Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/05/26 00:00

Parapreguntado

Rafael Guarín enumera todas las preguntas que se están haciendo los colombianos acerca de la crisis más compleja de los tiempos recientes en el país

Parapreguntado

La coyuntura actual es de las más convulsionadas en los últimos años en Colombia. A las escandalosas revelaciones que vinculan al paramilitarismo a funcionarios del gobierno, generales, multinacionales y grupos económicos, se sumó la captura del gobernador de Cesar y de políticos que pactaron con las AUC un acuerdo para “refundar la república”.

También trascendió que paramilitares delinquen desde su lugar de reclusión y un plan de espionaje a líderes de oposición, funcionarios y periodistas que data de hace más de dos años. La confusión aumentó con la fallida y absurda propuesta del presidente Álvaro Uribe de liberar unilateralmente guerrilleros presos, sin descartar terroristas y autores de crímenes de lesa humanidad, coincidente con la fuga del subintendente Pinchao, secuestrado por las Farc durante nueve años.
El momento es propicio para plantear las siguientes preguntas:
¿Qué pensará el embajador en México, el ex fiscal Luis Camilo Osorio, de haber precluido precipitadamente el proceso que se adelantaba al general Rito Alejo del Rio y de su pasividad ante las denuncias de intervención de los paras en las elecciones 2002? ¿Qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para presentar resultados en la investigación a Osorio? ¿Existiendo nuevos hechos, el fiscal Mario Iguarán no deberá investigar la conducta de su antecesor y de los funcionarios de esa administración?

¿Por qué si el procurador general, Edgardo Maya Villazón, niega enfáticamente haber tenido vinculación alguna con la campaña de Hernando Molina a la Gobernación de Cesar en 2003, en esa oportunidad llamó entusiasmado a miembros de la Dirección Nacional del Partido Liberal para agradecer el apoyo recibido? ¿Existe alguna diferencia entre la situación que llevó a renunciar a la canciller Araújo de la que tiene el Procurador respecto a sus hijastro y sobrino en la cárcel?

Si el presidente Uribe se muestra neutral frente a la actuación de la justicia contra los para-políticos, no ha sido igual en el caso del ex director del DAS Jorge Noguera. ¿Podrá abstenerse de intervenir cuando las acusaciones apuntan contra los primos Santos, Vicepresidente y Ministro de Defensa?

¿Será cierta la versión de que el ex general Iván Ramírez, sindicado por Mancuso como promotor de la conformación de grupos paramilitares, tiene al día de hoy vínculos con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS? ¿Responderá su director?
¿Mancuso contará si el gobierno estadounidense mantuvo relaciones con los paramilitares? ¿Es creíble que la embajada de Estados Unidos no tuviera información de los pagos de multinacionales a los paras? ¿Ha sido tan fútil la defensa de sus empresarios que tampoco se enteró de los problemas de Chiquita Brands y de su complicidad en el tráfico de 3.000 fusiles con destino a Carlos Castaño? ¿Es veraz lo dicho por Vicente Castaño sobre la participación de un miembro de la CIA en reuniones con la cúpula paramilitar? ¿En todo esto tuvo algún papel esa agencia?

Por otro lado, ¿es cierto que el gobierno colombiano no estaba enterado que inteligencia de la Policía realizaba interceptaciones telefónicas a los narcoparamilitares presos en Itagüí? ¿Lo prudente no era precisamente que se efectuaran dichas interceptaciones para evitar una nueva Catedral? ¿Debe el gobierno hacer pública la lista de personas espiadas? ¿Quién tiene las grabaciones? ¿Si los mandos de la Policía no conocían la operación, estaremos en un caso de infiltración paramilitar? ¿Qué opinará el coronel Mauricio Santoyo, antiguo secretario de seguridad de la Presidencia y experto en ‘chuzar’ las comunicaciones de las ONG en Antioquia?

Más interrogantes surgirán en la medida que los paramilitares sigan hablando. Los posibles afectados deben estar muy preocupados por evitar que la verdad toque a sus puertas. La extradición, contrario a lo que creíamos, puede ser en este momento una salida para todos los involucrados. Levantar los “beneficios” de la Ley de Justicia y Paz y activar la extradición les dará oportunidad de negociar una baja pena en Estados Unidos por narcotráfico, al tiempo que podrán callar la verdad y proteger a sus cómplices en la política, economía y fuerzas militares.

De comprobarse que los narcoparamilitares delinquieron tras las rejas, lo que procede es aplicar las penas ordinarias, mucho más severas con sus delitos, y extraditarlos una vez éstas se hayan cumplido. Es una nueva prueba para el liderazgo del presidente Uribe y un reto histórico para la sociedad colombiana.
www.rafaelguarin.blogspot.com

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