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Opinión

  • | 2012/02/14 00:00

    Palacio de Justicia, camino a la impunidad

    La impresión que queda en medio de este debate, es que en los últimos días se ha organizado un impresionante aparato de poder mediático, no tanto para contribuir a que brille la justicia, como para garantizar la impunidad de todos los militares involucrados.

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La revista Semana trae en su última edición (No. 1554, pág. 34) un artículo analítico sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la condena a 30 años contra Alfonso Plazas Vega por lo de la retoma al Palacio de Justicia, titulado La teoría que condenó al coronel, el cual parte de una premisa atrevida y desemboca en una conclusión equivocada.

El artículo en cuestión explora el que considera el elemento más “controversial” de ese fallo, como es la afirmación de que dentro del Ejército de Colombia se conformó un "aparato organizado de poder" para desarrollar actividades delictivas.

Este constituiría el sustento jurídico que según Semana “es totalmente ofensivo para el Ejército”, porque tendría su origen en dos teorías jurídicas internacionales, una elaborada por el profesor alemán Claus Roxin para poder juzgar al oficial nazi Adolf Eichmann, y otra en una ley expedida en Estados Unidos a mediados del siglo XX denominada RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) creada para combatir a la mafia norteamericana.

Lo que no está probado es que ese sea el sustento jurídico (y el texto del fallo no se expresa en tal sentido), pero es lo que le sirve al autor del artículo para deducir apresuradamente, apenas en el tercer párrafo de su exposición, que “el solo hecho de que el Ejército de Colombia haya sido juzgado bajo el mismo rasero del mayor genocidio de la historia o de los herederos de la mafia de Al Capone, no solo para los militares sino para muchos juristas, no tiene ninguna presentación”.

Es posible que el fallo se extralimite cuando pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la responsabilidad de Belisario Betancur, y que le quepa razón a un editorial de El Tiempo en que tanto eso como exigirle al Ejército que pida perdón tiene “un evidente tufillo político”, pero no se puede pasar por alto lo que le dijo a El Espectador el presidente de la Sala Penal del Tribunal, Jorge Rodríguez Cárdenas, para explicar la ratificación de la condena a Plazas Vega por la desaparición de dos personas del Palacio de Justicia: "el coronel condenado no actuó a título personal".

Y si no actuó a titulo personal fue porque varios oficiales se habrían puesto de acuerdo, y es en este contexto donde se entienden –por ejemplo- las comunicaciones radiales que durante la retoma identifican al entonces Comandante del Ejército, Rafael Samudio Molina, como PALADÍN 6, quien se comunica con ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII), y le emite lo que se entendería como una orden: “esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco”.

Es por ello que en la asignación de culpas quizá son pocos los que están, porque no están todos los que son. Y si no están todos los que son no es porque no se hubieran presentado torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sino porque no se les ha podido comprobar su participación en esos crímenes de lesa humanidad. Lo preocupante de todos modos es que el artículo en referencia afirma que “no es totalmente lógico que se pueda hacer una analogía entre el Holocausto judío, la mafia de los Estados Unidos y el Ejército de Colombia”, siendo que la analogía no la establece el fallo sino el articulista, en lo que bien podría definirse como torcerle el cuello a la evidencia.

Sólo en esta tónica se entiende una afirmación consignada en el último párrafo –que adquiere el carácter de atentado al sentido común-, según la cual “se trató de un acto de guerra para el cual no había libreto y no un aparato de poder organizado, el cual por definición (…) no podía existir, pues no podía haber sido montado en dos días”. ¿Quién dijo acaso que en esos dos días, incluso en cuestión de horas, un grupo de oficiales no podía ponerse de acuerdo para torturar y borrar del mapa a todo aquel que consideraran sospechoso de pertenecer al M-19, cuando fue precisamente eso lo que las evidencias recopiladas en los últimos 26 años indican que ocurrió?

Es de presumir la buena fe que anima al autor del artículo cuando dice que “hasta ahora no se ha demostrado que el coronel hubiera ordenado las desapariciones o las hubiera ejecutado”, y no es propósito del suscrito aportar pruebas que controviertan tal afirmación, pero sí es de personas ajustadas a la lógica reconocer que la retoma se llevó a cabo mediante una fría, despiadada y demoledora operación rastrillo, donde para nada importó el elevado número de bajas colaterales ocasionadas. Y que dicha retoma incluyó –además de las ya probadas desapariciones- crímenes tan condenables como el de asesinar al magistrado Carlos Horacio Urán para depositarlo luego entre los escombros (con su cuerpo ya lavado), y que para todo lo anterior se requería contar con “un aparato organizado de poder”, de ningún modo comparable –eso sí- a los que pudieron conformar los artífices del Holocausto Judío o las mafias norteamericanas que florecieron durante la Gran Depresión.

Es por ello que estamos en completo desacuerdo con que durante la casación la Corte Suprema “tendrá que decidir si acoge la teoría del tribunal de la responsabilidad mediata dentro del aparato organizado de poder (que el articulista intenta desmoronar) o la de la Procuraduría, de que la responsabilidad penal es individual y de que no hay suficientes pruebas para condenar al coronel”, pues conduciría a pensar que la decisión se moverá entonces entre ratificar una condena injusta, o liberarlo.

La impresión que queda en medio de este enojoso, delicado e incluso riesgoso debate, es que en los últimos días se ha organizado un impresionante aparato de poder mediático, no tanto para contribuir a que brille la justicia, como para garantizar la impunidad de todos los militares involucrados. Así las cosas, no hay duda en que es injusto que el coronel Plazas sea el único que ‘pague el pato’, pero todo parece apuntar –con certera artillería- a lograr que ni siquiera sobre él caiga el peso de la justicia.

*www.jorgegomezpinilla.blogspot.com

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