Palacio de Justicia: pedir perdón... y algo más

Hace poco tuve un encuentro dramático en relación con la enorme dificultad que será para este país encontrar la reconciliación. Para el caso que me ocupa, el asunto estaba en relación con el tema del Palacio de Justicia, a propósito de que en la reciente publicación “MEMORIAS DE ABRIL” yo abordaba específicamente el tema desde un lugar en que estuve al centro del conocimiento de los hechos estando al lado de Álvaro Fayad y Carlos Pizarro (Capitulo “Mi versión del Holocausto”) y desde otro (Capitulo “Pedir Perdón”) en que como excombatiente reclamaba a mis compañeros por un actitud en la que, frente a ese trágico y doloroso hecho, fuésemos capaces, sin vacilaciones ni atenuantes, de pedir perdón.

El dramatismo de ese momento surgió de dos posiciones radicalmente antagónicas en el marco de una reflexión académica que había sido convocada para el tema, justo en la coyuntura en que el Coronel (R) Alfonso Plazas Vega, vinculado al caso del Palacio de Justicia, había recibido una fuerte sanción penal por el caso de los desaparecidos. Ya finalizando alguien tomó la palabra para apoyar una idea controversial que yo había sugerido un poco antes en el sentido de que con todos los cuidados necesarios, incluido el momento oportuno, el tema de las responsabilidades militares y policiales en la operación del palacio de justicia, más temprano que tarde, había que ponerlo en el marco de una justicia especial o para ser más precisos, transicional.

Pero poco después, ya saliendo del recinto, alguien a quien no conocía me cerró el paso para increparme casi violentamente por mi posición. Al lado de un repertorio de palabras fuertes llenas de ira y sentimiento, aquella ciudadana trataba de argumentar sobre lo que creía “aberrante” de mi postura aduciendo que yo no podía igualar el tratamiento jurídico que una sociedad y un estado da a personas al margen de la ley cuando estas deciden suscribir un acuerdo de paz y el que se debe otorgar, en todo tiempo y lugar a los funcionarios públicos, en especial miembros de las fuerzas armadas, cuando estos transgreden gravemente las normas y la ley.

Debo admitir que dicho reclamo es válido y debe ser escuchado y atendido. Yo sigo creyendo firmemente que si vamos en pos de la reconciliación, la enorme asimetría dada por el indulto al M19 y duras condenas a los militares por su actuación en el Palacio de Justicia, debe ser resuelta satisfactoriamente. No es solo un reclamo de los implicados y sus familias sino también de buena parte de la opinión pública. Se justifica que por un mismo hecho, aunque por actuaciones distintas, unas personas, como los exmiembros del M19 gocen de plenas garantías mientras algunos militares van hacia el pago de largas condenas?

El argumento de una justicia transicional aplicada a los militares por este caso sigue siendo el mejor de los escenarios posibles, pero no puede asumirse a cualquier costo ni de cualquier manera, pues se trata de un escenario que debe llevar al esclarecimiento de los hechos y a reparar vínculos entre ofensores, ofendidos y la sociedad. Una actitud de solidaridad de cuerpo según la cual lo actuado era una necesidad y se justificaba; enaltecer como “heroísmo” lo que a todas luces fue un exceso repudiable; no aceptar el error cometido y no pedir perdón honesto por ello, además de no estar contribuyéndose al pleno esclarecimiento de los hechos (en particular la situación de los desaparecidos), son hechos contrarios a la posibilidad de aplicar ahora un camino judicial transicional, que es, repito, el mejor camino.

Pero en contrario, si hay rectificación y colaboración, este país puede madurar hacia un perdón social y una formula jurídica para que los responsables no se “pudran” en la cárcel como es del decir más popular. La verdad debe ser plenamente establecida, los responsables deben ser enjuiciados y condenados por lo que les competa y luego si, podrán mirarse mecanismos como una ejecución condicionada de la pena.

Para quienes estuvimos en el M19 las condiciones son distintas pero persiste un requerimiento aun sobre nuestras responsabilidades que no encuentra aun su momento de ser satisfecho. Es claro que al menos en la dimensión política y moral hay responsabilidades colectivas pero en lo penal estas son solo individuales, a menos que prospere la tesis de una responsabilidad compartida que algunos sugieren es aplicable tanto al M19 como a los militares.

Pero el M19 ya firmó y ha honrado plenamente el pacto de paz que suscribió en Marzo de 1990. Violentarlo no tendría argumentos políticos y sería el peor de los escenarios para la paz ya pactada y la del por venir. Lo que sí cabe es aportar lo que pueda faltar al esclarecimiento de los hechos, enalteciendo de manera más pública, más fuerte y más colectiva la rectificación y la petición de perdón ante las victimas y la sociedad. Y avanzar con audacia hacia algo más que una parte de la sociedad aun nos reclama, pero que no debiera ser el intento por llevar a juicio con implicaciones penales al M19, sino mas bien la de rendir cuentas ante un tribunal simbólico de las más altas calidades éticas y políticas.

25 años después, en relación la toma del Palacio de Justicia, es imperativo avanzar en esclarecimiento, justicia y reparación, pero no para permanecer o abrir nuevas heridas, sino en el camino de una autentica reconciliación.