¿Qué hacer con las consultas populares?

El crecimiento del fervor en los territorios con las consultas populares es inversamente proporcional al temor que las mismas despiertan entre las élites colombianas. Mientras la gente en los territorios está feliz de poder pronunciarse, por fin, sobre temas que les preocupan y que consideran fundamentales para su futuro; en los salones bogotanos se habla de desinstitucionalización y el peligro de que las consultas sigan avanzando.

Las consultas populares son una expresión legítima de las opiniones de los ciudadanos. Y el hecho de que estén funcionando demuestra que la democracia ofrece escenarios institucionales para tramitar los conflictos y las demandas de los ciudadanos. Son una muestra de salud democrática, no de desinstitucionalización.

El problema con las consultas populares es que, tal como han venido funcionando, convierten la discusión democrática en un juego de suma cero, es decir, o se gana todo o se pierde todo. O se dice sí o se dice no. No hay puntos intermedios. Sin embargo, la democracia y la evolución de las instituciones democráticas constituyen una permanente búsqueda de opciones intermedias. En una democracia nadie obtiene todo y deja al contrario sin nada, por esta razón, tal como lo explica magistralmente Bernard Manin, los gobiernos se basan en concesiones que permiten los consensos entre los distintos grupos.

Por tanto, la forma de afrontar el reto que las consultas populares plantean es entender que se deben mejorar sus procedimientos para que pasen de ser juegos de suma cero, donde unos ganen y otros pierdan, a juegos de suma positiva, que permitan que todos ganen. O como lo suele calificar el experto peruano Carlos Monge, que no sean conflictos de resistencia, nosotros contra ellos, sino conflictos de convivencia, donde se discuta cómo vivimos nosotros con ellos.

Para conseguir este propósito las consultas populares deben adoptar las metodologías propias de la democracia deliberativa, tales como las que se han puesto en marcha en Canadá, en Islandia, en Irlanda, en los Países Bajos y en estados como California. El método consiste en deliberar más y mejor, que la campaña no sea entre un sí y un no, sino que se pueda llegar al fondo de los problemas y las preocupaciones, que se puedan examinar todas las opciones facilitando el diálogo con los expertos y con todos los implicados.

El proceso deliberativo no recorta la democracia, sino que la amplía, porque permite que la ciudadanía se enriquezca con el diálogo, porque permite que todas las posiciones se escuchen, mejora el intercambio de argumentos y permite encontrar puntos intermedios, puntos de convivencia entre los miedos y las preocupaciones de la gente y las ofertas y posibilidades que ofrecen nuevas fuentes de riqueza y crecimiento. Permite que se compatibilice el derecho al desarrollo de las mayorías con el derecho a la protección de sus identidades de las minorías.

Como decía el Presidente Virgilio Barco, y antes de él, Franklyn Delano Roosevelt, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Se equivocan las élites temerosas del pueblo si cree que la solución es recortar los derechos de los ciudadanos. Nadie sensato puede creer que la minería o el petróleo es viable en el siglo 21 si se hace en contra de las comunidades. La minería y el petróleo se extrae con la gente, no contra la gente y se extraen para beneficiar a la gente, no para perjudicarla. Estos son los estándares con que se maneja la industria extractiva en los países de mayor institucionalidad.

Un proceso deliberativo mostraría que una industria extractiva incluyente y respetuosa de los derechos de la gente es posible. Muchos empresarios del sector son conscientes de ello y lo que se requiere es construir un frente común para que la industria extractiva supere los males y errores del pasado (que hay que empezar por reconocerlos y asumirlos) y que el gobierno empiece a trabajar en un nuevo marco de gobernabilidad para el sector extractivo.

Consultas populares sí, pero mejores que así.