Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2017/05/10 09:28

    Taxistas contra la ilegalidad: el diablo haciendo hostias

    La justicia está en mora de actuar contra propietarios de taxis y empresas afiliadoras que no contratan ni pagan prestaciones sociales a sus trabajadores y el gobierno de actualizar la normatividad acorde con las nuevas realidades

COMPARTIR

Desafiante, atrevido e inexplicable que las muy informales empresas que dominan la actividad del taxi en Colombia, se lancen a realizar un paro contra la ilegalidad.

A la luz de las normas vigentes en materia de transporte, algunas actividades de Uber, Cabify y las demás empresas digitales que operan en Colombia para mover pasajeros son, sin duda, ilegales. Pero en el irrespeto por la ley, les llevan años de ventaja las empresas tradicionales y algunos dueños de taxis, que esclavizan y explotan a los taxistas, un universo de más de un millón de colombianos, la mayoría de los cuales trabajan en jornadas de 14 y más horas, sin contrato de trabajo, ni prestaciones sociales.

Es un esquema perverso en el cual los taxistas cargan con todas las obligaciones, en total desprotección. Tienen que pagar al propietario 80 mil pesos diarios por el alquiler del taxi, más el valor de la gasolina, más el plan de celular para la aplicación móvil o de la radio frecuencia, el lavado diario del vehículo y un depósito de cinco mil pesos por jornada para eventuales gastos de mantenimiento.

Sus ingresos dependen de lo que recauden, deben asumir por su cuenta los riesgos de accidentes, atracos y otras contingencias y no tienen vacaciones, cesantías, caja de compensación, ni afiliación al sistema de salud, ni al de pensiones, ni al de riesgos profesionales.

Para justificar esta agresiva forma de esclavitud y para burlar la ley, propietarios y empresas sostienen que la relación es comercial y no laboral y que los taxistas son arrendatarios y no empleados.

Una sentencia de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 17 de abril de 2013, los puso en su sitio. Precisó que si bien los contratos celebrados entre los conductores y los dueños de los taxis son verbales, existe una clara relación laboral entre el conductor, el propietario y la empresa que afilia el taxi. Reconoció a los conductores de taxi como trabajadores con todos sus derechos laborales y de prestaciones sociales, a cargo del propietario del vehículo como empleador y de manera solidaria de la empresa afiliadora, en las condiciones señaladas por la ley.

El sistema que crearon desde los años 80 en la capital, Uldarico Peña y José Eduardo Hernández, se expandió en el país y creció descomunalmente gracias a la tecnología de entonces –servicio puerta a puerta a través de radio comunicaciones- y a normas que obligaron la afiliación a empresas y limitaron el número de taxis. De ahí surgieron los “cupos” -100 millones para afiliar un carro en Bogotá, directamente a las arcas de las empresas-. Un oligopolio que tambalea con la irrupción en los últimos tres años de Uber y otras aplicaciones de la economía compartida que les están devorando amplias porciones del mercado (en Colombia Uber ya está en 19 ciudades, tiene 53.000 conductores registrados y 1.5 millones de usuarios).

No es cierto que la movilización busque “una redignificación del gremio de taxistas”. Es la defensa de los intereses particulares de los propietarios y de las poderosas y opulentas empresas de los taxis contra competencia que consideran ilegal.

Desde el punto de vista de la tecnología no lo es. La Ley 527 de 1999 autoriza y aporta garantías al uso de plataformas electrónicas en el país. En el terreno del transporte público las plataformas si son ilegales lo cual no augura mal futuro a su funcionamiento, sino denuncia la frivolidad y la incompetencia del Ministerio del Transporte y de las demás autoridades de tránsito para actualizar las normas a las nuevas realidades. Esa incompetencia explica fenómenos como el auge del mototaxismo, el bicitaxismo y el transporte pirata en ciudades y pueblos, la competencia desleal de buses que arruina a varios sistemas masivos de transporte, o el control por ilegales de algunas empresas de buses y camiones.

Intentaron regular el “servicio de transporte público especial” con el decreto 431 del 2017, un esperpento que entrega esa actividad a las empresas explotadoras de taxistas, cuando el reto principal era modernizar la normatividad, dramáticamente rezagada respecto de los avances de la tecnología.

La expansión de las aplicaciones, del “carsharing”, del “carpooling” y de todo lo que trae la nueva economía no se podrá frenar por decreto ni por ley. Los retos ambientales que plantea la congestión en las ciudades exigen apoyar y no reprimir nuevas formas de transporte. Hay que abrir y rediseñar el sistema, con una normatividad nueva, concertada, que consulte y respete las nuevas realidades y que en lo relativo a las empresas tradicionales, ponga fin a la agresión social a los taxistas, la parte humilde y débil del negocio, 87.7% de los cuales hoy no tienen seguridad social.

Sorprende mucho la osadía de la protesta promovida por los propietarios de taxis y por las empresas afiliadoras. Se tendrían que haber mirado en el espejo de los dirigentes camioneros –varios judicializados y presos- para entender el costo de acudir a las vías de hecho, cuando se es, como ellos, infractor permanente y grave de la ley.

@germanmanga

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.