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Opinión

  • | 2006/09/09 00:00

    Otra mirada al narcotráfico

    Jorge Iván Cuervo escribe sobre la necesidad de darle otra visión al narcotráfico, un fenómeno que para él ha sido satanizado por tirios y troyanos

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Ahora que ya sabemos que el verdadero punto de inflexión del proceso de negociación con los paramilitares es la aceptación o no del narcotráfico como parte del paquete que reconoce la condición política de la lucha contrainsurgente y de seguridad privada que ellos han ejercido ante la indiferencia o la complicidad del Estado y de elites locales, muchos ganaderos, algunos comerciantes y no pocos industriales –¿Será que en las declaraciones de los desmovilizados se sabrá quién los patrocinaba y financiaba, o esa será parte de la verdad que nunca se sabrá?–, es necesario darle una mirada distinta al tema del narcotráfico, fenómeno que ha sido satanizado por tirios y troyanos, lo que impide un cabal entendimiento de su naturaleza económica, y de sus ramificaciones sociales, políticas y culturales.

Esta necesaria relectura del narcotráfico coincide con dos hechos distintos, pero que terminan confluyendo en su significado. El primero, un informe del periódico New York Times en el que se señala que el Plan Colombia fracasó en su objetivo de reducir la oferta de cocaína hacia Estados Unidos, artículo que hace parte de un clima de opinión creciente en ese país sobre que Colombia no ha hecho lo suficiente por disminuir los cultivos ilícitos, lo que de paso es un duro cuestionamiento a la política de Seguridad Democrática y, en general, a la estrategia de la vía militar para enfrentar un fenómeno de una complejidad delictiva inasible para los ideológicos y miopes asesores de las agencias gubernamentales estadounidenses encargados de librar la cruzada contra los narcotraficantes cuya agenda es calcada aquí al pie de la letra.

El segundo hecho lo constituye la polémica alrededor de la serie Sin tetas no hay paraíso, del canal Caracol, donde se muestra una faceta poco documentada sobre el narcotráfico, en una región de Colombia como lo es el Eje cafetero, acerca del impacto que ha tenido esa industria en las estructuras sociales de varias regiones del país y en la cultura misma. En el contexto de una depresión económica de las actividades tradicionales en Risaralda, Caldas y Quindío, gracias a la crisis de la economía del café; a la crisis de la industria de Antioquia y la de economía latifundista del Valle del Cauca, hoy se puede hablar de una verdadera cultura del narcotráfico que, más que una anomalía de la sociedad colombiana, algo que estaría en nuestro gen cultural –como muchos pretenden verlo con un evidente sesgo de reduccionismo–, es el resultado de una serie de factores políticos, económicos, valóricos, institucionales y familiares que, en una lectura en clave mertoniana –por el sociólogo Robert Merton–, nos hace pensar que la excesiva lectura de criminalización del fenómeno del narcotráfico nos ha impedido ver su verdadera cara: un entramado de discursos y conductas de distintos actores que se ha vuelto funcional al establecimiento y que constituye el escenario de reivindicación de expectativas de un grupo de personas que no habrían podido hacerlo en las reglas de juego definidas en el sistema político y económico predominante, lo que se suele llamar el establecimiento.

La idea no constituye ninguna novedad. Investigadores como Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, o como Darío Betancourt (q. e. p. d. por sus investigaciones sobre narcotráfico) y Martha L García, Francisco Thoumi, Ciro Krauthausen y Fernando Sarmiento, entre otros, han llamado la atención sobre la idea de mirar el narcotráfico más allá del Código Penal y ahora con la óptica de una cruzada moral. En ese orden de ideas, vale la pena rescatar del olvido la interesante investigación de Alma Mater, entidad que aglutina las universidades Tecnológica de Pereira, y las universidades del Quindío y de Caldas, llevada a cabo por los investigadores William Mejía, Guillermo Gartner, Álvaro Fernández, Gabriel Vergara y Mónica Ciro, donde se hace una radiografía económica y social de los llamadas ‘mulas’ o correos humanos internacionales de sustancias prohibidas.

El narcotráfico –qué duda cabe– es el combustible del conflicto armado y el factor que explica la persistencia de una guerra en un país con indicadores económicos y sociales similares a los del resto de países de América latina donde no se tienen esas cifras de violencia. Y, por supuesto, que el narcotráfico con su efecto corrosivo ha contaminado la política –R.H. Moreno Durán sostenía que era al revés–, las instituciones, la Fuerza Pública, la industria de la construcción, el sistema financiero, la industria automotriz, la guerrilla, los paramilitares –hoy lo vemos con especial crudeza– y, en épocas que muchos no quieren recordar por los lados de Medellín y Pereira, hasta la propia Iglesia católica. Pero también ha sido usado como chivo expiatorio y como excusa para evitar hacer lo que otros países como Colombia, con sociedades civiles fuertes y dirigencia política responsable, hacen por sus habitantes: trabajar en la consolidación de arreglos institucionales que permitan la ampliación del bienestar de las grandes mayorías.

