Miércoles, 22 de febrero de 2017

| 2016/10/22 20:38

Acuerdos con las FARC están en marcha

El Presidente Santos expidió el decreto que permite avanzar en la movilización de los guerrilleros hacia las zonas de concentración, acordadas en la Habana. ¿De qué se trata?

Pedro Medellín Torres. Foto: Semana

Para quienes clamaban poner en marcha los acuerdos suscritos con las FARC, este viernes han tenido una buena noticia: el Presidente Santos expidió el decreto que permite avanzar en la movilización de los guerrilleros hacia las zonas de concentración, acordadas en la Habana.

No se trata de que el Presidente haya decidido ganar tiempo mientras se ajusta el Acuerdo Final con las FARC en la Habana. Se trata, en realidad de comenzar a dar desarrollo a los acuerdos especiales que han surgido de las negociaciones entre el gobierno y esa organización guerrillera. Es decir, los acuerdos en que las partes han establecido obligaciones que, además de favorecer la creación de condiciones para terminar (o por lo menos humanizar) el conflicto armado, buscan proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades (incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por cualquier causa).

En este sentido, en los acuerdos de la Habana se han suscrito, en su interior, comprenden cuatro acuerdos, que verdaderamente tienen un carácter de acuerdos especiales, en los términos estrictos de los que trata el artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra:

1) El acuerdo en el que se ha decidido un Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, y dejación de armas y Garantías de Seguridad, suscrito el 23 de junio de 2016. Es el acuerdo base con el que no sólo se marca el inicio formal hacia el fin del conflicto armado, sino que se confieren garantías jurídicas e institucionales para que los guerrilleros de las FARC se acojan a la jurisdicción especial de paz;

2) El acuerdo en que se pone fin al reclutamiento de menores de 18 años, anunciado el 10 de febrero de 2016, anunciado “en aras de avanzar lo más rápidamente posible hacia el fin del conflicto armado” y que ya en septiembre del mismo año se produjo una primera entrega a la Cruz Roja de 13 menores vinculados a la acción armada de las FARC;

3) El Acuerdo de limpieza y descontaminación de minas antipersonas y artefactos explosivos, alcanzado el 7 de marzo de 2016, con el que se hace explicita la disposición y necesidad de evitar que sigan produciéndose muertos y heridos a causa del conflicto armado;

4) El acuerdo entre el gobierno y las FARC en los protocolos para la desmovilización y el desarme, suscrito en Agosto de 2016 y en el que se establecen los “criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública y el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) durante el cese al fuego y la dejación de las armas".

Es evidente que estos Acuerdos Especiales, por su naturaleza, no fueron afectados por los resultados del Plebiscito del 2 de Octubre, toda vez que no necesitan ser refrendados, no pueden ser modificados, y tienen vigencia inmediata en aplicación del art. 93 de la Constitución Política. Están comprendidos dentro de los tratados y convenios internacionales suscritos por el gobierno y ratificados por el Congreso, en términos de “que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. En los asuntos relacionados con estos cuatro acuerdos, el gobierno debería continuar expidiendo las normas requeridas para la implementación de cada una de las materias requeridas.

En este contexto, los ajustes en el Acuerdo Final, a partir del cual se elabore el Nuevo Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado con las FARC, no requerirá de una nueva refrendación por parte de los colombianos. Jurídica e institucionalmente estos cuatro acuerdos contienen la base que sustenta toda la negociación de la Habana.

Queda un camino difícil. Pero no tan traumático como podría considerarse, pues solo resta hacer los ajustes y aclaraciones que se requieran particularmente en lo relacionado con la jurisdicción especial de paz en asuntos tales como la articulación con la justicia ordinaria, el establecimiento de las instancias para la resolución de controversias que resulten en la nueva jurisdicción, la vigencia del principio de responsabilidad de mando establecido en el Artículo 28 del Tratado de Roma y el esclarecimiento de lo que significa “restricción de libertades” en términos de lo establecido en el Art. 77 del Tratado de Roma, acogida en el punto 4.9.2 de la Sentencia C-578 de 2002 de la Corte Constitucional, en la revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002, “por medio de la cual se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de Julio de 1998.

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