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Opinión

  • | 2007/03/03 00:00

    ¿Para quién trabaja la Fiscalía?

    La primera pregunta que surge es: ¿por qué el presidente recibe información privilegiada sobre un proceso que implica a uno de sus hombres de confianza?

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Nuevamente están en entredicho la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía. En esa entidad, el gobierno y sus amigos reciben el tratamiento más benévolo posible y acceden a información privilegiada sobre los procesos.

Hace unos días el propio Presidente de la República contó que el Fiscal General lo había llamado para reportarle la conveniente preclusión de dos de los procesos contra Jorge Noguera, el ex director del DAS y ex cónsul en Milán, cuya suerte tanto preocupaba al jefe del Estado.

La situación resultó bastante exótica porque horas antes el abogado de Noguera le había informado a la prensa que su cliente había sido detenido bajo los cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Mientras el abogado hablaba con los periodistas en la puerta de la entidad, la decisión del fiscal del caso cambiaba unos pisos más arriba.

Después de eso, la justicia habló, pero por boca del Presidente de la República, ex jefe y nominador del procesado: "El Fiscal General me ha dicho que se ha ordenado la detención de Jorge Noguera por concierto para delinquir con el paramilitarismo. Que se excluye el tema de homicidio, que se excluye y se precluye el tema de fraude electoral".

La primera pregunta que surge es: ¿Por qué el Presidente recibió información privilegiada sobre un proceso que implica a uno de sus hombres de confianza? Hasta ahora el doctor Mario Iguarán ha evadido hábilmente la respuesta. La Constitución sólo autoriza al Fiscal General para entregar información al jefe del Estado cuando de esa información dependa el mantenimiento del orden público.

Vamos a ver cómo demuestran que la captura de un ex funcionario, con presuntas relaciones con paramilitares, amenaza el orden público en Colombia.

Pero ahí no para la cosa. La directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, Maria Fernanda Cabal, quien a su vez es la esposa del presidente de Fedegán, le reprocha a un fiscal de derechos humanos que haya llamado a indagatoria a un grupo de militares por la masacre de San José de Apartadó. ¿Por qué la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, sin ninguna atribución legal para ello, interfiere la decisión autónoma de un fiscal de derechos humanos?

La señora Cabal de Lafaurie, llamada 'la canciller de la Fiscalía' por la página oficial de la entidad, entrega además al Ministro de Defensa copias de su carta y de la respuesta que recibió del jefe de la unidad de derechos humanos. Para quién trabaja la directora de derechos humanos, ¿para la justicia o para el gobierno?

Poco después de que el ministro Santos hiciera uso público de la filtración de la 'canciller de la Fiscalía', se conoció que el fiscal que maneja el caso de San José de Apartadó presentó su renuncia y que lo propio hará el jefe de la unidad de derechos humanos. A quién respaldará el doctor Iguarán ¿a los fiscales o a la esposa del dirigente gremial que tanto le ayudó a administrar ciertos secretos?

Cuando el gobierno quiere sacudirse las banderillas de la para-política, lanzando lodo a sus opositores, surge en la Fiscalía -qué casualidad- una orden de captura contra un ex asesor de Horacio Serpa.

El señor Horacio Duque, a quien no conozco y cuyos escritos -que sólo ahora he leído- no comparto, es pintado como el padrino del narcotráfico de las Farc. El país en general, y la prensa en particular, tendrán que ver con lupa las pruebas contra él porque -de pronto- lo que quieren cobrarle son las opiniones que expresa por Internet. Esas opiniones pueden resultar controvertibles y molestas para mucha gente, pero no convierten a su autor en un delincuente.

El doctor Iguarán tiene nuevamente la oportunidad de demostrar que es el Fiscal general de todos los colombianos y no sólo el viceministro de un gobierno empeñado en desprestigiar a sus contradictores.
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