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Opinión

  • | 1997/04/07 00:00

    OTRO MAS

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En la misma Escuela de Infantería donde hace 41 años llegó al Ejército como soldado raso, se encuentra detenido, desde hace cinco meses, uno de los mejores generales de la República: el general Farouk Yanine Díaz. Ha sido acusado de cosas atroces: de homicidio agravado, de secuestro extorsivo múltiple y de organización de grupos paramilitares. Y estos cargos, propagados a los cuatro vientos por las ONG, han sido registrados por el Departamento de Estado y por las oficinas de la ONU y de la OEA que se ocupan de los derechos humanos. Salvo sus compañeros de armas y dos o tres voces aisladas, nadie acude en su defensa. Nadie sabe de este expediente plagado de grotescos infundios; nadie grita, nadie protesta. Nuestros Dreyfus no tienen Zolas.¿De dónde provienen las acusaciones? De un tal Efrén Galeano López, que dice haber sido escolta de Yanine (y nunca lo fue, ni siquiera el general lo vio jamás) y del siniestro Alonso de Jesús Baquero, alias 'El Negro Vladimir' (a quien tampoco conoce), por 10 años guerrillero de las Farc y luego agente de grupos paramilitares y, en esta última condición, autor de las horrendas masacres de Segovia, de La Rochela y del asesinato de 19 comerciantes, el 6 de octubre de 1987. Algo inexplicable: Vladimir, condenado a 30 años de cárcel, nunca dijo, cuando fue detenido ni cuando fue juzgado, que el general Yanine tuviese algo que ver con semejante crimen, cuyo objeto real era apropiarse del dinero (700 u 800 millones de pesos) de los comerciantes. Lo dijo mucho más tarde, en 1995.¿Por qué semejante joya resuelve de pronto ampliar su indagatoria? ¿Reatos de conciencia? No, lo revela, en una declaración, su propio compañero de celda, Julián Jaimes. "Me voy a buscar unos beneficios para la rebaja de mi pena y voy a hablar lo que a mí se me venga en gana", le habría dicho Vladimir. Y lo hizo, en efecto, acusando al general Yanine como instigador de paramilitares y autor intelectual de la masacre de los comerciantes. "Hicimos una nota -declararía después en la cárcel de Palmira- donde la Fiscalía (regional de Cúcuta) se comprometía a que de acuerdo a mi información me podía dar los beneficios". Desde luego, mentir no debe ser difícil para un hombre capaz de ejecutar masacres a sangre fría. Cosa extraña, su nueva declaración parecería redactada en el lenguaje de una ONG. Contiene falsedades protuberantes. Por ejemplo, afirma que la orden de ese crimen múltiple la habría dado Yanine, a través de Henry Pérez, en vísperas del 6 de octubre de 1986 y en su condición de comandante de la XIV Brigada en Puerto Berrío. Sucede, sin embargo, que desde el primero de enero de 1985 Yanine era director de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Es decir, desde hacía 18 meses estaba fuera del Magdalena Medio, región que había logrado pacificar enteramente. Tiene, pues, a su favor, el testimonio de los 1.500 militares de la escuela contra el de un asesino reconocido. La pregunta candente es esta: ¿Por qué, pese a ello, los fiscales de derechos humanos pidieron su detención? La respuesta la podemos dar, en este país tan despistado, sólo unos pocos. La dio, por ejemplo, hace algunos días el muy respetable general (r) Valencia Tovar. Porque existe una guerra política que la está ganando la subversión, dijo. Esa guerra, desconocida para muchos, implica la combinación de todas las formas de lucha, y una de ellas, la más eficaz y contra la cual nadie hace nada, es la infiltración dentro del propio Estado, y sobre todo en el órgano jurisdiccional, de simpatizantes o auxiliares de la guerrilla. Están infiltrados en la Defensoría del Pueblo, están en la Procuraduría y en los fiscales de derechos humanos. Su víctima no es tal o cual general, tal o cual mayor. Es la institución armada. Ni más ni menos. Quieren desmoralizarla, acorralarla, crucificarla con falsas denuncias y testimonios amañados, así sean de asesinos. Enlodar y meter a la cárcel al más emblemático de los generales, al tropero que en las acciones era el primero en descender de los helicópteros y había creado una mística de combate en sus soldados y un fervor en la población campesina, es un objetivo de primera línea para la subversión. Otro éxito de su guerra política.Pero... ¿qué hacer? Esta conjura encuentra eco en hombres de bien. Por ese prejuicio antimilitar que nos dejaron dictaduras y desmanes del pasado, se tiende a admitir a priori, sin analizar ni ponderar hechos y cargos, que los militares atropellan los derechos humanos. Y no se ve la otra cara de la moneda. Por ejemplo, ese infame artículo 127 del decreto 100 del Código Penal, demandado por los altos mandos ante la Corte Constitucional, según el cual hay exclusión de pena para los sediciosos "por los hechos punibles cometidos en combate". Así, matar a un militar en combate (y la forma particular de 'combatir' de la guerrilla son los atentados y emboscadas) no tiene sanción. El Estado les da a los subversivos licencia de matar y les otorga perdón anticipado. Lo cual significa que el derecho a la vida reza para todos los colombianos, salvo para los que vistan uniforme. Para ellos no hay derechos humanos. Pueden ser muertos sin que nada pase. O injustamente detenidos, como el general Yanine. ¿Hasta cuándo estas humillaciones? ¿Qué guerra se puede ganar así?
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