préstamos para él y sus consocios.

c)    Abuso de autoridad por ordenar en un telegrama la liberación de León María Lozano, alias ‘El Cóndor’ y otros dos presos.

El Senado encontró que los hechos estaban comprobados pero que el último estaba prescrito. Por los dos primeros lo declaró indigno por mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente y lo condenó a la pérdida perpetua de los derechos políticos. En 1967 el Tribunal Superior de Bogotá rehabilitó a Rojas Pinilla devolviéndole los derechos políticos.

En 1994 surgió un escándalo a propósito de la elección presidencial de Ernesto Samper. El 20 de junio de ese año se divulgaron unos cassette que contenían la grabación de una conversación del periodista Alberto Giraldo, jefe de relaciones públicas del cartel de Cali, en donde hacía presumir que los hermanos Rodríguez Orejuela habían contribuido económicamente a la campaña de Samper.

Con base en una denuncia que sobre el particular presentó el fiscal Alfonso Valdivieso, la Comisión de Acusación abrió una investigación que lideró el presidente de esa célula, Heyne Mogollón. El caso llegó a la plenaria de la Cámara la que en una sesión del 6 de junio de 1996 absolvió al presidente por 111 votos contra 43.

En los últimos días la Comisión de Acusación pretende enjuiciar al ex presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, pero como se halla moribunda por una reforma que le pone fin a su existencia, no podrá funcionar ni siquiera con tanque de oxígeno.

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