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Opinión

  • | 2016/11/26 14:52

    Cuando los militares dijeron ¡¡No!!

    Sin que mediara una “consulta” a las FARC, el Gobierno tuvo que cumplir con suprimir el párrafo que tanto molestó a los militares.

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Nunca los militares habían dado un manotazo tan fuerte como ahora. Ni siquiera cuando Landazabal le hizo sentir ese “pequeño” golpe de Estado a Belisario, por sus negociaciones con las FARC. Esta vez no fue el Ministro, los que hablaban eran los del estamento en pleno. Y con fuertes expresiones al Presidente le plantearon, palabras mas o palabras menos, que tal como estaban las cosas, no habría firma de Acuerdo. Ante semejante parada, el gobierno tuvo que correr. Sin decir que lo iban a consultar con las FARC, se comprometió a cambiar el texto que unas horas atrás habían decretado como inmodificable. Los militares estaban molestos de verdad.

En una comunicación al Presidente Santos, afirmaban que no entendían cómo les cambiaban las reglas de juego, después de una reunión el 9 de Noviembre en la que el propio presidente les había dicho no sólo dijo que los asuntos de carácter militar y policial “bajo ninguna circunstancia han sido o serían motivo de discusión o negociación, en el proceso que se adelanta con las FARC”. Y además que el interés de su gobierno era el de otorgar “los máximos beneficios con plenas garantías de seguridad jurídica a nuestros militares y policías”.  Es decir, no entendían cómo es que al conocer los textos de los nuevos acuerdos, “fuimos sorprendidos con inesperadas modificaciones realizadas con respecto al tratamiento especial que se nos había anunciado”.

La molestia era mayor porque, además de comprometerse a aceptar “unas recomendaciones formuladas por ACORE” (que reúne a los policías y militares en retiro), el gobierno le solicitó a los miembros de la mesa de trabajo que hicieran una declaración en medios de comunicación en la que afirmaban que “la justicia transicional constituía en el momento, la mejor opción para resolver la situación jurídica de militares y policías….” . Todo sumado a la que se considero imprudente declaración del Ministro de Defensa en la que trataba de mostrar una división entre los militares retirados y los que estaban en servicio.  

La preocupación mayor estaba en la introducción de un párrafo que definía el concepto (y alcances) de “control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos”, en el numeral 44 del nuevo Acuerdo (p. 152) en los términos de lo establecido en el Artículo 28 del Tratado de Roma. Esto significaba, que el principio de “responsabilidad de mando”, que la justicia internacional aplicaba para castigar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, se cumplía para los miembros de la fuerza pública, pero no para la guerrilla de las FARC.

El 17 de noviembre, se convocó una reunión extraordinaria entre los miembros de la mesa de trabajo de las asociaciones de militares y policías en retiro, y los asesores jurídicos del gobierno, para apaciguar los ánimos. Sin embargo, la reunión termina “sin lograr suficiente claridad respecto a la grave e intranquila situación que se presenta”. Sus preocupaciones seguían en torno al párrafo adicionado, al papel de las ONGs en los procesos de la Justicia Especial de Paz, y el mantenimiento de las garantías judiciales y el debido proceso.

El cierre de la comunicación al Presidente era contundente: “… Consideramos inadmisible, que las inexplicables y tendenciosas modificaciones a que hemos hecho referencia, se hayan producido en contra de lo que usted ha venido anunciando repetidamente respecto a beneficios y seguridad jurídica para nuestros militares y policías. A nuestro parecer, todo ha ocurrido a espaldas del mismo Ministerio de la Defensa y del alto mando militar y policial”.

La semana que comenzó el 21 de noviembre todo era confusión. Una entrevista radial a Sergio Jaramillo, que trataba de minimizar la situación, reflejaba cuan desbordado estaba el gobierno por la reacción de los militares. Y mientras el Ministro de Defensa, decía que todo se debía a un “mico” que no se sabe quien había introducido en los acuerdos, los colombianos esperaban con preocupación la reunión del Presidente Santos con el General Mora.  

Sin que mediara una “consulta” a las FARC, el gobierno tuvo que cumplir con suprimir el párrafo que tanto molestó a los militares. El manotazo sobre la mesa tuvo que ser tan fuerte que ni el gobierno, ni las FARC, pudieron reaccionar. Uno y otro quedaron notificados. El estamento armado fue claro: si se trata de que unos y otros reemprendan el camino, pues más vale que no se trate de meter “micos” que hagan mover la balanza hacia un lado o hacia el otro.   

El Acuerdo se firmó, pero quedaron las marcas del frenazo en el camino. La supresión del párrafo no resuelve la inseguridad jurídica para los militares. El problema es de mucho más fondo. En la implementación de la Justicia Especial de Paz, se verá como se mueven las cargas.  

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