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Opinión

  • | 2017/09/19 16:00

    La pálida frontera entre política y justicia

    Si es cierto que, en el papel, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de postular a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, resulta infantil pensar que detrás de cada uno de estos nombramientos no haya un respaldo político.

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Así como el asesinato de Eudaldo León Díaz Salgado, exalcalde de El Roble, sirvió para ponerle rostro al paramilitarismo en Sucre, aliado incuestionable del uribismo --pues no olvidemos que 35 políticos de ese departamento, capturados por la muerte del exalcalde y su cercanía con alias Cadena, pertenecían a la cuerda política del expresidente--, el escándalo que sacude a la justicia colombiana ha servido para mostrarnos no solo el río putrefacto en el que se baña un puñado de magistrados y jueces, sino también para dejarnos ver los rostros de algunos togados mafiosos de la justicia que apenas empiezan a ser investigados.

El asunto va más allá de Gustavo Malo, quien se ha negado a renunciar pese al grueso de las evidencias que lo señalan, y de una Corte Suprema de Justicia que carece de los instrumentos fácticos y jurídicos para desvincularlo, y de una Comisión de Acusaciones que se ha convertido solo en un archivador de procesos o, como la han rebautizado, en una Comisión de Absoluciones, ya que de los 186 procesos contra el expresidente Uribe, ninguno, en los últimos 10 años, ha pasado de su etapa preliminar.

El asunto va más allá de Jorge Pretelt, otro socio de “los jefes paras” que, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, compró a precio de huevos enormes fincas, robadas a campesinos, y se le acusó de pedir coimas para fallar procesos. Va más allá de Francisco Javier Ricaurte Gómez, a quien se le ha señalado de ser parte de “una red mafiosa” de la justicia, comandada por Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, en asocio con José Leonidas Bustos para beneficiar fallos de políticos investigados por paramilitarismo y otros delitos, sin importar sumarle a la alta corte el desprestigio por el que atraviesa desde hace ya un buen rato y que pone en entredicho sus fallos y sentencias.

Si es cierto que, en el papel, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de postular a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, resulta infantil pensar que detrás de cada uno de estos nombramientos no haya un respaldo político. Resulta poco creíble que las dinámicas que se presentan en torno a las nominaciones, elecciones y nombramientos estén motivadas solo por una hoja de vida, y quien resulte electo no tendrá que pagar los favores, cualesquiera que estos sean, a sus nominadores y electores.

No olvidemos que en Colombia la “puerta giratoria” es una realidad. Que, en muchos casos, los méritos no son suficientes para llegar a ocupar un cargo como es una silla en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional. No olvidemos tampoco que la influencia de un grupo de funcionarios poderosos tiene en el país más méritos que cualquier carrera administrativa, que cualquier doctorado o el prestigio de la universidad más sobresaliente. Decir que las altas cortes están exentas de maquinarias políticas es solo pensar con el corazón. Las decisiones jurídicas no van en contravía de la realidad del país, y la realidad del país nos dice que en Colombia la corrupción ha penetrado hasta en los lugares menos esperados. Y uno de esos lugares inesperados es la administración de justicia.

Según Luis Fernando Otálvaro, directivo de Asonal Judicial, si alguien quiere ser elegido magistrado “debe tener el beneplácito de las direcciones partidistas y, dependiendo de la corriente del magistrado por remplazar, se confecciona la terna y luego se procede a escoger”. Esta metodología de selección y escogencia para ocupar uno de los cargos de mayor responsabilidad en el manejo de la justicia, le ha permitido a la Rama Judicial y a las altas cortes crear un sistema de cooptación mafiosa, claramente político.

Quizá esto explique porque, según Ramiro Bejarano Guzmán en su columna Los malos del paseo (17/09/2017), publicada en El Espectador, “la renuncia de Malo no fue pedida por unanimidad de todos los magistrados de la Corte, sino de sus tres salas, lo que es bien diferente. En cada una de esas salas se aprobó pedir la renuncia a Malo pero no por unanimidad, pues al interior de las mismas hay magistrados que se oponen a esa solución con el argumento de que no pueden darles gusto a los medios, porque temen que después vayan por todos”.

Lo anterior quizá pueda explicar los intereses políticos referenciados por el directivo de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro. Quizá explique también por qué la Sala Plena de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional se han opuesto siempre a cualquier reforma a la justicia que vaya en detrimentos de sus intereses personales. Si es cierto que en el papel la separación de poderes es un hecho, en la realidad de la administración del Estado las cosas parecen de otro color. Que el Congreso tenga la facultad de postular candidatos para ocupar una silla en la Corte Constitucional, limita la capacidad de maniobra de esta corporación sobre la otra. Y la limita porque al tener la facultad de la postulación, crea un vínculo soterrado que hace palidecer las fronteras de independencia que son normas en el papel.

Twitter: joaquinroblesza
E-mail: robleszabala@gmail.com

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