Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/09/17 17:11

Pasos de animal grande

La expresión “se oyen pasos de animal grande” se usa para denotar que algo importante podría encontrarse próximo a suceder; en este caso, la firma de un acuerdo con las FARC.

Pasos de animal grande Foto: Archivo SEMANA

La expresión “se oyen pasos de animal grande” se usa para denotar que algo importante podría encontrarse próximo a suceder; en este caso, la firma de un acuerdo con las FARC. Para procurar la adopción expedita de las normas que se requieran, el Gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional cuyo análisis se acometerá enseguida.

Igualmente, para cumplir el compromiso de darnos a los ciudadanos la potestad de tomar las decisiones finales, se ha introducido por el senador Barreras un proyecto de enmienda a la carta para regular un plebiscito de paz de diferente manera a como hoy está previsto; lo comentaré en futura columna. Pero desde ya cabe decir que sorprende esta división de tareas. No suena lógico que el diligente parlamentario sea, apenas, un “espontáneo” que se lanza al ruedo corriendo él solo los costos políticos si la propuesta no vuela. Mejor habría sido que ambas propuestas fueran del Gobierno.

La primera de estas iniciativas contiene dos secciones. Una para modificar, de modo transitorio aunque profundo, las reglas que debe seguir el Congreso para expedir normas; la otra busca otorgar facultades extraordinarias al presidente para implementar el eventual acuerdo de paz mediante decretos con fuerza de ley.

Lejos estamos, pues, de la idea según la cual el objetivo consiste en que un Estado que goza de legitimidad democrática negocie con un grupo alzado en armas condiciones para que se reintegre a la sociedad y pueda hacer política bajo las reglas a las que estamos sometidos los demás ciudadanos. Debilitada esa asimetría fundamental, ahora transitamos en el filo de la navaja hacía lo que las FARC siempre han buscado: “la refundación de la patria”. Anhelo equivocarme.

Eliminar instancias y términos en el proceso parlamentario para “agilizar… la implementación del Acuerdo Final”, es propuesta que llama la atención. Las normas vigentes, de hondo arraigo histórico, son las que se usan en la generalidad de las democracias. Me refiero a la dualidad de cámaras legislativas, a la pluralidad de debates en cada una de ellas, a los tiempos que deben mediar entre la preclusión de una fase y la apertura de la siguiente, a las reglas sobre quorum y mayorías.

Los enemigos de la iniciativa dirán que la tarea de los parlamentos es ponderar con rigor las iniciativas que se le lleven, lo cual implica, para que la tarea quede bien hecha, tiempo, no celeridad. Que el Congreso no es una fábrica, que requiere eficiencia, sino el más alto foro de los representantes del pueblo soberano. Más aún si se trata, como lo pregona el Gobierno, de poner fin a “una guerra civil de más de cincuenta años”. Desde la orilla opuesta habrá de notarse que el Congreso entraría a operar bajo esas reglas excepcionales y transitorias una vez se haya satisfecho el requisito de refrendación popular del acuerdo con la guerrilla; por este motivo, la simplificación de la instancia congresional tiene sentido.

No es fácil vaticinar qué sucederá. Ardua tarea la de convencer a los congresistas de que se despojen de potestades que hoy tienen; hacerlo sería, como lo dijo un ilustre intelectual de un país vecino, un “autosuicidio”. Pero si las mayorías funcionan, el Gobierno saldría adelante y la disputa se trasladaría a la Corte Constitucional.

Mi impresión es que la Corte le dará luz verde al Gobierno, quizás con dos notables excepciones. Veamos:

Se pretende que “las cámaras sólo podrán improbar los proyectos”. Por lo tanto, “…si no ha habido aprobación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos según el caso, con las modificaciones que se hayan introducido en el primer debate”. Esto equivale a decir que las iniciativas del Gobierno en las plenarias de Senado y Cámara quedarían aprobadas, no porque estas las hayan respaldado, sino por ausencia de mayorías absolutas para negarlas. Grave esta mutilación de funciones en la cúspide del Estado.

De otro lado, se nos presenta una iniciativa difícil de digerir: “El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará sólo por vicios de procedimiento en su formación”. En multitud de fallos la Corte ha dicho que como su deber consiste en “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, debe velar porque sus reformas sean congruentes con los valores que la inspiran y la institucionalidad democrática. Si esta propuesta es aprobada en las cámaras, puede perecer en el examen constitucional.

El otro tema, como ya dije, es el de las facultades extraordinarias al presidente “para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final”. Bajo las reglas actuales, que en este aspecto hacen parte de la tradición constitucional de Colombia, las facultades legislativas del presidente solo pueden concederse caso por caso y bajo precisas condiciones. Esos elevados grados de autonomía legislativa pueden entenderse como contrarios a la separación de poderes entre el Congreso y el Presidente.  

Aquí los dejo. Nos veremos para discutir la propuesta de plebiscito.

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