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Opinión

  • | 2017/03/29 07:52

    ¿Para dónde va la política?

    Derrumbe del bipartidismo; Uribe y Santos, siameses pero enemistados; la influencia de las Farc en las 5 últimas elecciones; la polarización de una estrategia simplista. Esas son las pruebas de que necesitamos una política más audaz.

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El bipartidismo se derrumbó con la Constitución de 1991, los partidos históricos liberal y conservador son apenas dos de más de diez colectividades en el espectro político nacional. Los últimos presidentes de estos partidos, Ernesto Samper (liberal) y Andrés Pastrana (conservador), se vieron afectados el primero por el proceso 8.000 y el segundo por el fracaso del proceso de paz con las FARC.

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos monopolizaron la política durante los últimos 16 años, ambos fueron reelegidos, uno por Primero Colombia y el otro por el Partido Social de Unidad Nacional. Habrían podido ser 16 años de continuismo, pero no. Se enfrentaron y se dividieron básicamente por la forma como se debía tratar a las FARC, bien mediante el ejercicio de autoridad y la fuerza o a través de la negociación política y la concesión de amnistías e indultos. Podrá parecer contradictorio, pero ambos lo lograron. Uribe debilitó a la guerrilla y Santos negoció con ella. Son una especie de siameses unidos por las circunstancias, pero enemistados.

Se podría decir que las FARC han influido decisivamente en las últimas cinco elecciones presidenciales. Pastrana con la propuesta de negociación, Uribe capitalizando el fracaso de su antecesor y Santos inicialmente continuista para luego revelar que se encontraba negociando.

Dividir y polarizar a los ciudadanos ha sido la estrategia facilista de los partidos y movimientos políticos, la más efectiva para obtener votos en una sociedad decepcionada y abstencionista, la más reciente fue diferenciar entre simpatizantes de la paz y de la guerra.

La extensión de la estrategia para el 2018 parece la misma, continuar la implementación del acuerdo con las FARC u oponerse y reversar los aspectos más discutibles. Sin embargo, el tema se agota y en la medida en que los hechos se vayan cumpliendo, se perderá margen para llevarlo al próximo cuatrienio. Ahora bien, los escándalos de financiación de las campañas presidenciales del 2010 y el 2014 introducen nuevas variables que no se limitan solamente a combatir ese mal endémico que es la corrupción, sino que cuestionarán la clase política y el sistema electoral, pues en el acceso a los cargos de poder se terminan repartiendo contratos y cargos públicos como retribuciones de campaña, lo que los ciudadanos ven como bandas que reparten un botín: el Estado. En tales condiciones, el sistema se muestra vulnerable a charlatanes y populistas.

Es cierto que aún subsiste el debate entre neoliberales y socialdemócratas y que las fórmulas se enfrentan al dilema de atribuir funciones o servicios al Estado o permitir a los particulares prestar esos servicios bajo la regulación y vigilancia estatal. Más allá del debate teórico se debe contar con la financiación correspondiente, sin tener que acudir a subir más los impuestos.

En fin, superado el conflicto con las FARC y estando en curso su implementación, la política colombiana debería tomar nuevos rumbos con propuestas más audaces y pertinentes a la problemática nacional en asuntos tan importantes como superar la dependencia económica de la explotación de hidrocarburos, fortalecer las fronteras y defender el territorio, así como prepararnos para posibles desenlaces de la crisis de Venezuela que de todas formas nos afectará.

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