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Opinión

  • | 2017/08/03 15:18

    ¡Paso de vencedores!

    Las Farc van camino de ser el más joven y poderoso de los partidos políticos.

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Desde hace algún tiempo noto que me insultan con parecida intensidad castrochavistas y guerreristas. Podría ser porque mis posiciones son confusas o, quizás, porque se alejan de una y otra orilla del foso que nos divide, y que se irá ensanchando -lamento decirlo- en tanto avanzamos hacia los comicios del año entrante.

Es incuestionable que las Farc, en sus cincuenta y dos años de existencia, han causado enormes males a Colombia, en especial -qué ironía- a la población rural más pobre de nuestro país a la que dicen representar. Nacidas en el contexto de la Guerra Fría, al igual que los movimientos armados de otros países de la región, pudieron subsistir la implosión de la Unión Soviética y el fin del apoyo de Cuba gracias al poderoso motor del tráfico de drogas, a la abrupta geografía que tenemos y a la precaria presencia del Estado. Como consecuencia de estos factores pudieron sobrevivir, al igual que los Elenos y otros grupos violentos, pese a que en el resto de América Latina los movimientos subversivos habían desaparecido.

El presidente Santos acertó en la escogencia del momento para iniciar las negociaciones de paz. El Acuerdo Final logra el desmantelamiento de ese grupo armado al que se le abren espacios generosos para incorporarse a la sociedad, ganarse la vida por medios pacíficos (incluso como funcionarios públicos), actuar en política y gozar de amplias prerrogativas en materia penal.

En la estrategia de paz que se adelanta hay tópicos contenciosos, tales como la conversión de las zonas de concentración en pueblos farianos, que no se llaman así pero que eso son. La posibilidad de que los autores de crímenes de guerra, si confiesan sus delitos y reparan a sus víctimas no vayan a la cárcel (más que dinero, lo que se persigue son ceremonias de perdón y cánticos de paz), pero sí al Congreso, aunque bajo la condición de que siembren lechugas los fines de semana. Contra toda evidencia, el Acuerdo Final (AF) les limpia la cara de narcotraficantes, pero tomando la precaución de que esos delitos puedan ser considerados políticos; es decir, justificados, en aras de un noble designio de transformación social. (Sé que exagero un tris).

Comparto todas esas prerrogativas con una sola condición: que las Farc actúen de buena fe o, lo que es lo mismo, que hayan abandonado su vieja costumbre de “combinar las formas de lucha”: mítines y discursos en la ciudad; plomo y extorsión en el campo. Al día de hoy, en lo esencial han cumplido y continuarán haciéndolo, creo, por una razón poderosa: lograron el que ha sido calificado como “el mejor y más completo acuerdo del mundo”.

Preocupan, sin embargo, los costos institucionales derivados del Acuerdo, que son exorbitantes habida cuenta de la correlación de fuerzas cuando se abrió el proceso de negociación. Para ese entonces la superioridad de la Fuerza Pública era avasalladora, los dirigentes farianos estaban cayendo uno a uno, y la movilidad territorial de la guerrilla, que es como el agua para el pez, era cosa del pasado. De los costos más visibles del AF mucho se hablado. Por ejemplo, de haber “contratado” con un actor armado, y no con los estamentos civiles y políticos de la sociedad colombiana, el modelo de desarrollo rural; o de haber alegremente desmantelado la Constitución adicionándole un segundo y farragoso tomo que en buena parte la contradice.

Sin embargo, con mucho talento y la diligente cooperación del Gobierno, las Farc están ‘optimizando‘ lo mucho que han ganado por la vía del proceso de implementación. ¡Parece que hubieran estudiado en Harvard!

Las doctrinas modernas sobre el derecho penal postulan la responsabilidad en última instancia de quienes dirigen grupos armados de naturaleza jerárquica. Esa tesis aplica a los comandantes de los cuerpos armados del Estado pero, de igual manera, a los cabecillas de los movimientos que pretenden derrocar el orden imperante. Pues bien: en la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para La Paz se definieron reglas para la imputación de responsabilidad por línea de mando a los superiores jerárquicos de nuestra fuerza pública.

Sin embargo, se olvidó disponer lo mismo para los dirigentes de la subversión. Por lo tanto, Timo, Márquez, Santrich y, en general, el combo negociador en La Habana, no respondería por los actos de sus subalternos. Menos mal que grupos de estudio rigurosos, tales como “Mejor No”, pusieron el grito en el cielo, o sea en la Corte. El escándalo fue útil; el Gobierno anda buscando que el Congreso, al que hizo equivocar, enmiende la plana.

Les pido que consideren esta otra genialidad de las Farc. Ha propuesto el Gobierno, de acuerdo con ellas, reformar la Constitución para prohibir la creación de grupos armados ilegales; el texto hace expresa mención de paramilitares y autodefensas. La increíble omisión de grupos guerrilleros generó la intervención airada y eficaz de la Representante Claras Rojas –una víctima emblemática de las Farc- para intentar corregir este dispárate.

Pero aún con esta enmienda, la iniciativa constituye un precedente gravísimo. En efecto: la Constitución ya prohíbe el porte ilegal de armas; de modo que prohibir de nuevo lo ya prohibido cumple un propósito político fundamental: legitimar, de manera retroactiva, el alzamiento armado de las Farc. Si hay que decir que, de ahora en adelante, la organización de guerrillas es ilegal, es porque, implícitamente, antes no lo era. ¿Me siguen?

Esta es parte de una estrategia muy bien concebida que contiene varias líneas de acción. En las contribuciones realizadas por los ‘historiadores‘ designados por las Farc, que participaron en la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, se elaboró, con fondos fiscales, un relato clarísimo: la legitimidad del alzamiento del ‘Pueblo‘ contra una élite opresora. En buena parte para fortalecer este enfoque se pondrá a funcionar la Comisión de la Verdad. Se requiere un amplio debate sobre su conveniencia y riesgos. Temo que puede reactivar el conflicto y hacerle un daño adicional al ‘fallido‘ Estado colombiano.

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