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Opinión

  • | 2011/06/04 00:00

    Partir en dos la historia

    La raíz del problema consiste en que en Colombia el Estado no está al servicio del Estado mismo, sino al servicio de los particulares.

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Hay temas para la burla. Lo de los Verdes, que después de haber levantado 'la ola' aquella han conseguido en un año quedar reducidos a solo cuatro gatos; y están peleando entre sí los cuatro gatos. Lo del Polo, que va por el mismo camino del suicidio colectivo, con la corrupción añadida. Lo del expresidente Uribe, que ya da incluso lástima: lo han traicionado tanto y tantos que hoy ya ni siquiera es capaz de imponer un
candidato para la Alcaldía de Medellín. Pero hay también temas serios: la ley de víctimas y restitución de tierras, y el milagro de que haya sido aprobada en el Congreso.

Es insuficiente, desde luego. No sirve para llevar a cabo la verdadera reforma agraria que necesita Colombia desde hace generaciones (sin olvidar que toda la tierra aquí es robada, desde 1492 por lo menos); pero al menos sirve (y no es poco) para desmontar la contrarreforma agraria que hicieron en las últimas tres décadas los narcos y los paras al expoliar dos millones de hectáreas y obligar a los campesinos a abandonar cuatro millones más, según las cifras del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. No exagera demasiado el ministro cuando afirma que la aplicación de esa ley "partirá en dos la historia de Colombia".

La aplicación: ese es el meollo del asunto. Porque lo propio de las leyes es que, una vez aprobadas y publicadas, hay que cumplirlas. Las hay que se cumplen solas, por su propio peso: son justamente aquellas que están mal hechas. Un ejemplo es la Ley 100 de la salud, que la puso entera en manos de sus aprovechadotes con las previsibles consecuencias nefastas que ahora están reventando: que no hay salud, y que a la vez su inexistencia cuesta billones de pesos. Esa ley funcionó sola, guiada por la perversa "mano invisible del mercado" que defienden con entusiasmo los neoliberales. Pero una ley que va en el sentido de hacer justicia, como es el caso de la de víctimas y tierras, requiere la receta contraria: la de la intervención activa del Estado, tanto para imponer su aplicación sobre los intereses afectados, los de los expoliadores, como para proteger a sus beneficiarios. Y eso es lo que, por ahora, no va bien: ya son cincuenta los asesinados por reclamar sus tierras.

Y la ineficiencia del Estado no solo se refleja por defecto en su incapacidad para defender a los reclamantes, sino también, por exceso, en su manejo directo de las tierras ya recuperadas. Porque es "gravísimo", como denuncia el ministro Restrepo, que la Dirección de Estupefacientes haya "maladministrado 500.000 hectáreas de las mejores tierras del país y 75.000 bienes incautados al narcotráfico". Pero es gravísimo precisamente porque la Dirección de Estupefacientes no es un engendro venido del espacio exterior, sino una agencia del Estado colombiano.

Pues la raíz del problema consiste en que en Colombia el Estado no está al servicio del Estado mismo, sino al servicio de los particulares. Independientemente de quiénes sean esos particulares, de si son "buenos" o de si "malos". Lo malo, es justamente, que sean particulares.

Así lo muestra el caso de la salud. Pero también, y más clamorosamente todavía, el caso de la tierra. Las bandas criminales que despojaron a los campesinos y los enviaron por millones a pedir limosna en los semáforos de las ciudades son las autodefensas paramilitares que surgieron con la justificación de que el Estado no garantizaba la seguridad en los campos: son los ejércitos privados al servicio de narcos, o de políticos, o de terratenientes tradicionales, o de empresas petroleras o mineras o bananeras. Porque se privatizó la seguridad, para quien podía pagarla. Dice el ministro Restrepo que con la ley de víctimas y tierras se está interviniendo "en una situación de impunidad que llevaba no menos de un cuarto de siglo". Y no es coincidencia que ese cuarto de siglo coincida con el imperio sin trabas del neoliberalismo, que se inició aquí con la alegre "apertura" del gobierno de César Gaviria continuada con entusiasmo por todos sus sucesores.

Si el de Juan Manuel Santos consigue poner el Estado al servicio del Estado, así sea solo en lo referido a la ley de víctimas y tierras, será acertada la frase en apariencia megalomaníaca del ministro Restrepo: se habrá partido en dos la historia de Colombia.
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