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Opinión

  • | 2017/09/07 11:56

    Milagro papal

    La visita del Sumo Pontífice ya produce un maravilloso resultado: la difusión de un acuerdo con los elenos que todavía no existe o es secreto.

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Hay que aplaudir todo esfuerzo que conduzca a la paz –escrita así, con minúsculas– para purgar el concepto de sus connotaciones útopicas como reconciliación definitiva de la humanidad y la protocolización del fin de los conflictos; y denotar que, en puridad, refiere a la capacidad de resolver, siempre de manera parcial y transitoria, las disputas inherentes a la vida en común sin recurrir a la violencia.

Como escribir con rigor exige consultar las fuentes primarias, pues, a veces, los resúmenes periodísticos y las declaraciones de los protagonistas no son exactos, busqué el texto del acuerdo firmado por el Gobierno y el ELN el día 4 de septiembre. Transcribo lo pertinente: “Con el propósito de concretar acciones y dina´micas humanitarias, el Gobierno Nacional y el Eje´rcito de Liberacio´n Nacional, han acordado desarrollar un cese al fuego, bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situacio´n humanitaria de la poblacio´n. Este cese iniciara´ a partir del 1 de octubre de 2017 y finalizara´ el 9 de enero de 2018”. Eso es todo.

Para quien lea con cuidado es claro que allí nada se ha estipulado respecto de las obligaciones asumidas por las partes. Es decir, ignoramos cuáles sean las condiciones, que deberían ser muy rigurosas, para que el Estado se abstenga de perseguir a quienes desafían su autoridad, atentan contra la vida de los colombianos y el patrimonio común. Lo único que de ese texto surge con certeza es que han acordado “desarrollar un cese al fuego” (no que lo han estipulado) para reducir “la intensidad del conflicto armado” y “mejorar la situación humanitaria de la población”.

Esos enunciados que, por su generalidad, nos dejan en las nebulosas, generan interrogantes complicados. Si se trata de reducir “la intensidad del conflicto”, una interpretación razonable consiste en que el ELN suspendería ciertas acciones ofensivas, aunque no otras. ¿Cuáles sí y cuáles no?

Y si esas obligaciones sustantivas no existen todavía o son secretas, mal pueden la Iglesia católica y Naciones Unidas asumir tareas de verificación. Por este motivo, el comunicado suscrito por las partes se limita a señalar que los indispensables protocolos para que ellas puedan actuar se establecerán más adelante. Obvio: “No se puede ensillar sin traer los corceles”.

A falta de documentos oficiales hay que acudir a lo que dicen los jefes negociadores, los cuales, lamento advertirlo, discrepan en aspectos fundamentales. Según Juan Camilo Restrepo: “Este no es un acuerdo sobre un silenciamiento de los fusiles, es también y, sobre todo, un acuerdo para ir aliviando las tribulaciones de la sociedad civil que es la que más duramente recibe los golpes y la pesadumbre de un conflicto de esta índole”. Aun cuando no lo dijo de modo explícito, suponemos que hizo referencia a que el ELN habría asumido o asumiría el compromiso –al menos durante un tiempo acotado– de abandonar el secuestro, la extorsión y la recurrente voladura de oleoductos.

No hay tal. Según Pablo Beltrán, coordinador de los Elenos, “Si se aspira al comienzo de la negociación que el ELN haga cosas del fin de la negociación, están salidos de foco”. ‘Las cosas del fin de la negociación’ son, precisamente, los ataques a la libertad de las personas y a la infraestructura petrolera. Si estos asuntos se dejan por fuera del cese al fuego temporal este carece de sentido, a menos que se acepte un disparate: que no se va a atacar a la Fuerza Pública pero sí a los civiles y al oleoducto….

Con la arrogancia que es usual en quienes aspiran a transformar radicalmente la sociedad para hacer emerger el Hombre Nuevo, añadió el “comandante” Pablo: “Le hemos preguntado al Gobierno si está dispuesto a cesar algunos de los impuestos. Ellos viven de los impuestos y nosotros también necesitamos contribuciones (...)”. Nadie en sus cabales podría creer que el Gobierno esté dispuesto a bajar los tributos; además, carece de facultades para hacerlo. Es evidente, por lo tanto, que como la reciprocidad que le piden es imposible, seguirán los Elenos cobrando unas ‘contribuciones’ que el Código Penal denomina extorsión y secuestro, en este último caso cuando se persiguen móviles económicos.

Así las cosas, permanece abierto un interrogante complicado: ¿cuáles son los beneficios sostenibles que el Gobierno pretende lograr al suspender la acción pacificadora de la fuerza pública? No puede olvidarse que restringir la presión militar de ordinario implica una concesión injustificable a los violentos. Sin duda, el prolongado despeje del Caguán demoró la solución del conflicto con las Farc. La tregua estipulada en La Habana, por el contrario, fue exitosa por una sola razón: la guerrilla fariana ya estaba decidida a poner fin a la confrontación. Ojalá esa fuere la decisión de nuestros interlocutores en Quito.

Superadas las prisas mediáticas derivadas de la visita papal, quizás sepamos qué fue lo que se negoció (o se busca negociar) con el ELN; y si hacerlo tiene sentido en pos de lo único que, en verdad, importa: el desmantelamiento de una federación delincuencial que muchos daños ha causado y que carece de arraigo popular. Los ‘comandantes’ deberían leer, de cuando en vez, las encuestas.

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