Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 1997/06/23 00:00

PARAMILITARES

PARAMILITARES

Asesinan a Mario Calderón y a Elsa Alvarado, defensores de los derechos humanos: es decir, gente preocupada por el hecho de que las autoridades maten a la gente. Y la prensa en general califica el hecho con Cautela: "ambientalistas", "funcionarios del Cinep", "investigadores", "inocentes ciudadanos", "ex sacerdote". Y sus suegros, que estaban ahí de visita. No: no es eso. Eran todo eso, pero no los mataron por eso. La prensa es cautelosa, pero los funcionarios públicos que comentan lo que llaman "insuceso" (y es más grave que eso: no es una simple defunción accidental, sino un asesinato) llevan su cautela hasta el límite de la cobardía: "rechazo", "repudio", "honda preocupación". En un comunicado, el ministro del Interior Horacio Serpa se limita, en nombre del gobierno, a "expresar su más enérgico rechazo y preocupación por la ola de violencia política desatada por fuerzas al margen de la ley", y ataca a "los mal llamados grupos paramilitares, que son uno de los mayores generadores de violencia". Y el comandante de la Policía de Bogotá, general Teodoro Campo, escoge el cinismo: el triple, casi cuádruple (sobrevivió mal herida la madre de Elsa Alvarado), casi quíntuple (al niño no lo mataron porque la abuela lo escondió en un armario) asesinato fue simplemente "una equivocación"; y pensar que los asesinos fueran paramilitares es "una mera hipótesis". Cito textualmente su declaración, tal como la publicaron los periódicos:"El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Teodoro Campo, dijo que 'se trata de un crimen extraño, pues las personas asesinadas no tenían antecedentes delictivos o enemistades'; pero estimó que atribuir su autoría a los paramilitares 'es una mera hipótesis'. El oficial sostuvo que también podría tratarse de una equivocación. 'Creo que los asesinos intentaban acabar con otras personas, pues no quiero vincular su muerte con las actividades que desarrollaban en el Cinep', dijo". Tampoco es eso, y el general Campo tiene que saberlo perfectamente, salvo que sea un inepto. Más acierta el propio Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) en el que trabajaban dos de los asesinados: "Esta nueva masacre es parte del hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales y sociales que organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares han desatado en el país". El cinismo del general de la Policía es revelador. No sirve, claro está, de plena prueba, pero en materia de masacres el cinismo suele ser casi una confesión de parte. La cobardía de los funcionarios civiles, reflejada en el comunicado del Ministro, es cómplice: llevan muchos años asegurando que quien asesina en Colombia son "fuerzas oscuras", "al margen de la ley". Pero lo más preocupante del todo el 'insuceso', como de tantos otros insucesos acaecidos en los últimos dos decenios o más, es la cautela de la prensa. "Ambientalistas rechazan asesinato", dicen los periódicos, como quien se desentiende, con la excepción de un par de columnistas. Y no son sólo los ambientalistas, ni únicamente el Cinep, ni dos o tres columnistas quienes deberían "rechazar", "repudiar", etcétera, la masacre cometida, sino la prensa en masa, todos los que se ocupan de informar y de opinar en Colombia, la que tendría que, no sólo repudiar y etcétera, sino exigir responsabilidades a las autoridades civiles y militares por las innumerables y siempre impunes masacres cometidas por los paramilitares, de las cuales ésta es sólo la más reciente, pero sin duda no la última. En un país en donde la oposición política no existe, pues ha sido aniquilada ya por las "fuerzas oscuras", sólo la prensa puede exigir responsabilidades a los generales cínicos, a los ministros cómplices y cobardes, y a sus superiores. Porque en este país se mata con el consentimiento de las autoridades. Y eso lo sabe toda la prensa. Su oficio, ya que no su conciencia, debería obligarla a denunciarlo.Por mi parte, suscribo desde estas páginas la "mera hipótesis" del Cinep: esta nueva masacre es parte del hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales y sociales desatada por los organismos de seguridad del Estado y, bajo su protección, por los grupos perfectamente bien llamados paramilitares.

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