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Opinión

  • | 2007/11/03 00:00

    Para que no siga ocurriendo

    Conocer la verdad acerca de los vínculos entre autodefensas y Fuerza Pública nos permitirá no repetir la historia.

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Durante 10 años María lleva buscando a su hijo de 22 años que desapareció, junto con un amigo. Ella y su familia tenían un negocio en el occidente de Antioquia, y un grupo paramilitar, que al parecer quería forzarlos a venderlo por nada, comenzó a perseguirlos sin tregua. Tratando de defender a su mamá, el joven viajó a la zona con su amigo en una moto, pero por el afán, no se dieron cuenta que al uno le faltaba la libreta militar y al otro la cédula. Se esfumaron antes de llegar a su destino.

En los años de búsqueda, María pudo averiguar quién fue el jefe paramilitar que los secuestró, e incluso cree estar cerca de encontrar el lugar donde los pudieron haber enterrado. Pero sólo hasta ahora se enteró de que a los jóvenes los había detenido primero un teniente del Ejército de la Brigada más cercana que custodiaba la zona. Al ver que no tenían sus papeles en regla se los llevó al cuartel. Después de averiguar sus nombres y constatar que eran de la familia a quien los paramilitares tenían en la mira, siendo las 3 de la mañana de ese día de 1997, el teniente los entregó al jefe paramilitar de la zona, a sabiendas de la suerte que correrían.

Muchas víctimas de las AUC que he entrevistado me cuentan historias parecidas. Y muchísimas de las 90.000 registradas oficialmente en el Proceso de Justicia y Paz que se le sigue a los miembros de las autodefensas que cometieron crímenes de lesa humanidad, han contado cómo cuándo pretendieron recurrir a la Fuerza Pública para que los protegiera del acoso paramilitar, descubría con horror, que el oficial del Ejército o la Policía eran compinches de los paras. Un campesino del Bajo Cauca me relató hace poco del terror que sintió cuando fue a denunciar a la Policía de su pueblo que un paramilitar lo quería expulsar de su tierra, y cuando se acercaba a la estación vio salir al su victimario por la puerta.

Esto no es nuevo, llevamos años escuchando este tipo de denuncias. El problema es que cada vez que se habla de ello inmediatamente después vienen las negaciones: que son unos pocos casos aislados, que es invención de la subversión, que el mote ‘paramilitar’ es una estrategia de la guerrilla para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y nunca hubo tal cosa… en fin.

Como nada pasa, mucha gente, como María, aún tienen miedo a denunciar. Ella ha podido hablar con desmovilizados de las autodefensas; se ha atrevido a contar su caso públicamente, pero lo único que no se atreve, es a denunciar con nombre y apellido al teniente que, en lugar de proteger a su hijo, lo entregó a los bandidos.

Al finalizar la semana pasada la Fiscalía anunció que va a empezar a investigar a cuatro generales, nueve coroneles y siete oficiales y suboficiales retirados por sus presuntos vínculos con las autodefensas. Será una tarea seguramente mucho más complicada –e incluso peligrosa– que la que está haciendo la justicia para identificar a los políticos que cosecharon votos luego de la arremetida paramilitar.

Es, sin embargo, un paso urgente, inaplazable, en el esfuerzo por desarticular el conflicto armado que ha causado tanto dolor por tantos años. El objetivo no es llevar a la cárcel a cada teniente o cabo cómplice de los paramilitares. No. La meta sería conocer cuáles comandantes de las Fuerzas Armadas, por omisión grave o por acción, propiciaron esa para-complicidad, y cuáles, por el contrario, resistieron con valor a esta corriente corruptora. Sólo sabiendo esta verdad, la justicia podrá castigar a los superiores responsables.

Es más importante todavía contar toda la verdadera historia de paras y militares porque sólo así dejaremos de repetir los mismos errores. Será una verdad aleccionadora para todos los ciudadanos, militares o no. La enorme diferencia entre las Fuerzas Armadas legítimas y las ilegales será clara y tajante: las primeras estarán ahí siempre para proteger al ciudadano y no apelará a otras armas que las que le den la Ley y la Constitución para combatir a los enemigos; las segundas en cambio, quedarán aún más desnudas en su sinrazón por sus métodos bárbaros y crueles.

Hay quienes creen que destapar estos nexos puede debilitar a las Fuerzas Armadas, y que esto sería riesgoso mientras el conflicto armado siga vivo. Creo que es al revés. Solo exponiendo esta vergonzosa verdad al público, podrá la Fuerza Pública desterrar para siempre de sus filas a aquellos que sigan pensando en defender a la democracia pisoteándola, y en proteger sus valores, violándolos. Es eso mismo lo que les granjeará mayor apoyo de la población en las zonas de conflicto y les dará un pie más firme para combatir a los grupos armados ilegales.

Todavía hay demasiados militares que piensan en que “todas las formas de lucha” son válidas para combatir a la guerrilla. Si no fuera así, no habrían crecido las ejecuciones extrajudiciales en un 66 por ciento entre 2002 y 2006, como lo documentó una investigación de organizaciones de derechos humanos de varios países. Tampoco estaría la Fiscalía acusando a seis militares, como anunció el viernes pasado, por homicidio agravado de dos campesinos a los que sacaron engañados de sus tierras con ofertas de trabajo, y que después aparecieron como muertos en combate. Actuaciones como éstas son las que ha llevado al Congreso estadounidense a congelar 110 millones de dólares de ayuda militar para Colombia, según reportó El Tiempo en días pasados.

Los hechos ciertos de esta relación oscura entre paramilitares y militares son harto opacos para la opinión pública colombiana, pero las noticias sueltas cunden, al igual que las acusaciones ligeras. Por eso será bueno que se haga justicia: se castiguen a instigadores y cómplices y, a la vez, se limpie definitivamente el nombre de quienes han combatido con honor para defender la democracia. Ellos lo merecen.

También las miles de Marías tienen el derecho a que se sepa quiénes fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía que han debido proteger a sus hijos y, en cambio, se convirtieron en sus verdugos. Y la sociedad necesita que se diga que eso estuvo mal y no se debe volver a hacer.
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