Miércoles, 1 de octubre de 2014

| 2013/08/17 00:00

Parar a Nicaragua y desacatar el fallo

En Colombia hay total acuerdo en que el fallo del Tribunal de La Haya es un exabrupto.

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Mientras el gobierno de Santos anda empantanado entre comisiones y recomendaciones, el régimen expansionista de Nicaragua está procediendo por las vías de hecho y cada vez con más osadía y desvergüenza contra los intereses colombianos en San Andrés. La actitud timorata, ambigua y vacilante del gobierno colombiano ha despertado el apetito de esos chavistas centroamericanos. Por el camino de la duda y la indecisión vamos a seguir perdiendo todo, no sólo la soberanía, sino la dignidad nacional.

En Colombia hay total acuerdo en que el fallo del Tribunal de La Haya es un exabrupto, es injusto y viola principios elementales de la jurisprudencia internacional. En eso estamos todos de acuerdo. Por eso, ante semejante estropicio que es evidente y de bulto, es inútil y perjudicial tratar de buscar responsables nacionales por una decisión infame que recayó exclusivamente en un puñado de equivocados o tendenciosos jueces internacionales. Todos los gobiernos anteriores hicieron lo que tenían que hacer para defender nuestros intereses en el archipiélago de San Andrés, presentaron los argumentos jurídicos e históricos correctos, se asesoraron de los mejores especialistas y buscaron el respaldo de un sólido consenso nacional que ha incluido a todos los partidos políticos, para defender nuestra soberanía en esa área. El gobierno actual continuó con esa misma línea de acción hasta cuando se produjo el malhadado fallo. Y lo hizo bien.

Fuimos fieles a nuestra tradición de confiar en los tribunales y en la justicia internacional. Con esa confianza, nadie habría podido anticipar durante los largos años que duró el proceso que el Tribunal de La Haya fuera a emitir semejante fallo tan evidentemente injusto. Cuando, pocos días antes de que se conociera, la Canciller Holguín advirtió sobre el eventual carácter “salomónico” del estropicio,  ya era demasiado tarde. Los colombianos jugamos limpio y bien en ese juicio, pero los jueces no fueron justos, ni neutrales, ni se apegaron a las leyes internacionales. Insisto, la única responsabilidad de ese fallo es del susodicho tribunal y de nadie más, no debemos dividirnos buscando responsables en casa, porque aquí sencillamente no los hay.

Pero una vez producido el fallo, el problema es qué hacer con él. Y es entonces cuando empieza el debate. Antes de entrar en tecnicismos jurídicos, hay que tomar una decisión política de fondo: se acata o no se acata el fallo. Acatar el fallo pero no acatar sus consecuencias no es serio, ni lleva a ninguna parte. Acatar el fallo pero interponer demandas, objeciones, revisiones o matizaciones, tampoco es serio, ni responsable, ni realista. El mismo tribunal que emitió semejante esperpento jurídico es el que va a decir la última palabra sobre esas demandas. Con toda seguridad no se va a contradecir a sí mismo. Ya conocemos su talante y le hemos perdido toda la confianza. Este es un pataleo que no conduce a ninguna parte y que tiene el enorme problema de que significa, de hecho, acatar el fallo. Y una vez acatado, será más difícil desacatarlo.

Así pues, si la única salida es no acatar el fallo, entonces hagámoslo de una buena vez. Hay que decirlo hasta el cansancio: no sería la primera vez que un país desacata un fallo de ese tribunal. Lo han hecho ocho países de la más diversa índole: Francia, Islandia, Argentina, Rumania, Estados Unidos, Islandia, Nigeria y Malasia han desacatado fallos de ese tribunal. Varios de ellos no han acatado fallos relativos a delimitación de aguas, como el caso nuestro con Nicaragua. Sin embargo, ninguno de esos países ha sido condenado por desacato, ni ha sido expulsado de la comunidad internacional, ni ha sido objeto de sanciones, ni ha perdido seriedad ni confianza ante terceros. Por el contrario, han ganado reconocimiento y respeto por sus actitudes dignas y soberanas. Colombia sería solamente un caso más de desacato, y conservaríamos nuestra integridad territorial.

Pero Santos no lo hace porque teme que se le caiga toda la estantería prochavista de su política internacional. En efecto, un enfrentamiento con Nicaragua provocaría la solidaridad del chavismo en contra nuestra, y eso sería insoportable para Santos, quien ha basado su política externa en el arrodillamiento ante el chavismo. Los diálogos de paz podrían tambalear, producto de la solidaridad de las FARC y de Cuba con Nicaragua, y eso también sería insoportable para Santos, que usa esos diálogos como la hoja de parra para cubrir las vergüenzas de un gobierno sin nada que presentar ante la opinión.

En consecuencia, la integridad territorial de Colombia se podría ver sacrificada sin remedio por el fallo injusto y caprichoso del Tribunal de La Haya y por el miedo del gobierno Santos a rechazarlo. Es en este estricto sentido que Santos tiene la responsabilidad histórica sobre la pérdida de nuestro mar territorial. Porque, a pesar de que la alianza con el chavismo no ha ocasionado ninguna ventaja a nuestros intereses nacionales, y de que los diálogos de paz corren inevitablemente hacia el fracaso, Santos prefiere perder el mar de San Andrés a defenderlo al rechazar el fallo de La Haya y detener el expansionismo chavista de Nicaragua.

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