Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/02/10 00:00

Palabras que matan

No se puede entender que el presidente pueda retomar las expresiones de castaño y llamar ‘‘terroristas de civil’’ a un partido legal de oposición

Palabras que matan

Sucedió el 19 de marzo de 1990, en medio de un encendido debate en el Senado, el ministro de gobierno Carlos Lemos Simmonds aseguró: "En las elecciones del 11 de marzo el país votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc, que es la Unión Patriótica". La declaración del Ministro fue respondida por el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo Ossa: "El gobierno nos acaba de colgar la lápida al cuello''. Las palabras de Jaramillo resultaron tan proféticas como imprudentes las del Ministro.

Tres días después, Bernardo Jaramillo, abogado de izquierda que había condenado repetidas veces la violencia guerrillera, fue asesinado en el Puente aéreo de Bogotá.

Jaramillo estaba acompañado por una nutrida escolta, pero nada impidió el crimen. Un sicario, menor de edad, lo mató antes de que los guardaespaldas reaccionaran. El pistolero había sido contratado en Medellín y -según concluyó la Fiscalía- trabajaba para dos socios de Pablo Escobar llamados Fidel Antonio y Carlos Castaño Gil, los jefes paramilitares del momento.

El crimen no había sido ordenado por el gobierno, ningún indicio hacía pensar que la acalorada declaración del ministro Lemos hubiera desencadenado el asesinato, que seguramente se venía preparando antes del señalamiento. Lemos evidentemente no era responsable en el campo penal, pero si en el político. Sus palabras, para descalificar a un sector de la oposición, terminaron justificando a los asesinos.

Fue demasiado tarde cuando el gobierno quiso recoger las afirmaciones del Ministro. "Rechazamos sin ambigüedades y consideramos inaceptables las imputaciones que se han hecho sobre vínculos de la UP con actividades terroristas", dice la carta de pésame enviada por el presidente Barco al partido que sepultaba a su candidato. Pero ya nada le podía devolver la vida a Bernardo Jaramillo.

Miles de militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados por el paramilitarismo. Sus muertes, como las masacres de otras decenas de miles de personas inermes, fueron explicadas por los paramilitares con el argumento de que eran terroristas ocultos en la legalidad.

Carlos Castaño, en una entrevista con la periodista Inés Miranda, de El Mundo de España, publicada el 25 de septiembre de 2000, usó por primera vez la expresión "guerrilleros de civil". En esa ocasión, Castaño dijo: "Una organización como la nuestra se ha visto obligada a dar de baja a personas en combate y a guerrilleros de civil… Los guerrilleros son objetivo militar si están de civil o uniformados y por eso aceptamos que ordenamos la muerte de subversivos de civil".

Que un genocida pretenda legitimar sus acciones es algo que cabe dentro de la lógica criminal. Incluso que un hombre de Estado como Lemos Simmonds haya incurrido en la fatal ligereza de poner en la mira a un partido de oposición, encuentra explicación en una imperdonable irresponsabilidad oratoria que se dio en un momento y en el fragor de un debate.

Lo que no se puede entender es que el Presidente de la República -que conoce estos antecedentes- pueda retomar las expresiones de Castaño y llamar "terroristas vestidos de civil" a los miembros de un partido legal de oposición, sin que le importen las consecuencias de sus palabras. Peor aun cuando lo hace con toda premeditación, usando un canal de televisión del Estado y llamando después a las emisoras -durante dos días- para reiterarlo.

Un gobierno democrático está obligado a actuar dentro del estado de derecho. No puede calumniar aunque se sienta calumniado, ni hacer señalamientos peligrosos para sus opositores.

El Presidente tiene todo el derecho a defenderse de las eventuales acusaciones que surjan como resultado del debate sobre paramilitarismo en Antioquia, pero por las vías institucionales. No puede salirse de la Constitución, ni vulnerar la ley, con la excusa de que es "un combatiente". Tampoco puede criminalizar a la oposición para impedir que se examine su pasado.

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