El interés público en este país es el interés privado de la gran mayoría de políticos, y lo que se refleja en el funcionamiento de muchas instituciones es ese ethos de apropiación privada, de depredación de parte de muchos políticos profesionales que acceden al poder para su beneficio personal y el de sus redes clientelares –lo del Senador Dieeb Maloof y lo del representante Julio Gallardo son sólo los últimos casos conocidos–. Si bien concuerdo con Eduardo Posada Carbó sobre que la tesis de la ilegitimidad absoluta del Estado es necesario matizarla con la tesis de las legitimidades diferenciadas, no podemos olvidar que como trasfondo tenemos una sociedad injusta y desigual con acceso restringido a los bienes públicos y a los beneficios del Estado y del mercado que, más que de libre competencia, es oligopólico y rentista, con la protección de ese mismo poder político, en un círculo vicioso irrompible.

Así que de la mano de la investigación de Alma Mater ya aludida, se puede sostener que el fenómeno del narcotráfico, más allá de su lógica económica con excedentes exorbitantes, dada su ilegalidad –lo que ameritaría una estrategia distinta de atacar militarmente la oferta–, también constituye el mecanismo de ascenso económico y social y de inclusión de un grupo importante de personas, tanto barones de la droga, narcos de medio nivel y ‘mulas’ –allí hay que incluir las famosas prepago– que decidieron crear una vía alterna de satisfacción de sus necesidades, en una decisión racional que implica también un cálculo de costo-beneficio respecto de percepción de baja probabilidad de castigo ante la inefectividad de la justicia penal y la poca sanción social que acompaña este tipo de conductas en una sociedad que ha hecho del esguince a la ley una forma de racionalidad estratégica. El narcotráfico se ha convertido en un factor de equidad social a la brava.

Se puede afirmar que el único proceso de ascenso social y económico que se ha dado en Colombia en los últimos 30 años se dio de la mano de la industria y la cultura del narcotráfico, lo que coincide con el descuelgue de sectores de clase media y la intensidad en la concentración del ingreso, hecho que debería encender las alarmas sobre que esa actividad significa algo más que el delirio de tres o cuatro desviados sociales y corresponde a una reacción atomizada pero muy generalizada –facilitada por diversos factores propios del negocio– en muchas regiones donde el Estado se ha retirado de la provisión de servicios sociales esenciales. Así que el fracaso del Plan Colombia hay que entenderlo como el resultado de una lectura errónea de satanización del narcotráfico proveniente de la política antidrogas de Estados Unidos que impide ver su real articulación con las estructuras sociales y políticas de un país fragmentado e inequitativo en el acceso al poder político y a la riqueza, con altos índices de desinstitucionalización –reglas de juego claras, legítimas e incluyentes– que leva a estrategias equivocadas, pues se ataca la fiebre pero no la enfermedad. Y el trasfondo del tema que ha despertado la polémica sobre la serie de Caracol hay que entenderlo como el resultado de una transformación profunda en el Eje Cafetero, Antioquia y Valle, en las relaciones económicas y sociales de la mano de la crisis del café, la industria nacional y el declive del paternalismo de Estado que empuja a una serie de jóvenes a una aventura que es percibida por su entorno social y familiar como heroica, en un mundo donde cada vez hay menos posibilidades de ascenso e inclusión, jóvenes sin horizonte de mediano plazo que hacen parte de un ejército de reserva de una industria que, como la del narcotráfico, encuentra en la globalización las condiciones necesarias para reproducirse y transformarse de acuerdo con las exigencias de supervivencia que suponen las erráticas políticas antidrogas.

Sí, Pablo Escobar hizo cosas horribles, ese ascenso social de los ‘narcos’ no ha significado un mejoramiento de la cultura democrática del país ni de sus costumbres culturales, la industria del narcotráfico sigue siendo el combustible de la guerra, muchos paras son más ‘narcos’ que otra cosa –y al gobierno no le importa–, y el desempeño comercial de Pereira y de otras ciudades no se entendería sin el influjo de esa economía ilegal. De acuerdo, pero si nos quedamos en esa lectura simplista y satanizadora del narcotráfico –no me convence esa construcción discursiva predominante sobre que el narcotráfico representa todo lo malo de esta sociedad, que con cierto maniqueísmo sostiene, por ejemplo, la valiente columnista Claudia López– y no profundizamos sobre sus verdaderas raíces y entronques sociales, seguiremos sin entenderlo en toda su complejidad y atribuyéndole todos los males de la Nación, es decir, haciéndolo funcional al sistema, y asegurando su continuidad.

jicuervo@cable.net.co
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