Sábado, 22 de noviembre de 2014

| 2013/02/19 00:00

Palacio de Justicia: ¿la mejor defensa es el ataque?

En el caso ante la Corte IDH, la Nación decidió desaparecer a los desaparecidos. Por Nelson C. Sánchez.

Rafael Nieto Loaiza, defensor de Colombia ante la Corte IDH. Foto: SEMANA

La bipolaridad de nuestro país es alucinante. Por un lado, con bombos y platillos la Presidencia de la República inaugura una acción ciudadana por la defensa y la reparación de las víctimas del conflicto denominada 'Colombia sin heridas'. Por el otro, la representación legal del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) presenta un memorial jurídico en donde niega la existencia de desapariciones forzadas en el holocausto del Palacio de Justicia.

El rechazo público que esta última postura ha despertado no es gratuito. Hoy día, negar las desapariciones, después de un largo y tortuoso proceso de búsqueda de justicia y verdad sobre lo ocurrido en aquella trágica fecha, parece tanto como apoyar las tesis revisionistas que pregonan la inexistencia del holocausto judío. Al menos así lo toman las víctimas que dice reivindicar el Gobierno en sus actos públicos.

Esta posición le saldrá además muy costosa al país. No sólo en el escenario judicial internacional: tendrá, además, repercusiones internas graves e innecesarias. En últimas, la improvisación de la estrategia de representación jurídica internacional del Estado les puede pasar una costosa factura a la paz, la reparación y la reconciliación. Paradójicamente, las apuestas programáticas que sustentan la agenda de este gobierno y de sus pretensiones de reelección.

La intervención del equipo jurídico del Estado repitió una fórmula ya usada que ha probado ser contraproducente. Se basa en defender a los militares implicados (que no a las Fuerzas Militares en su conjunto, pues en nada defiende el honor militar la defensa de quienes en sus filas han cometido violaciones a derechos humanos) a costa de los jueces y su fallos, de las iniciativas de verdad oficiales y hasta de la política del actual gobierno.

Hace un par de meses, en el caso de Santo Domingo, el equipo asesorado por el abogado Rafael Nieto Loaiza realizó una defensa muy similar (ver documento). El argumento es que si había un error del Estado, este había sido cometido por los jueces que habían dictado las sentencias y no por quienes habían ejecutado los operativos militares. Con este argumento se echaron por la borda años de defensa estatal en los que se ha buscado demostrar que nuestra justicia es técnica, independiente y competente para solucionar estos temas sin necesidad de intervención internacional.

El resultado fue una sentencia en la cual la Corte regañó a Colombia por lo que consideró un argumento deshonesto: defenderse durante todo el trámite del caso alegando la probidad de sus jueces y sus fallos, para luego, en el último minuto, atacarlos y entrar a discutir y negar hechos judicialmente reconocidos. Un llamado de atención similar (si no más enérgico, por ser una actitud repetitiva) nos espera cuando la Corte emita su decisión final de este caso en un par de meses.

Pero los efectos de este acto irresponsable tendrán consecuencias de mayor calado en el ámbito nacional. En primer lugar, la postura de la defensa manda a la hoguera al poder judicial al poner en tela de juicio distintos fallos, entre ellos el dictado por el Tribunal Superior de Bogotá.

Ello, a pesar de que la estrategia de justicia transicional que Colombia le ha vendido al mundo como exitosa (de hecho, en eso se basó la defensa que el mismo Nieto presentó ante la Corte hace unos días en el caso de la Operación Génesis) se sustenta en un poder judicial con capacidad para hacer justicia y esclarecer los hechos del conflicto colombiano. Además, dice mucho sobre la independencia y la majestad del poder judicial que el propio Gobierno salga a atacar los fallos de las cortes de su país.

En segundo lugar, la estrategia de Nieto y su equipo contradice la versión del informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, elaborado por una serie de juristas que estudiaron a fondo la situación. Con ello, se muestra la fragilidad de los mecanismos oficiales no judiciales de justicia, como las comisiones de la verdad y los informes de memoria. Esto a pesar de que estos mecanismos son la apuesta política del Gobierno para alivianar la carga del colapsado sistema de justicia y paz (a través de los denominados acuerdos de contribución a la verdad histórica que se establecen en la Ley 1424).

Tampoco se debe olvidar que la propuesta de una Comisión de la Verdad es una de las iniciativas que consagra el Marco Jurídico para la Paz de cara a las negociaciones con los grupos guerrilleros. Ahora hay legítimas razones para pensar que el resultado de una eventual Comisión recibirá el mismo tratamiento que el de la Comisión del Palacio de Justicia. En esas condiciones, ¿quién le apuesta a una Comisión de la verdad?

Tercero, la respuesta ante la Corte no sólo se opone a la política de reivindicación de las víctimas, que incluye el reconocimiento público como una medida de reparación simbólica, sino que contradice las propias palabras del presidente. El 4 de noviembre del 2010, en el discurso emitido en el acto de homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, al conmemorarse sus 25 años, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente que entre las víctimas de los hechos había “al menos, 12 personas de las que se desconoce su paradero”.

Y Santos no se quedó allí, reconoció además que estas víctimas debían ser honradas y su verdad rescatada. En sus palabras: “No podemos olvidar tampoco, en este homenaje, a aquellos sobre los que no se tiene noticia cierta de su paradero, cuya realidad debe conocerse -¡es imperioso que se conozca!- por el bien moral de nuestra sociedad y de nuestro Estado”.

Es decir, la estrategia de Colombia es tan paradójica, que su argumento parece decir que el presidente actual es un mentiroso. Algo inédito en la Corte Interamericana y probablemente en la justicia internacional.

Finalmente, con la negación de las víctimas del Palacio se envía un confuso mensaje a la mesa de negociación instalada en La Habana. Se les dice a las partes que pueden revisitar la verdad tanto como quieran y que los acuerdos sobre esclarecimiento no necesariamente son confiables.   

En resumen, una vez más nos avalamos como Estado ante el mundo una pobre defensa a ciertos militares, en contra del Gobierno, los jueces, las víctimas y el país.

* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

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