¿Quién dice la verdad?

En la primera entrevista concedida por el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, a Juan Gossain aquel no disimuló en reconocer que este es el momento más difícil que ha enfrentado el Proceso de Conversaciones con las FARC en los tres años que lleva. El fracaso de las medidas de desescalamiento del conflicto y el paso lento en las conversaciones sobre el punto de víctimas colman la paciencia de los colombianos y repercuten de forma negativa en los negociadores.

Además de lo que pasa en la Habana y de los territorios gravemente afectados por los ataques de las FARC y los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, hay un elemento que persiste, desde el principio de las conversaciones, y afecta enormemente la percepción del proceso y el apoyo por parte de la población: las críticas desinformadas. A partir de esas críticas que faltan a la veracidad, se han creado mitos alrededor del proceso, el más reciente, que la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición –más conocida como Comisión de la Verdad- será el mecanismo para exculpar a las FARC.

El artífice principal de ese mito es el Procurador General. Sin ningún sustento, como es típico en muchas de sus afirmaciones, el Procurador ha señalado que la independencia, imparcialidad y autonomía de la Comisión no está asegurada y que la elección de los/as Comisionados/as está supeditada a un mecanismo que favorece a las FARC. Las críticas elevadas por el Procurador parecen pasar por alto las características de la Comisión y el claro esfuerzo de la Mesa de Conversaciones por llegar a una fórmula equilibrada y efectiva en su objetivo de esclarecer hechos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto.

Las experiencias de otras comisiones de la verdad muestran, principalmente, dos tipos de mecanismos de escogencia: la designación directa por una autoridad administrativa, generalmente el Presidente (Argentina, Chile, Perú, Uganda) y la escogencia  a través de un mecanismo complejo, que incluye un panel de selección y una autoridad nominadora (Suráfrica, Kenia, Sierra Leona, Timor Oriental). El resultado de esas experiencias demuestra que nunca se puede garantizar totalmente la independencia e imparcialidad de los comisionados, pero los casos de mecanismos complejos (como el que replica la Comisión de Esclarecimiento) mostraron mejores resultados. En esos mecanismos hubo menor tendencia a que los comisionados presentaran conflictos de intereses pues se dio prioridad a criterios de escogencia como la irreprochabilidad, independencia e imparcialidad, contrario al mecanismo de designación directa donde prevalecía la representatividad de sectores.
 
Ahora bien, el mecanismo de escogencia de los comisionados acordado en la Habana, si se ve en perspectiva comparada, buscó una fórmula intermedia en aras de proteger la independencia e imparcialidad de la Comisión. Este consiste en un comité de escogencia formado por 9 personas escogidas 6 por la Mesa de Conversaciones y 3 por organizaciones o personas designadas por la Mesa. Esas 9 personas se encargarán de escoger a las 11 que serán nombradas comisionadas/os a través de listas de postulados resultado de un proceso amplio y pluralista. Es decir, conforme al acuerdo presentado por las partes, ni las FARC ni el Gobierno van a decidir quién hará parte de la Comisión.

Acordar un mecanismo complejo que no deje en manos de una sola autoridad la escogencia de los/as comisionados/as es un avance significativo. Asimismo, optar por un proceso de postulación donde se tendrán en cuenta criterios objetivos como la ausencia de conflictos de interés, el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la trayectoria en alguno de estos campos, sumado a la imparcialidad, idoneidad ética e independencia, le apuesta al pluralismo y a la aptitud de quienes serán designados como comisionados.

Claro, la implementación puede ser otro cuento, pero la certeza sobre esto no la tienen ni los equipos negociadores ni el Procurador General. Así, el análisis que se puede hacer hasta el momento debe partir de lo que asta el momento se ha acordado sin hacer especulaciones malintencionadas e infundadas.

Todos tenemos el derecho a disentir y a ser escépticos sobre todo en un momento que parece no tener salida. Sin embargo, en un escenario que se precia de ser democrático las críticas y los argumentos deben ser informados y no deben faltar a la verdad. La oposición al Proceso de Conversaciones tiene que dar el salto cualitativo de las acusaciones infundadas y los lugares comunes a las discusiones con argumentos y razones suficientes. Si como dijo Humberto de la Calle “el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal”, debemos estar listos, al menos, para dos cosas: uno, para construir a partir del acuerdo final si el fin es por bien, o dos, para pensar nuevas alternativas de solución al conflicto, si es por mal. Cualquiera que sea el resultado se debe hacer en democracia y la democracia necesita argumentos, no falacias.

*Investigadora de Dejusticia - @PMolanoA