¿Pagar rescate?

Es usual que el padre, el hermano, la esposa de un secuestrado en su dolor pierda el sentido de la solidaridad social y se allane a todas las exigencias de los secuestradores sin parar mientes en el daño que pueda causar. Considera que la inmensidad del perjuicio sufrido le libera de cualquier consideración. Es comprensible. Los allegados a las víctimas frecuentemente pasan por alto cualquier escollo legal, ético o moral que se interponga entre la libertad de su ser querido y lo que sea necesario para lograrla.

A pesar de ser comprensible, esas actuaciones determinan la continuidad del delito en el corto, mediano y largo plazo. La tolerancia social, además de estimular en los secuestradores su gusto por repetir una experiencia exitosa, crea un discurso "humanista" que termina conquistando opinión pública.

Y esa opinión pública atrae la atención de los políticos. Para captar el favor de las víctimas y de ciudadanía conmovida ante el dolor, apoyan y realimentan teorías y prácticas a primera vista consideradas con la vida humana, en una irresponsable danza en la que el interés colectivo es ignorado so pretexto de amparar derechos absolutos del secuestrado. No debe pasarse por alto que si bien en algunos casos el pago de rescates ha permitido recuperar la libertad de un secuestrado, en muchos casos estas prácticas han hecho más daño que provecho a la víctima que se quiso favorecer: ¿Continuaría secuestrada la doctora Ingrid Betancourt si la comunidad internacional no se hubiera mostrado tan interesada en ella? ¿Continuarían secuestrados los militares que llevan más de siete años privados de libertad, si nunca se hubiera realizado un "canje humanitario"? ¿Y qué decir, si nunca se hubiera hablado de él?

Los medios de comunicación también comparten la responsabilidad al prestar sus micrófonos a las víctimas, sin medir que la publicidad de su dolor es una de las ganancias que persiguen los secuestradores para quebrantar la voluntad de quienes resisten. Adicionalmente, una opinión pública solidaria y compasiva, pero carente de sentido crítico que crean, se confunde y cambia el sujeto pasivo de sus ataques, poniendo al Estado en el sitio del secuestrador.

La Corte Constitucional también aporta una gran responsabilidad en la consolidación del secuestro en nuestro país. En lamentable sentencia que por su claridad no requiere comentario; dijo: "Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida, lo hace en cumplimiento de un deber que la Constitución le impone". Para justificar semejante despropósito agregó: Se dice que quien paga el rescate causa un perjuicio a la comunidad porque fortalece económicamente a los delincuentes, y aumenta la posibilidad de nuevos secuestros. Hay en esta afirmación una verdad a medias, como se verá. Lo primero que debe decirse es que el riesgo de nuevos secuestros, aumenta porque las autoridades no adoptan las medidas de investigación y represión necesarias para combatir a los delincuentes. De otra parte, hay que tener presente que el peligro de perder la vida es actual para el secuestrado; y el mal social que origina la entrega de dineros a los criminales, es potencial y sólo se concreta en nuevos secuestros por la incapacidad de las autoridades.

Aunque en otros parajes de la sentencia la Corte es dura con los secuestradores, en este, que es el núcleo de ella, asigna la responsabilidad del delito al Estado. ¿Y qué? ¿Qué beneficio obtengo como secuestrado de que la Corte exonere de responsabilidad a quienes facilitaron mi plagio con los pagos previos que hicieron? ¿Qué beneficio obtengo de que se diga que la culpa la tiene el Estado? ¿Acaso con semejante sandez recupero la libertad? ¿Acaso a los 3.000 colombianos que hoy están secuestrados les importa un higo si la culpa de que los hayan secuestrado la tiene el Estado por no haber derrotado el secuestro o los secuestradores por no haberse dejado derrotar?

Lo que sí nos importa como ciudadanos es que esa teoría no fue la tesis de grado de un idealista e iluso estudiante de derecho. Fue la sentencia con que tumbó la ley antisecuestro que durante los 10 meses que estuvo vigente en 1993 redujo en más del 50% el delito de secuestro.

No para la desgracia de los secuestrados de hoy y de mañana con la decisión de la Corte Constitucional que legitimó el secuestro designando como responsable principal al Estado. Para sorpresa de todos, el presidente Uribe, nuestro Uribe, el que elegimos para que acabara el secuestro, aceptó que el Estado pagara por la libertad de un pequeño grupo de secuestrados con la libertad de 50 guerrilleros. Abandonó a su suerte a los demás secuestrados. Perdón, no los abandonó a su suerte: les advirtió que no pagaran.

Los hasta ayer solidarios, hermanos de infortunio, hoy se disputan un puesto en "la lista de canjeables".

No quisiera ser uno de los 3.000 secuestrados a quienes el presidente Uribe abandonó, a quienes les disminuyó cualquier posibilidad de rescate fortaleciendo la guerrilla con 50 nuevos combatientes salidos directamente de las cárceles, que obtendrán su libertad a cambio de unos pocos de sus ex compañeros de infortunio que tuvieron la suerte de tener influencia política. Si el presidente Uribe me discriminara de esa infame manera, lo odiaría mucho más que a mis secuestradores. Al fin y al cabo yo vote por él y a mis secuestradores no los escogí. Afirmo que los guerrilleros saldrán de las cárceles a combatir, a pesar de que en el comunicado del 23 de julio se haya dicho que viajarán al extranjero o se incorporarán a programas de reinserción, porque el Comisionado de Paz en entrevista de 22 de agosto dijo que usaría el indulto como mecanismo jurídico y la ley no prevé indultos sometidos a condiciones diferentes a las que ella misma fija.

*Consultor en Derechos Humanos